A mediados del mes de  enero de 2013, un grupo de hombres, mujeres y niños, campesinos e indígenas de las comunidades de Retorno y San Luis fueron golpeados, maniatados, secuestrados, ultrajados, insultados y amenazados de muerte por sicarios encapuchados armados enviados por barraqueros vecinos con el objeto de expulsarlos del territorio que ocupaban donde estaban recolectando castaña amazónica. Este hecho ocurrió en las inmediaciones de las comunidades indígenas-campesinas de Retorno y San Luis, ubicadas en el Municipio amazónico de San Lorenzo, Dpto. de Pando. El agravante de esta flagrante violación de los Derechos Humanos fue que las víctimas fueron en busca de justicia a Riberalta, Municipio vecino del Beni, y se encontraron que ni fiscales, ni jueces, ni la policía, ni los medios de comunicación  brindaron la asistencia necesaria y la protección correspondiente quedando en una total indefensión e impunidad. Los acontecimientos no fueron difundidos por los medios locales ni corresponsales de la región ocultando la verdad. La única información pública que circuló fue que indígenas y campesinos se habían enfrentado por disputas de las estradas castañeras (nuez amazónica) lo cual era absolutamente falso encubriendo a los verdaderos mandantes de la violencia criminal y la causa principal que es el acaparamiento o concentración de tierras y territorios ancestrales por parte de terratenientes privados que se los denominan barraqueros en la región. El territorio donde  están asentados, desde hace varios años,  los campesinos e indígenas de las comunidades de Retorno y San Luis, son bosques donde recolectan castaña amazónica  y que antes del saneamiento de tierras eran latifundios que fueron  abandonados y  ahora (durante la zafra de la castaña) reclamados por empresarios barraqueros que exigen la aplicación del Decreto Supremo N° 27572.

En protesta y para ser atendidos a los agredidos nos les quedó otra alternativa que bloquear por 10 días (del 21 al 31 de enero) la carretera troncal que une Cobija con Riberalta a la altura de la localidad de Nanawa, cerca de Puerto Copacabana, ubicado a 300 kilómetros de la capital Cobija. Finalmente una comisión encabezada por el Gobernador del Departamento de Pando, Luis Flores, acompañado con dirigentes de la CIPOAP (Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia Pandina), FSUTCP-RMD (Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando-Regional Madre de Dios y un Fiscal, dialogaron por varias horas hasta llegar a un acuerdo que en lo central dispone conformar una comisión que redacte una propuesta de modificación del Decreto Supremo Nº 27572 (conocido como Decreto Barraquero) que está incorporado legalmente en la reglamentación de la Ley 3545 (Modificación de la Ley 1715  Reconducción de la Reforma Agraria) del 28 de Noviembre del 2006. 

El Decreto Supremo N° 27572 fue incorporado de manera inconsulta por el ex  Viceministro de Tierras Alfonso Almaraz durante la administración del MÁS. Lo que no habían conseguido en gobiernos neoliberales lograron incorporar en la normativa agraria en la actual gestión de gobierno.  El Decreto en su esencia otorga derechos de explotación de recursos no maderables a terratenientes (barraqueros) en tierras fiscales no disponibles.  La propuesta de modificación al mencionado Decreto deberá ser elevada a la Asamblea Plurinacional de Bolivia para resolver el problema de las tierras fiscales no disponibles asignadas en concesión a empresarios castañeros. Pese a que el actual Gobernador de Pando se comprometió a gestionar una nueva ley modificatoria del Decreto Barraquero está por verse la reacción de este sector y su influencia con el gobierno de turno.

Este nuevo hecho de violencia reaccionaria sigue desnudando las contradicciones de la política agraria del Estado Plurinacional en la Amazonia. El  Saneamiento de Tierras ha concluido en el Departamento de Pando, pero la violencia continúa porque el problema de la tierra, el territorio y el acceso equitativo a los recursos del bosque no han sido resueltos. Se han titulado comunidades campesinas y otras están en proceso de titulación, además se han titulado Territorios Comunitarios de Origen, pero una gran cantidad de tierras fiscales han quedado en manos de empresarios madereros bajo Concesiones Forestales Maderables y en manos de empresarios castañeros (barraqueros) denominadas Concesiones Forestales no Maderables. Estos últimos  pueden extraer castaña amazónica  y otros productos no maderables con un plan de manejo.

Ante la llegada de forma permanente de  colonizadores de occidente y cocaleros bajo la estrategia hormiga (familia por familia); ante la distribución de  tierras a extranjeros asentados en la frontera con Brasil trasladados a 50 kilómetros de la frontera con el apoyo financiero del programa de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones); los zafreros y  las nuevas generaciones de campesinos e indígenas  tienen su propia estrategia de ocupación de sus territorios ancestrales que actualmente son tierras fiscales bajo la modalidad de Concesiones Forestales Maderables bajo la normativa de la Ley Forestal (1700) y su Reglamento y las Concesiones No Maderables normados por el Decreto Barraquero N°  27572 incorporado en la Reglamentación de  la ley 3545 de Reconducción Comunitaria.

La lógica de zafreros, campesinos e indígenas es: “-si el gobierno está promoviendo y programando asentamientos masivos de colonos y cocaleros, además de extranjeros, en el bosque del norte amazónico, nosotros que somos del lugar (Zafreros y nuevas generaciones de campesinos e indígenas) tenemos derecho a la tierra y el territorio y por tanto vamos a ocuparlas-”

En este sentido, se puede interpretar que el Estado está dotando tierras a personas que no son del lugar y a la vez se les niega la tierra a los amazónicos nacidos en estas tierras, bajo el argumento de que son tierras fiscales no disponibles. No son disponibles para los nacidos en la región amazónica pero hay tierras disponibles para colonizadores de occidente y extranjeros. Esta contradicción es la que está generando una ocupación desordenada y acelerada en tierras pretendidas por barraqueros y madereros; ahí nace la violencia en contra de campesinos e indígenas, especialmente en época de zafra castañera.

El Estado Plurinacional y sus instituciones agraria y forestal no están comprendiendo la realidad agraria-forestal y las dinámicas migratorias de los actores recolectores de los recursos del bosque en el norte amazónico. Porque si comprendieran esta realidad o si se preocuparan un poco más de las bases sociales indígenas y campesinos que sustentan este gobierno en las tierras bajas, ya hubieran tomado la decisión, hace varios años, de otorgar en Concesión Forestal no Maderables a los zafreros, campesinos e indígenas  todas las áreas de las Concesiones Forestales Maderables que alcanzan aproximadamente a un millón de hectáreas.  Es decir, que en una misma área puede haber dos tipos de concesiones una maderable y otra no maderable. No quiero decir con esto que las concesiones maderables deban continuar con los mismos actores, pues existen razones y argumentos suficientes para eliminar todas estas concesiones y proponer un nuevo régimen forestal en la nueva Ley de Bosques que está en debate.

Una norma otorgando estas concesiones aproximadamente a 15 mil zafreros castañeros y a las nuevas generaciones de campesinos sin tierra resolvería el problema de la disputa por espacios de explotación de la castaña amazónica y el acceso a los recursos del bosque sería más equitativo. No es necesario obligar a zafreros y campesinos a seguir creando comunidades forzándolos a vivir en el lugar todo el año, desmontar o desforestar monte virgen para hacer chaco agrícola y cumplir la función social como establece la normativa del régimen agrario. Porque sencillamente la cultura y la identidad del hombre y la mujer amazónica es de doble residencia. Durante 4 a 5 meses (Noviembre a marzo) es recolector de castaña y después vuelve a la ciudad para que sus hijos sigan estudiando y cambia de ocupación laboral como estrategia de sobrevivencia.

Por otra parte, nace la pregunta de ¿Por qué algunos terratenientes aparecen con nuevos bríos de violencia después de los sucesos ocurridos en Porvenir en contra de indefensos campesinos en Septiembre de 2008? Parte de la respuesta es que sectores del partido de gobierno en su afán de lograr hegemonía, en tierras bajas,  impone la lógica de que el “fin justifica los medios” y pacta con los viejos actores terratenientes de la región que siguen teniendo poder político y económico e influencia y dominio sobre el Sistema Judicial, sobre la Policía y medios de comunicación que negaron su apoyo a las víctimas de violencia de las comunidades de “El Retorno y San Luis”. Existen otros pactos conscientes o deliberados hasta ingenuos con autoridades y funcionarios de varios municipios, de la Gobernación y entidades descentralizadas que fueron responsables directa o indirectamente de la violencia contra campesinos en las jornadas violentas del 2008 y que ahora gozan de la confianza y  el apoyo de los operadores políticos del gobierno en el Norte Amazónico. Es decir, si los verdugos de ayer, hoy son aliados del gobierno y continúa la impunidad entonces la violencia será una historia que se repite.