Nicaragua: El cambio de la matriz energética

Con la inestabilidad de los precios del crudo y su tendencia al alza, el gobierno sandinista encabezado por el presidente Daniel Ortega está obligado a destinar cada año importantes recursos financieros para sufragar la factura petrolera, pese a las ventajosas condiciones contractuales pactadas con los suministradores venezolanos en el marco de Petrocaribe y de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

A ello se suma que para alcanzar un desarrollo sostenible, no es posible depender exclusivamente del petróleo, que más temprano que tarde se agotará, por lo que la búsqueda de alternativas para la generación eléctrica a partir de fuentes renovables, que además no dañan el medio ambiente, se convierte en una prioridad estratégica.

El gobierno ha elaborado un ambicioso programa en esa dirección, con el objetivo de lograr, en el año 2017, que al menos el 90 por ciento de la energía eléctrica provenga de sus abundantes recursos naturales y que no sólo sea satisfecha la creciente demanda interna, sino que, además, el país produzca excedentes exportables a las naciones vecinas.

Los primeros pasos Sin embargo, esos resultados serían impensables sin los notables esfuerzos realizados, con el apoyo de los países del ALBA, para eliminar el déficit de producción energética que los sandinistas encontraron cuando asumieron por segunda vez el gobierno de la nación, en enero de 2007. En esa fecha, Nicaragua contaba con una capacidad instalada de 780 megavatios de generación eléctrica, lo que provocaba cortes (apagones) constantes de ocho horas o más, mientras la cobertura de la red de distribución apenas cubría el 50 por ciento del territorio nacional. La integración del país al ALBA, decidida por el presidente Ortega al día siguiente de asumir el gobierno, creó las bases para emprender la solución definitiva de este grave problema.

En los tres años y medio transcurridos desde entonces, el plan de emergencia desarrollado con la colaboración de Venezuela y otros países del ALBA permitió la construcción y puesta en marcha de varias centrales a base de combustible bunker (también llamado fuel oil ), que agregaron 280 megavatios de capacidad instalada al sistema energético nacional.

Ese esfuerzo posibilitó que, en tan corto espacio de tiempo, los largos y molestos apagones sean hoy cosa del pasado y que la generación eléctrica de Nicaragua supere los mil megavatios, cifra a la que habrá que añadir los 46 megavatios que deberá producir la central que se construye actualmente en Puerto Sandino, en el departamento de León, también a base de fuel oil.

Al mismo tiempo, se ha trabajado de manera sostenida en la ampliación de la red de distribución, especialmente hacia comunidades alejadas de los principales centros urbanos y las regiones autónomas caribeñas, y se ha alcanzado una cobertura del 65 por ciento de todo el territorio, es decir, un 15 por ciento más que en 2007, lo que ha beneficiado a unas 40 mil familias que antes no recibían el servicio eléctrico. Pero como las centrales térmicas no pueden ser en modo alguno la solución definitiva, en un país que carece de hidrocarburos, el gobierno comenzó a explorar bien temprano otras posibilidades, en una estrategia a mediano y largo plazos dirigida a eliminar poco a poco la dependencia del petróleo y sus derivados como fuentes de generación eléctrica.

Las fuentes alternativas En declaraciones al canal Multinoticias de la televisión capitalina, el presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), Ernesto Martínez Tiffer, reveló el pasado 3 de agosto que el país desarrolla actualmente tres tipos de proyectos para cambiar la matriz de generación eléctrica: hidroeléctrico, eólico y geotérmico. El aprovechamiento de los fuertes vientos que soplan en algunas regiones del país para la generación de electricidad comenzó a explotarse desde hace algún tiempo con la colaboración de inversionistas extranjeros, debido al alto coste de las instalaciones y la avanzada tecnología.

En la actualidad funcionan las centrales eólicas Amayo-1 y Amayo-2, a las que se sumarán posteriormente otras dos, también con inversión privada, que en conjunto aportarán unos 120 megavatios al sistema nacional. Otros cuatro proyectos avanzan para utilizar los recursos geotérmicos, numerosos en un país donde abundan los volcanes, especialmente en las zonas cercanas al océano Pacífico. Además de la central de San Jacinto-Tizate, en el departamento de León, que se construye con la participación de una empresa canadiense y deberá producir en 2012 alrededor de 70 megavatios, se trabaja en otras tres y se prevé explotar las posibilidades que existen en las áreas cercanas al volcán Mombacho.

Pero las mayores posibilidades las ofrecen los recursos hídricos, que ya se habían comenzado a explotar por empresas privadas desde antes de la llegada de los sandinistas al gobierno. Uno de los proyectos más ambiciosos emprendidos por el gobierno en esa área es la central hidroeléctrica de Tumarín, que estará ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y contará, cuando esté terminada en 2014, con una capacidad instalada de 255 megavatios de generación.

La ratificación de la colaboración brasileña en este proyecto fue uno de los objetivos del viaje que el presidente Ortega realizó a Brasilia a finales de julio pasado. Tumarín y otras dos centrales hidroeléctricas también proyectadas e impulsadas por el gobierno, que se encuentran en fase de construcción y diseño, respectivamente, se unirán al puñado de pequeñas generadoras privadas, por lo que serán alrededor de 624 megavatios los que se incorporarán al sistema eléctrico nacional a partir de fuentes hídricas.

En resumen, de fuentes alternativas se incorporarán al sistema, en el transcurso de los próximos siete años, cerca de 800 megavatios adicionales a los casi mil 100 que se producen actualmente, según dijo el presidente de ENEL durante la entrevista televisiva. Sólo así podemos hacer el cambio de matriz y que en el 2017 el 90 por ciento de la energía eléctrica provenga de recursos naturales, dijo Martínez Tiffer.

* El autor es corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua.

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