Sin duda,  con ese tipo de declaraciones pretenden soslayar su responsabilidad  en la sistemática  violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.  La propaganda oficialista y las afirmaciones de sus voceros, no pueden minimizar los flagrantes atentados contra el territorio, los recursos naturales y, contra la misma existencia de los indígenas dentro de sus TCOs.  Tampoco pueden borrar la fatídica jornada del 25 de septiembre de 2011, cuando la represión policial ordenada desde las más altas esferas del Estado, atentó contra su dignidad y su vida.

En el origen de esa sistemática violación de derechos, está el desconocimiento al derecho de consulta libre, previa e informada sobre proyectos o medidas administrativas y legislativas susceptibles de afectar sus intereses según lo establece la Constitución y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Excluidas de las decisiones que las afectarán directamente, las comunidades indígenas se han visto obligadas a movilizarse para denunciar y exigir la reparación de sus derechos.  Dos sucesivas marchas pacíficas, son la manifestación de la protesta indígena reclamando por sus derechos  vulnerados.

La marcha se ha constituido en una forma tradicional de manifestación y protesta de los pueblos indígenas.  Sólo exige su propio sacrificio.  No causa perjuicio a nadie, no bloquea, no agrede, no insulta, simplemente convoca a  toda la familia indígena para protestar ante el gobierno y  los legisladores y exigir que escuchen sus demandas y den solución a sus reclamos.

La protesta pacífica de los pueblos indígenas, es respondida con acción policial violenta, con agresión verbal de los voceros oficiales, con campañas mediáticas que tergiversan la realidad de las comunidades indígenas, con desconocimiento de sus organizaciones representativas, con abierta manipulación de algunas dirigencias, con financiamiento gubernamental para constituir organizaciones paralelas y desconocer a las autoridades legítimas,intentos de desintegración de la cohesión de las comunidades indígenas a través de convenios con líderes comunales coaccionados por la presión oficialista.

La arremetida del gobierno para quebrar al movimiento indígena es incesante y todo hace ver que tiene como objetivo dar un golpe a la institucionalidad de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).  

Como símbolo de la derrota que pretende infligir al movimiento indígena, el gobierno ha exigido la cabeza de Adolfo Chávez y para cumplir con su cometido ha recurrido a algunos dirigentes serviles al régimen, para convocar a una reunión nacional del organismo matriz de los pueblos indígenas.  El operador de este cometido es el presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Rosendo Alpire.

La CIDOB fue también tomada en las dramáticas jornadas de septiembre de 2008 por quienes la identificaban como un peligro para consumar sus propósitos de desestabilización de la democracia y del proceso de cambio.  Esas son las paradojas de la actual coyuntura.

La Casa Grande de los indígenas simboliza la incesante lucha por los derechos humanos y de los pueblos indígenas, ninguna estrategia gubernamental para ponerla al servicio de intereses ajenos a esa lucha tiene posibilidades de éxito.

La CIDOB, ha mantenido intacta su independencia política y se ha resistido a los métodos de cooptación del gobierno.  Su fortaleza es la legitimidad y representatividad otorgada por las bases a cada uno de los y las dirigentes que ocupan las diversas carteras de su estructura orgánica. 

Los operadores del gobierno, que desconocen la dinámica de funcionamiento de la CIDOB, se equivocan de inicio.  Convocan a un “ampliado”, una instancia de deliberación que no corresponde a los usos y costumbres de la matriz indígena que, por el contrario, tiene en el Gran Consejo Indígena el espacio para la deliberación, la evaluación y la toma de decisiones.

Pero además, los Estatutos de la CIDOB y las diferentes regionales que la integran, definen con meridiana claridad que no se puede convocar a ningún tipo de comisiones nacionales o reuniones de ningún tipo, en plena movilización en defensa de los derechos indígenas, ya que en situaciones de emergencia la máxima autoridad recae en las bases movilizadas, en este momento, en  la columna de la IX Marcha Indígena Originaria.

Para abundar en mayores detalles es bueno destacar que los dirigentes de  las regionales que firman la convocatoria al supuesto “ampliado nacional”, no son los legítimos representantes y no cuentan con el respaldo de sus bases. En el caso de la CIRABO, firma el supuesto vicepresidente que ya fue desconocido por su pueblo, por la CIPOAP firma el presidente que ya cesó en sus funciones.   Un dirigente que no cuenta con el apoyo de sus bases, se atribuye la representación de la CPESC, mientras que por el COPNAG pone la firma otro dirigente que fue desconocido por sus bases.  Las transgresiones orgánicas llegan al extremo de incluir en la convocatoria a representantes de CONISUR.

Y no deja de ser importante, preguntarse cómo se esta financiando el “ampliado nacional” que tiene como objetivo consumar un golpe a la CIDOB, pues se sabe que las regionales no cuentan con recursos para trasladarse de sus lugares de origen a Santa Cruz.

Estas son los métodos que se utilizan para violentar los derechos indígenas.  Lo han hecho antes y pretenden hacerlo nuevamente ahora que niños, niñas, ancianos, jóvenes, mujeres y hombres que protagonizan la IX Marcha Indígena Originaria avanzan a paso firme hacia la sede de gobierno.

Aparecen los voceros oficiales ante los medios de comunicación pretendiendo habilitar a interlocutores supuestamente válidos para dialogar, desconociendo a las autoridades indígenas o al Comité de la IX Marcha Indígena Originaria que toma determinaciones democráticas y con la participación de todos los marchistas que en la coyuntura actual se constituye en la máxima autoridad de los pueblos indígenas.

Cuando los derechos expresamente señalados en la Constitución Política del Estado, el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos indígenas no son garantizados y cumplidos por el Estado, se comete  violación a los derechos humanos por acción u omisión, y quienes incurren en tal transgresión son pasibles a procesos y sanciones.

Las regionales CIPOAP, CIRABO, ORKAWETA, CPIB, CNAMIB, GCTCH, APG, CPILAP, COPNAG, CPITCO, CMIB, OICH,  representados por sus dirigentes y por sus bases dentro de la columna de la IX  Marcha Indígena Originaria, así como el CONAMAQ y otros hermanos y hermanas que apoyan la lucha por un territorio libre y digno, no retrocederán en su objetivo de hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas.