Gobierno viola derechos de pueblos indígenas y organiza la toma de la CIDOB
Con total desparpajo, algunos funcionarios de gobierno y asambleístas del oficialismo, se han lanzado a la opinión pública para afirmar que no existe violación a los derechos humanos en Bolivia.
El jefe de la OEA «está consciente de la vulneración de derechos en Bolivia” y se compromete a mediar
Dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAQ), de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y de la IX Marcha Indígena se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza y le demostraron que el gobierno de Bolivia vulnera los derechos humanos e indígenas.
¿Fortalecimiento al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
En el marco de la 42 Asamblea de la OEA – 3 al 5 de junio, Cochabamba, Bolivia – se ha propuesto una resolución de los Estados miembros para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir las tareas de la Comisión y la Corte de Derechos Humanos.
Los derechos de los pueblos indígenas: esperanzas, logros y reclamos
A lo largo de la historia de las grandes migraciones humanas desde su origen en África meridional, los pueblos se fueron separando pero también volvían a hacer contactos y a encontrarse. Así, algunos grupos se caracterizan por una milenaria ocupación continua del territorio, mientras que la de otros es más reciente.
La consulta en serio
En febrero de este año 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos ha publicado Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay. La directriz principal es la de que se conozca y respete el derecho a la libre determinación de esos pueblos y por ende su voluntad de mantenerse en aislamiento, lo que ante todo significa que el Estado debe abstenerse de introducir en sus territorios e impedir que otros se introduzcan.
El estado de los derechos humanos en Bolivia
Las tensiones sociales aumentaron en 2011, en medio de reiteradas protestas por cuestiones económicas y derechos indígenas. Preocupa la escasa representación de los pueblos indígenas, el inadecuado acceso a la justicia y la falta de claridad en cuanto a los mecanismos de la nueva Ley de Deslinde Jurisdiccional, dice Amnistía Internacional en su informe sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia de 2012.
IX Marcha Indígena: El gobierno de Evo premia al represor de Chaparina
El gobierno de Evo Morales encubre a los autores intelectuales de la brutal intervención policial a VIII Marcha Indígena de 2011 y para colmo premia a uno de los represores de Chaparina nombrándolo comandante general de la Policía boliviana, ratificando de esta manera su “carácter represor y anti-indigenista”, deploran los dirigentes de la IX Marcha Indígena.
Tipnis: símbolo de contradicciones entre orden constitucional y políticas públicas en Bolivia
Bartolomé Clavero, reconocido jurista internacional y actual miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, formula duras críticas a la forma cómo el gobierno encara el proceso de consulta previa en el Tipnis. Vino a Bolivia entre el 17 y el 23 de abril, invitado a un evento auspiciado por el Sistema Plurinacional de Comunicación Indígena Originario Campesino Intercultural que integran las organizaciones que formaron el Pacto de Unidad.
Sobre el Informe de Derechos Humanos – Ecuador 2011
Desde 2008 se han abierto 41 procesos jurídicos, 31 penales y nueve administrativos, contra 199 defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador. Ante las críticas gubernamentales al “Informe sobre derechos humanos – Ecuador 2011”, publicado por el Programa Andino de Derechos Humanos (PADH) de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) manifiesta lo siguiente:
El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando progresista latinoamericano
Los gobiernos progresistas de Latinoamérica mantienen una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al tiempo que fomentan la expansión del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa, pero en la práctica desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital.