La Constitución declara que este es un Estado democrático. ¿Qué quiere decir esa declaración? Que este país multiétnico, plurinacional, etc., se gobierna por la ley; no por el capricho, no por los impulsos, no por los exabruptos de sus autoridades.
La Constitución precisa que cuando se va a definir alguna obra o disposición administrativa que comprometa el territorio y el medio ambiente de los pueblos originarios, es obligación del Estado el hacer la consulta previa.
Esa consulta previa no se ha cumplido en el caso del TIPNIS. La empresa brasileña OAS comenzó a diseñar la obra en 2008 y el gobierno recién en 2011 está intentando hacer la consulta, pretendiendo limitarla a sus caprichos. El ministro de la Presidencia Carlos Romero dice que la consulta “no es vinculante”, pero si no es vinculante, ¿por qué la Constitución impone la consulta?
La CPE, que es la norma suprema, es de cumplimiento obligatorio; nadie puede excluirse ni excusarse de su cumplimiento. El gobierno sólo puede hacer lo que la ley le autoriza, ese es un principio esencial del derecho constitucional. Las personas, los ciudadanos, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíbe. Ese es el juego constitucional, las claves de una Constitución.
El Estado sólo puede hacer lo que la ley le permite, y la ley le obliga a la consulta previa. Sin embargo, el gobierno ha violado la ley y ha asumido determinaciones ilícitas.
A pesar de que hemos pedido reiteradamente, hasta ahora la Contraloría se niega a darnos información completa de todo el proceso de la licitación y contratación de la empresa OAS, encargada de la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS.
Tenemos que saber qué es lo que se ha hecho y cuál es el daño que se le haría a este Parque si se construye esa carretera. Sabemos que detrás del camino están los intereses de los inversores petroleros; y que ya están metidos los colonizadores. ¿A qué entran? A depredar, causando un daño irreparable.
El problema no es sólo de nuestro país, no es sólo de los pueblos del TIPNIS; es lo que ha proclamado el señor Presidente, es la defensa de la Madre Tierra, de la Pachamama.
¿Qué es la Amazonía? Por el Tratado de Iquitos, en el que han participado todos los gobiernos que tienen relación con la cuenca, la Amazonía es un tesoro que hay que cuidar, y eso tiene relación con la supervivencia del planeta, con la producción de oxígeno. La taiga rusa que es tan inmensa no alcanza a producir el volumen de oxígeno que produce la Amazonía.
Eso es lo que estamos protegiendo y por eso nos enfrentamos a las acciones ilícitas de los gobiernos de Bolivia y Brasil. Son los brasileros los más interesados en que se construya la carretera a través del TIPNIS, porque lo que ellos quieren es la interoceánica para sacar sus productos hacia Chile y hacia los puertos de Chile.
Denunciamos el tongo y el circo mediático en el cual se afirman y se desmienten las autoridades del gobierno, e incluso un embajador de Brasil que declara que está en suspenso el financiamiento para la construcción del tramo II de la carretera por el TIPNIS, pero y luego es desmentido por el periódico Página 7, que demuestra con fotografías y una relación pormenorizada de los hechos que la empresa OAS inició obras en ese tramo.
¿Por qué un embajador de Brasil tiene la osadía de venir a mentirnos? Y ahora con un gobierno que se dice que es de cambio, pero que no cambia nada, ¿qué acciones asume la cancillería? Ninguna.
Esta es la evidencia, esto constituye prueba plena de que quienes están obligados por mandato a respetar la ley, empezando por la CPE, burlan al país en un circo mediático de afirmaciones y mentiras en las que se desautorizan.
Yo pregunto a la gente: ¿por qué vamos a permitir que nos atraviese una interoceánica en beneficio de dos países que han sido agresores, que nos han quitado territorio, y uno de ellos, Chile, nos niega el acceso al mar? ¿Por qué nosotros les vamos a dar ingreso por nuestro territorio? ¿Por qué les vamos a financiar el diesel que ellos usan. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Nada. ¿Por qué vamos a permitir ese trato y que sigan manejándonos con el rigor de la injusticia desde hace siglos?
Ahora bien, ¿a qué se refiere nuestro emplazamiento a las autoridades del Estado Plurinacional? A que hay sucesivas declaraciones que están registradas por la prensa, donde aparecen ministros y organizaciones sociales que dicen que no van a permitir la marcha. Es decir, insinuaciones amenazadoras.
Por eso hacemos responsables a los que gobiernan en este país si se derrama una sola gota de sangre con motivo de la Marcha Indígena. ¿Por qué? Porque hemos visto y escuchado al Vicepresidente Álvaro García Linera explicar cuál es la composición y el esquema de poder que sustenta al régimen.
El Vicepresidente ha dicho que las organizaciones sociales afirman todo el poder político y son parte de ese poder. Es decir, nos da el esquema corporativo fascista del franquismo español en el que las corporaciones son parte del partido y del poder.
Eso significa que aquí en Bolivia las organizaciones sociales y las células del MAS, por decreto de arriba, vertical y autoritario, han sido incorporadas al esquema del poder del Estado.
Lo que afirma un jefe de Estado compromete la fe pública; es como si hiciera una declaración ante notario, y no puede desmentirse. Entonces, ¿qué significa esa declaración en materia penal?
De acuerdo a esa declaración, los jefes del Estado serán responsables de las acciones de las organizaciones y células del MAS que intervengan la Marcha Indígena. Y no se van a lavar las manos, porque sus declaraciones ya los han comprometido públicamente y son antecedente e indicio de lo que pueda suceder para determinar su responsabilidad, culpabilidad, tipo y antijuridicidad en materia penal.
No vamos a permanecer impasibles como sucedió en Huanuni, donde se permitió, pese a las advertencias de la Central Obrera Boliviana, que las cosas llegaran a consumarse y sucedan. Eso no puede volver a permitirse en este país, porque otras de las tácticas del fascismo, es echar sectores populares unos contra otros.
Los que violan la constitución y las leyes en este país ejerciendo poder están sujetos al juicio de responsabilidades, a la Ley 044. Y nosotros y todo ciudadano estamos aquí para hacer respetar la ley, es el principio del régimen democrático.
Ramiro Otero es Presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE).
