El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) fomenta “el progreso de la muerte”, acusó el líder indígena Toninho Guaraní, al describir lo que entiende son atropellos de la industria de la celulosa que diseminó el monocultivo de eucalipto en el centro-oriental estado brasileño de Espirito Santo.
Brasil actúa en América del Sur de una manera “exactamente igual al imperialismo” estadounidense, comentó a IPS el presidente del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), Manuel Lima Bismark.
A modo de ejemplo, señaló que firmas brasileñas “saquean recursos naturales” bolivianos, como petróleo y litio, sin licitación, violando la Constitución y normas nacionales, además de construir dos centrales hidroeléctricas en el amazónico río Madeira, que inundará tierras fronterizas entre ambos países, donde está la cabecera de la cuenca, sin reconocer los daños.
La “cada día más agresiva internacionalización de las empresas” de minería, siderurgia, papel y celulosa, energía y agropecuaria sólo es viable con el apoyo de este banco estatal, que, aparte de ofrecer créditos subsidiados, aporta capital como socio en muchos casos, según se sostuvo en el I Encuentro Sudamericano de Poblaciones Impactadas por Proyectos Financiados por el BNDES.
Con la prioridad concedida a tales sectores, se hace una “transferencia masiva de recursos públicos a grandes grupos económicos”, impulsando un “modelo económico monopólico, expansionista, concentrador y depredador”, dejando como responsable al banco por crímenes ambientales, trabajo esclavo o desplazamiento forzado de poblaciones.
Influencia del banco
El BNDES tiene un poder de liderar el desarrollo de Brasil y también de países vecinos, que es poco discutido. En este año sus préstamos pueden alcanzar el equivalente a 90.000 millones de dólares.
El foro de Río de Janeiro organizado del lunes a este miércoles por la Plataforma BNDES, una red de 35 organizaciones y movimientos sociales, aprobó un documento con ese diagnóstico y propuestas de mayor transparencia en las operaciones del banco, que se evalúen sus proyectos de modo participativo, se adopten criterios sociales y ambientales y se impulse un mayor fomento a las pequeñas empresas y a sectores que promuevan el empleo y la energía limpia.
Tras una pequeña marcha por el centro de Río de Janeiro, el documento fue entregado al presidente del banco, Luciano Coutinho, quien recibió a una delegación de los manifestantes para dialogar y agradeció “las sugerencias”, sin comprometerse a una interlocución efectiva con ellos.
En realidad, la Plataforma BNDES reclama un cambio radical en las prioridades del banco, para que sea de hecho “público” y no un instrumento de oligopolios. Además de concentrar 76 por ciento de sus recursos en préstamos a grandes empresas, financió adquisiciones que últimamente expandieron consorcios del sector agroindustrial, de la ganadería y de celulosa.
Es necesario “democratizar” esa agencia del Estado brasileño que incrementa “las venas abiertas” de Brasil y América del Sur, destacó Cándido Grzybowski, director general del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase). Las grandes mayorías “tienen que participar en la configuración de sus créditos”, explicó.
Afectaciones y reorientación
Hasta ahora el banco financia un “modelo de ocupación colonial”, como la minería en la Amazonia, que destruye la naturaleza para exportar mineral de hierro, sin promover el desarrollo socio-ambiental local, acotó.
“Actuar sobre el BNDES expone el nervio del sistema, que es concentrador de riqueza y contra la vida”, y cuestiona una economía de “grandes empresas que no sobreviven sin ayuda del Estado”, sostuvo João Lopes Pinto, otro dirigente de Ibase, que coordinó el Encuentro.
Lo que propone la Plataforma BNDES es una agenda de transformación de la sociedad y del Estado, del derecho de propiedad, del crédito y del trabajo, y no sólo “reparaciones” de daños como hasta ahora, explicó Lopes Pinto, al defender una reorientación del banco hacia el apoyo a “la agricultura familiar, empresas de economía solidaria y otro tipo de desarrollo”.
Las empresas transnacionales brasileñas ya protagonizan varios conflictos en países vecinos. La constructora Odebrecht fue expulsada de Ecuador el año pasado, acusada de irregularidades en la construcción de una central hidroeléctrica. El BNDES financió la obra por 242,9 millones de dólares y quedó como el acreedor de la deuda cuestionada por el gobierno ecuatoriano.
Pero las empresas de Ecuador también cometen atropellos y es más difícil denunciarlas que a las extranjeras, por nacionalismo o leyes protectoras, advirtió a su vez David Reyes, activista de ese país de Acción Ecológica, para quien lo fundamental es combatir el desarrollo “depredador” que deforesta, contamina o desperdicia el agua e impide el “vivir bien”.
“Cuando niña quería conocer una gran represa, pero hoy las odio”, dijo la brasileña Juma Xipaia, estudiante indígena de Altamira, una ciudad que sufrirá impactos de la construcción de la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, en el amazónico río Xingú.
Ese proyecto no debe seguir porque sería “una desgracia” y porque es “inviable”, incluso económicamente, pues en el período de estiaje el flujo hídrico baja demasiado, sostuvo por su parte Antonia Melo, activista del Movimiento Xingú Vivo, también de Altamira.
El desastre para la aldea de donde proviene Juma es que el río Iriri, afluente del Xingú, crecerá mucho debido a la represa que se construirá desviando el curso fluvial. Los peces ya escasos desaparecerán, se reducirá la pequeña agricultura desarrollada durante los estiajes y se dificultará el transporte fluvial hasta el gran mercado de Altamira, resumió la indígena de la etnia Xipaia.
Para Josiney Mendes, del grupo Arara, a la zona sólo le quedará una permanente sequía, lo cual hará imposible vivir de la misma forma a los 93 integrantes de su comunidad, cuya “gran mayoría vive de la pesca”. Igual suerte tendrán otras aldeas y los ribereños de Volta Grande, la curva del río Xingú que sufrirá el desvío de la mayor parte de sus aguas.
Otros mecanismos
El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por su sigla en portugués), los campesinos sin tierra, ambientalistas e investigadores se sucedieron en las críticas a los proyectos y empresas apoyadas por préstamos del BNDES.
Los grandes proyectos de infraestructura de integración, con el fortalecimiento de las empresas transnacionales que explotan el grueso de los recursos naturales y estratégicos de América Latina, buscan “el control del territorio” a través de “canales de penetración” para llevarse las riquezas al exterior, opinó Ana Esther Ceceña, profesora de la Universidad Autónoma de México.
Son 20.000 kilómetros de caminos en el “corredor amazónico” que se complementan con rutas en el Cono Sur de América del Sur, asociando el “dinamismo de las empresas brasileñas y sus socios en el exterior” en el saqueo de riquezas estratégicas que diseminan violencia y al que no está ajena la “ofensiva militarista” en el continente, con el aumento de ejercicios y bases militares en la región, concluyó la investigadora.
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