El gobierno del presidente Alvaro Colom, con el voto en contra de tres de sus ministros, aprobó esa prórroga y de inmediato el rechazo de la sociedad civil, principalmente las agrupaciones ambientalistas, se hizo sentir con fuerza.

Colom personalmente se ha encargado de justificar esa decisión con los supuestos beneficios económicos que reportará la actividad de esa compañía.

Dijo que las nuevas cláusulas de ese convenio otorgan al Estado el 50 por ciento de participación en la empresa, frente al 41 de antes, y también será mayor la suma monetaria estipulada para entregar al Consejo Nacional de Areas Protegidas.

Sin embargo, los expertos calificaron los argumentos del presidente como defensa de lo indefendible, pues es sabido que los mayores dividendos de esa explotación del crudo van a los intereses privados.

Una de las organizaciones defensoras del medio ambiente presentó un recurso de amparo para anular el proceso, pero fue rechazado por la Corte de Constitucionalidad, aunque esa y otras afirman que no cejarán en su empeño por revertir la situación.

Y en medio de la polémica entraron en escena comunidades autóctonas guatemaltecas, las más golpeadas por las compañías foráneas en el país, sobre todo las dedicadas a la minería.

Ellas se unieron al clamor de rechazo a la ampliación del contrato petrolero, al asegurar que atenta contra la defensa y protección de la Madre Naturaleza.

Como vocero principal de los indígenas, se lanzó la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waq’ib Kej, para la cual el beneficio otorgado a PERENCO constituye el despojo de los bienes naturales que históricamente ha pertenecido a la humanidad.

Condenó que el Ejecutivo no hubiera consultado a las comunidades su opinión sobre las consecuencias ambientales y sociales de un proyecto de esa magnitud.

Lo llamó entonces una acción complaciente y a favor de los intereses de la transnacional para su actividad en una de las áreas clasificadas como Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

De acuerdo con Waq’ib Kej, integrada por varias agrupaciones de los pueblos autóctonos, algunas comunidades y organizaciones sociales recibieron presiones políticas para respaldar la decisión gubernamental.

Igualmente, exigió al presidente Colom dar marcha atrás y velar por la vigencia de los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado guatemalteco.

Laguna del Tigre es un área protegida de 334 mil 80 hectáreas (ha), integrada por el Parque Nacional de igual nombre y el Biotopo Laguna del Tigre-Río Escondido, considerada zona núcleo de la Biosfera Maya, la cual comprende 1,5 millones de ha.

Allí se ubica el clasificado como humedal más importante de Centroamérica y segundo en toda América Latina, donde la precipitación promedio anual es de dos mil milímetros, la humedad relativa de 85 por ciento y su temperatura media anual de 30 grados centígrados.

Una población de unos 20 mil habitantes, en sitios colindantes con la reserva, se dedica mayormente a las actividades agropecuarias, forestales y turísticas.

El Parque Nacional es una de las principales zonas de recarga hídrica en Guatemala.

Hacia el sur se localizan múltiples lagunas, humedales, sabanas y lagunetas tropicales, que juntos forman en conjunto más de 300 cuerpos de agua, además de poseer la particularidad de presentar manglares y arrecifes de agua dulce.

Por eso es el área de mayor concentración de humedales en toda Mesoamérica, donde encuentra su hábitat un número considerable de especies animales, además de aproximadamente tres mil especies de flora, algunas de uso comercial.

Esa gran riqueza natural siempre ha estado altamente amenazada por la presencia humana, lo cual provoca tala de árboles y caza indiscriminadas, así como incendios forestales y otros hechos, íntimamente ligados a la actividad petrolera.

La apertura de vías de acceso facilita la labor del hombre en lugares remotos, donde la situación social es muy complicada y así se dificulta el control en toda el área.

Durante muchos años prevaleció una escasa voluntad política para enfrentar la raíz de los problemas y la impunidad en la que permanecen los delitos de toda índole.

Ello provocó falta de gobernabilidad en el parque y el biotopo, usurpada por grandes terratenientes y afectada por el poder del narcotráfico, al cual el gobierno actual asegura haberle arrebatado mucho terreno por los operativos de seguridad allá realizados.

* El autor es corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.