La Cámara Baja aprobó incluir el enfoque diferencial como uno de los principios generales del mencionado proyecto, el cual implica que el Estado ofrece garantías y medidas de protección especiales a las mujeres y otros grupos sociales expuestos a mayores riesgos de violaciones de sus derechos. El proyecto de ley para reparar a las víctimas, incluyendo la restitución de las tierras que les fueron despojadas, busca la histórica misión de devolver dos millones de hectáreas a campesinos y campesinas desterrados por grupos ilegales en los últimos 20 años. El texto aprobado por la Cámara, y que ahora pasará a debate en el Senado, incluye atención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos del proceso de restitución, en proceso judicial y en la entrega de los predios. En cinco artículos del texto se establecen mecanismos para garantizar dicha prelación, tales como ventanillas de atención preferencial para las mujeres desplazadas, así como áreas de atención para los menores y desvalidos que conformen su grupo familiar. También se da prelación en el trámite, tanto administrativo como del proceso judicial, a las solicitudes de mujeres desplazadas cabeza de familia; se insta a la entrega oportuna de los predios, y a que las autoridades de policía velen por mantener la seguridad para que ellas puedan usufructuar su propiedad. De convertirse en ley este texto, las mujeres tendrán prelación en materia de créditos, subsidio familiar, educación, recreación y demás beneficios legales. Adicionalmente, y por solicitud de las organizaciones de mujeres y recomendaciones de la no gubernamental Comisión de Seguimiento para las Políticas Públicas de Desplazamiento Forzado, la titularización de las tierras se hará a nombre del reclamante y su cónyuge, aun cuando éste o compañero o compañera permanente no hubieran comparecido al proceso judicial. "Pensamos que si bien tiene enfoque diferencial de género en la restitución de tierras, no lo tiene en la reparación de víctimas, es decir que ésta debe ser una oportunidad para transformar las condiciones de subordinación, particularmente de las mujeres. Por ejemplo, que se establecieran mecanismos de participación de las mujeres en las diferentes instancias", afirmó a SEMlac Adriana Catalina Ortiz, integrante de la Casa de la Mujer, ONG que ha estado atenta al proceso de redacción y debate del texto. El proyecto de ley, que constituye no solamente la principal iniciativa legislativa del presente gobierno sino una norma que hará historia, propone que la normativa cobije a las víctimas desde 1991 y que tenga una vigencia de 10 años. Según estimaciones gubernamentales, en las últimas dos décadas cerca de 750.000 hogares campesinos fueron desplazados de sus territorios por la fuerza, de los cuales 460.000 abandonaron un poco más de tres millones de hectáreas. "Consideramos que limitar el alcance a 1991, vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas, pues el conflicto armado se remonta a mucho más tiempo atrás; por lo cual proponemos que incluya hechos desde 1980, para que cobije despojos muy significativos ocurridos en la década de los años ochenta", aseveró a SEMlac Iván Palomino, asesor jurídico de la organización no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, que ha participado en el proceso de discusión de la iniciativa. Esta opinión es compartida por la Casa de la Mujer. Ambas organizaciones también coinciden en su desacuerdo con que el proceso judicial establecido para dirimir el reclamo de tierras se establezca como instancia única, es decir que su fallo no sea apelable ante otro nivel judicial. La iniciativa legislativa propone crear unas instancias judiciales, las cuales deben "darle peso jurídico a la verdadera causa generalizada del despojo, que fue la aplicación organizada de la fuerza para desplazar a la población y quedarse con sus tierras, y de esta manera corregir la injusticia colectiva contra comunidades campesinas, indígenas y negras". El despojo de tierras se produjo en diversas formas. "Desde las compras forzadas a menor valor hasta el destierro, la usurpación física de la posesión y la destrucción de las viviendas y cercas que delimitaban los predios. El despojo de tierras fue legalizado muchas veces con transferencias forzadas, con la participación de notarios y registradores, y el rastro de los despojadores fue borrado por testaferros y múltiples traspasos a terceros de aparente buena fe", según se explica en el documento de motivaciones de este proyecto. Dicho documento añade que también resultaron afectados los derechos de aquellas personas que no tenían título, pero sí posesión y tenencia de la tierra. Inclusive, reconoce que entidades agropecuarias del Estado, como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, en ocasiones "declararon caducados los títulos de beneficiarios de reforma agraria cuando se desplazaron y readjudicaron las parcelas a otras personas". El proyecto de ley establece la restitución del predio original a los y las propietarias despojadas y, de no ser posible, se reconocerá una compensación. Y para restablecer los derechos de los tenedores de tierras también propone una compensación. Los grupos paramilitares, autores de los despojos, no actuaron solos. Sino que lograron controlar gobiernos locales e instancias administrativas que sirvieron para legalizar despojos de tierras, además de contar con representación parlamentaria, la cual les facilitó su presencia en los organismos de control de la propiedad, cerrando el ciclo del despojo, como lo ha comprobado la Corte Constitucional. El proyecto es claro en ordenar que "quien adquirió derechos sobre tierras despojadas, o aprovechando la inferioridad de quienes estaban sometidos al terror organizado, debe asumir una parte de la pérdida patrimonial ocasionada por el conflicto" y, en caso de que no sea posible, el Estado asumirá ese costo de manera subsidiaria. La ausencia de seguridad en muchas regiones donde ocurrió el despojo es evidente a juzgar por los asesinatos de líderes y liderezas de la población desplazada, que según la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos, ascienden a 45, todos en la impunidad. El presidente Juan Manuel Santos, al conocer del asesinato de un líder de los desplazados, en el pasado mes de febrero, manifestó que el proyecto no tiene vuelta atrás. Esta situación es reconocida por los legisladores, quienes han previsto en el proyecto que "cuando el despojado no pueda retornar al mismo (predio) por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerá alternativas de compensación en especie para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación"