Un año decisivo para el activismo
El año 2011 fue realmente turbulento. Millones de personas tomaron las calles para exigir libertad, justicia y dignidad; algunas lograron victorias memorables. El éxito de los levantamientos registrados en Túnez y Egipto a comienzos de año desencadenó protestas en toda la región y posteriormente en el resto del mundo, como Moscú, Londres y Atenas en Europa; Dakar y Kampala en África; Nueva York, La Paz y Cuernavaca en América o Phnom Penh y Tokio en Asia.
En Oriente Medio y el norte de África, las quejas y reivindicaciones acumuladas por las nuevas generaciones estallaron en las calles y provocaron la caída o pusieron en peligro la supervivencia de regímenes autocráticos que llevaban decenios gobernando con mano de hierro y hasta entonces parecían invencibles. Alentadas por estos hechos, personas en otras zonas de África también se arriesgaron a sufrir represalias protestando contra su desesperada situación social y económica y expresando su deseo de gozar de libertades políticas.
En Europa y Asia central, al igual que en la región de Asia y Oceanía, la gente combatió reiteradamente la injusticia y las violaciones de sus derechos. En algunos casos, los gobiernos respondieron intensificando el nivel de represión, que ya era asfixiante. Por ejemplo, los regímenes autocráticos existentes en varios de los Estados sucesores de la Unión Soviética reforzaron su control del poder aplastando protestas, deteniendo a líderes de la oposición y silenciando las voces disidentes.
La exigencia de derechos humanos también se hizo oír en toda América: en las calles, en los tribunales nacionales y en el sistema de justicia interamericano. Cobraron fuerza las peticiones de justicia formuladas por personas, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas, y a menudo provocaron abiertos enfrentamientos entre personas y poderosos intereses económicos y políticos.
Tras muchos de estos conflictos subyacían políticas de desarrollo económico que exponían a muchas personas, sobre todo a quienes vivían en comunidades pobres y marginadas, a un creciente peligro de sufrir abusos. Asimismo, muchas formas de discriminación seguían creando una sensación de injusticia que se expresó a través de protestas desencadenadas en todo el mundo.
Todos estos hechos y cambios se reflejan en el Informe 2012 de Amnistía Internacional, que documenta el estado de los derechos humanos en 155 países y territorios en 2011, el año en que la organización celebró su 50 aniversario.
El informe pone de relieve el fracaso endémico del liderazgo local e internacional a la hora de proteger los derechos humanos. Muestra que la reacción de la comunidad internacional ante las crisis de derechos humanos a menudo se caracterizó por el temor, la prevaricación, el oportunismo y la hipocresía. En ningún lado fue más evidente que en Oriente Medio y el norte de África, donde se ofrecieron respuestas notablemente distintas a la represión gubernamental de las protestas masivas registradas en toda la región.
El fracaso del liderazgo también se puso de manifiesto cuando los gobiernos continuaron aprovechando la legítima preocupación por la seguridad o el elevado índice de delincuencia para justificar o pasar por alto abusos cometidos por sus propias fuerzas de seguridad y al no obligar a las empresas a rendir cuentas por su impacto en los derechos humanos.
En un momento en que Amnistía Internacional se adentra en su sexta década, este informe no sólo da testimonio de la condición de quienes viven sumidos en la oscuridad de las violaciones de los derechos humanos, sino también de las personas a quienes la lucha por la dignidad y los derechos humanos para todas las personas les sigue sirviendo de inspiración para actuar, a menudo a costa de un gran riesgo personal.
Sistema interamericano de derechos humanos
El sistema interamericano, y en concreto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue blanco de continuos ataques por parte de varios Estados durante 2011. Por ejemplo, Brasil retiró a su embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) como represalia por la petición de la Comisión de que se suspendieran las obras del proyecto hidroeléctrico de Belo Monte hasta que se hubiera consultado debidamente a las comunidades indígenas afectadas. Suscitó preocupación que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, apoyara abiertamente la postura de Brasil y pidiera públicamente a la Comisión que revisara su decisión en el caso de Belo Monte. Posteriormente, la Comisión Interamericana modificó las medidas cautelares dictadas en el caso y dejó de exigir a Brasil la suspensión del proyecto hasta que se realizaran las consultas.
Ecuador, Perú y Venezuela también criticaron a la Comisión, acusándola de excederse en su mandato y de injerirse en sus derechos soberanos. Las críticas de Ecuador y Venezuela estaban dirigidas a la relatoría especial de la OEA para la libertad de expresión, mientras que Perú criticó con dureza la decisión de la Comisión de remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante el rescate de 71 rehenes en 1997 (la operación “Chavín de Huántar”).
Durante la segunda mitad de 2011, los Estados miembros de la OEA prosiguieron el debate sobre posibles reformas del sistema interamericano de derechos humanos. El debate concluyó con la publicación de un informe que el Consejo Permanente de la OEA estudiaría a principios de 2012. Aunque las recomendaciones contenidas en el informe fueron calificadas de esfuerzo para reforzar el sistema, en realidad algunas de las medidas propuestas podrían debilitar su independencia y eficacia, y tener un impacto especialmente grave en la labor de la Comisión y de sus relatores.
Situación de los pueblos indígenas en la región
Las violaciones de derechos humanos contra los pueblos indígenas siguieron suscitando honda preocupación pese a algunos avances positivos en la región. En muchos casos se negó a los pueblos indígenas su derecho a una consulta significativa y a dar su consentimiento libre, previo e informado respecto a proyectos de desarrollo en gran escala que les afectaban, incluidos proyectos de la industria extractiva. Perú aprobó una histórica ley en 2011 que hizo preceptiva la consulta a los pueblos indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales. Sin embargo, esto siguió siendo la excepción. Pese a que todos los Estados de la región habían respaldado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, los derechos consagrados en ella seguían distando de ser respetados.
Al no respetarse los derechos de los pueblos indígenas no sólo se resintieron sus medios de subsistencia, sino que las comunidades también sufrieron amenazas, hostigamiento, desalojos o desplazamientos forzosos, ataques y homicidios a medida que se intensificaba la campaña para explotar recursos en las zonas donde residían. En Brasil, Colombia, Guatemala y México se expulsó a indígenas de sus tierras, a menudo con violencia. Se tuvo noticia de uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban por los derechos de los indígenas y contra proyectos de desarrollo en Perú y Bolivia. En Ecuador y México suscitó preocupación la presentación de cargos falsos contra dirigentes indígenas.
Hubo nuevos indicios de que los gobiernos no se tomaban en serio los derechos de los pueblos indígenas o no mostraban la voluntad política necesaria para paliar los efectos de décadas de arraigada discriminación. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a Brasil que suspendiera la construcción de la represa de Belo Monte hasta que se hubiera consultado de forma exhaustiva y efectiva con las comunidades indígenas –lo cual incluía el acceso a una evaluación del impacto social y medioambiental del proyecto en los idiomas correspondientes– y se hubieran tomado medidas para salvaguardar las vidas de las comunidades en aislamiento voluntario. Brasil respondió con dureza a estas medidas cautelares, que la Comisión suavizó posteriormente.
En Bolivia, después de varias semanas de protestas en las que decenas de personas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y porras para disolver un campamento provisional, el presidente decidió cancelar la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure. Los manifestantes indígenas alegaron que la planificación de la carretera infringía las garantías constitucionales sobre la consulta previa y las leyes de conservación del medio ambiente.
En agosto, un estudio federal canadiense concluyó que el 39 por ciento de las redes de agua de las comunidades de las Primeras Naciones tenían deficiencias importantes que hacían que el 73 por ciento de las redes de agua potable y el 65 por ciento de las redes de aguas residuales constituyeran un riesgo medio o elevado para la salud.
El estado de los derechos humanos en Bolivia
Bolivia: Jefe del Estado y del gobierno Evo Morales Ayma
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Población: 10,1 millones
Esperanza de vida: 66,6 años
Mortalidad infantil (‹5 años): 51,2 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada: 90,7%
Las tensiones sociales aumentaron durante el año, en medio de reiteradas protestas por cuestiones económicas y derechos indígenas. Decenas de personas resultaron heridas cuando la policía dispersó con violencia un campamento montado por manifestantes indígenas durante una marcha a La Paz para protestar por los planes de construir una carretera que iba a atravesar un territorio indígena protegido.
En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial se congratuló por la ley aprobada por el Congreso en enero para combatir la discriminación racial. Sin embargo, expresó preocupación por su aplicación, por la escasa representación de los pueblos indígenas en los órganos de toma de decisiones, por el inadecuado acceso a la justicia y por la falta de claridad en cuanto a los mecanismos de la nueva Ley de Deslinde Jurisdiccional para garantizar la coordinación y colaboración con el sistema de justicia ordinario.
Derechos de los pueblos indígenas
El 25 de septiembre, decenas de personas resultaron heridas cuando la policía empleó gas lacrimógeno y toletes para disolver un campamento provisional establecido por manifestantes indígenas cerca de Yucumo, en el departamento de Beni. Los indígenas participaban en una marcha de unos 580 kilómetros organizada desde Trinidad, departamento de Beni, hasta La Paz, para protestar por los planes del gobierno de construir una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Estos planes vulneraban tanto las garantías constitucionales relativas a la consulta previa con los pueblos indígenas como las leyes de conservación del medio ambiente. La policía detuvo a cientos de manifestantes indígenas y los llevó a las localidades de San Borja y Rurrenabaque para que el ejército los devolviera a sus lugares de origen.
El gobierno declaró que la carretera traería desarrollo económico. Sin embargo, los manifestantes indígenas alegaban que abriría la zona a las industrias extractivas y fomentaría la deforestación y la producción de coca. La represión policial provocó la dimisión de los ministros de Defensa y de Gobierno, así como protestas en todo el país.
En octubre, el presidente Morales canceló el proyecto. En noviembre, un juez ordenó el arresto domiciliario del subcomandante de la Policía Nacional por ordenar presuntamente la operación policial de Yucumo. Las investigaciones penales sobre la actuación policial continuaban al finalizar el año.
Impunidad
Los responsables de violaciones graves de derechos humanos, tales como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, cometidas antes de la restauración de la democracia en 1982, siguieron eludiendo la acción de la justicia. Al finalizar el año, las fuerzas armadas no habían entregado a los fiscales información sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, pese a que la Corte Suprema había ordenado su desclasificación en abril de 2010. El gobierno no presionó para que se revelase la información.
En agosto, la Corte Suprema condenó a siete ex oficiales de alta graduación por su participación en los sucesos conocidos como “Octubre Negro”, en los que murieron 67 personas y más de 400 resultaron heridas durante unas protestas celebradas en El Alto, cerca de La Paz, a finales de 2003. Era la primera vez que un juicio contra oficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanos concluía ante un tribunal civil. Cinco ex oficiales del ejército fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión, y dos ex ministros fueron condenados a 3 años. Al finalizar el año, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus ministros, que habían huido a Estados Unidos poco después de los sucesos, estaban pendientes de los procedimientos de extradición. Otros ministros huyeron posteriormente a Perú y España.
Cuatro oficiales del ejército sometidos a investigación por la tortura en 2009 de un recluta en Challapata, departamento de Oruro, fueron puestos en libertad en abril después de que un juez anulase los cargos formulados en su contra. En julio, la Corte Superior del Distrito de Oruro anuló la decisión del juez y ordenó que las actuaciones judiciales continuasen en la jurisdicción civil. El juicio no había comenzado al finalizar el año. En 2010 se habían divulgado unas imágenes de vídeo, filmadas en 2009, en las que se veía a unos oficiales que sumergían repetidamente en agua al recluta.
En septiembre, un juez revocó los cargos formulados contra cinco miembros de la Policía Nacional acusados de participar en la dispersión de un grupo de manifestantes que habían cortado una carretera en la provincia de Caranavi en mayo de 2010. En aquella operación murieron 2 personas y resultaron heridas al menos 30. Al finalizar el año, los fiscales estudiaban la posibilidad de formular nuevos cargos.
Las actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos, y resultaron heridas otras 53, prosiguieron, aunque sufrieron retrasos.
Tortura y otros malos tratos
En febrero, Gróver Beto Poma Guanto murió en un hospital dos días después de recibir una paliza a manos de unos instructores de la escuela militar conocida como Escuela de Cóndores de Bolivia (ESCOBOL), en Sanandita, departamento de Tarija. Al finalizar el año había tres militares sometidos a investigación en relación con el caso. Sin embargo, pese a los reiterados llamamientos para que el caso fuera transferido a la jurisdicción civil, éste permaneció en el sistema de justicia militar, que carecía de independencia e imparcialidad.
Fuente: http://www.amnesty.org/es/region/bolivia/report-2012#section-19-3
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