El 8 de noviembre de 2011 fue detectado un escape de entre 521 y 882 barriles de petróleo del Campo de Frade, en la Bahía de Campos, operado por las empresas Chevron Brasil y Transocean. Con el pasar de los días, la mancha de oleo abarcó unos 163 kilómetros cuadrados.

El 21 de noviembre, autoridades del Ibama impusieron a la petrolera una primera multa de 50 millones de reales, equivalentes a unos 28 millones de dólares.  El presidente de Ibama Curt Trennepohl reveló que su entidad estudiaba aplicar dos nuevas multas, una ascendente a 10 millones de reales (unos 5,5 millones de dólares) por fallas en la contención del salidero de hidrocarburo, y otra por 50 millones de reales, unos 28 millones de dólares, por violar la Ley Ambiental.

Posteriormente, el director general de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) Haroldo Lima abrió dos procesos de infracción contra la petrolera norteamericana porque no entregó todas las imágenes de monitoreo del escape en el pozo y porque omitió decir que no poseía equipos considerados fundamentales para detener el salidero.

El 23 de noviembre, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió realizar una auditoría para verificar la posible responsabilidad de dos entidades brasileñas en el escape de óleo. El magistrado Raimundo Carreiro pidió la auditoria porque la Chevron Brasil Upstrem no identificó el problema ni cumplió las acciones de contingencia previstas para ese tipo de accidentes.

El TCU quiere saber cómo la ANP realiza la fiscalización de los planes de emergencia de las empresas petroleras. Asimismo, verificará en la estatal Petróleos de Brasil (Petrobras) si existe previsión contractual de resarcimiento de gastos de la compañía por las acciones debidas al accidente. Los magistrados desean además oír a funcionarios de Petrobras sobre los cuidados adoptados para que las petroleras aliadas posean condiciones efectivas de detección y respuesta a accidentes ambientales.

El Tribunal subrayó la urgencia de mejorar y garantizar la efectividad de los medios de prevención de accidentes ambientales de esa naturaleza, así como de los respectivos planes de contingencia, especialmente cuando se trata de la explotación de petróleo por parte de empresas privadas.

El mismo 23 de noviembre, la estatal ANP suspendió las operaciones de perforación de Chevron Brasil en el Campo de Frade hasta que sean identificadas las causas y los responsables del escape de petróleo. El fallo incluye el cese de toda operación de perforación de esa empresa petrolera en territorio nacional.

Asimismo, la directiva de la ANP rechazó pedido de la subsidiaria norteamericana para perforar un nuevo pozo en el Campo de Frade con el objetivo de alcanzar los enormes yacimientos de hidrocarburo, descubiertos a grandes profundidades en el atlántico brasileño, por debajo de la capa de sal (subsal).

Los miembros de la dirección de la entidad estatal explicaron que la perforación de los yacimientos en subsal implicaría riesgos de naturaleza similar a los ocurridos en el pozo que originó el escape, y otros superiores, agravados por la mayor profundidad a la que se haya el hidrocarburo.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia brasileña Gilberto Carvalho aseguró que no faltará rigor en la investigación de las causas del escape de hidrocarburo. “No vamos a jugar con esa cuestión. Está en juego nuestro futuro en términos del subsal (grandes yacimientos de hidrocarburos descubiertos en el atlántico brasileño a grandes profundidades en el mar, por debajo de la capa de sal) y nuestro cuidado ambiental es muy grande”, aseveró.

Interviene la Justicia

Hasta el 14 de diciembre, Chevron Brasil Upstrem no conseguía controlar el escape de crudo, cuya mancha abarcaba ya 163 kilómetros cuadrados en el Atlántico brasileño. El procurador Eduardo Santos Oliveira consideró que Chevron y Transocean fueron incapaces de controlar los daños y no surtió efecto la técnica empleada para contener el derrame de hidrocarburo.

De acuerdo con un reporte de la Agencia Brasil desde Río de Janeiro, la compañía admitió que hubo fallas de cálculo en la explotación del pozo y alegó que la presión del depósito era mayor que la estimada y la primera capa de roca era menos resistente de lo previsto por los técnicos.

El lunes, representantes de la empresa admitieron la permanencia de un escape de petróleo en el mencionado pozo, durante una audiencia pública realizada en Macaé, en el norte del estado de Río de Janeiro. El supervisor de medio ambiente de esa firma Luiz Alberto Pimenta indicó que “las cantidades (de petróleo escapado) son cada vez menores. La expectativa es que haya un control total de ese problema en algún tiempo, en el futuro”. Sin embargo, no supo precisar el tiempo en que va a cesar el salidero.

La ANP señaló que la causa del escape aún era desconocida, aunque la principal hipótesis es que una fractura provocada por un proceso de estabilización del pozo haya liberado el crudo que salió por un falla geológica. “La Chevron accionó su plan de emergencia y es enteramente responsable por la contención del escape. 18 navíos están en el área: ocho de la propia Chevron y otros 10 cedidos por (las compañías petroleras) Petrobras, Statoil, BP, Repsol y Shell”, explicó la ANP.

El 14 de diciembre, el Ministerio Público Federal de Campos, en Río de Janeiro, pidió una indemnización de 20 mil millones de reales, unos 11.100 millones de dólares, a la petrolera Chevron Brasil y a la empresa contratada Transocean por los daños ambientales del escape de crudo. La entidad planteó también que la Justicia Federal conceda un mandato para suspender las actividades de las dos empresas en Brasil, so pena de multa diaria de 500 millones de reales, unos 280 millones de dólares.

El 21 de diciembre, la Policía Federal acusó ante la Justicia Federal a las dos empresas, así como a otras 17 personas de crimen ambiental por el escape de petróleo. De acuerdo con el informe policial, entre los acusados aparece el presidente de la Chevron Brasil George Buck.  

En declaraciones a la Red O Globo, el delegado Fabio Scliar aseveró que ambas empresas, por ganancia y conducta liviana de sus ejecutivos, recurren a perforaciones temerarias, asumiendo el riesgo de accidente. El informe de la Policía Federal precisa que el salidero -detectado el 8 de noviembre pasado- sucedió porque fue empleado exceso de presión en el pozo y agrega que la subsidiaria de la petrolera estadounidense sabía que estaba perforando en una zona de alta presión, hasta porque el depósito era bastante conocido.

Chevron Brasil y Transocean actúan o, por lo menos, actuaron de manera liviana e irresponsable. Estaban trabajando en el límite del límite, como fue admitido por varias personas que fueron a declarar, señaló Scliar.

Al menos 16 acusados tendrán que responder también por el delito de falsedad ideológica, porque según la investigación policial, retuvieron informaciones y hasta editaron vídeos del escape para, supuestamente, dificultar la investigación.

En caso de ser condenados por la justicia, la pena máxima establecida para los delitos imputados por la Policía Federal es de 14 años de prisión para las personas acusadas, mientras para las empresas la condena puede incluir la prohibición de ejercer actividades en Brasil.

El 23 de diciembre, el Ibama impuso una segunda sanción monetaria a la petrolera extranjera, que asciende a 10 millones de reales (unos 5,4 millones de dólares) por incumplimiento del Plan de Emergencia Individual, aprobado en la licencia ambiental de la actividad de exploración y extracción de petróleo.

Entre las fallas cometidas por Chevron Brasil, Ibama menciona la falta de equipos en las embarcaciones de emergencia y la demora en la atención inicial del salidero, detectado el 8 de noviembre.

Con información de la corresponsalía de Prensa Latina en Brasilia.