La consulta pública previa es un mandato constitucional

El Vicepresidente Álvaro García Linera dice que el Estado debe consultar a las poblaciones indígenas antes de explotar recursos naturales no renovables en sus territorios, pero no está obligado a pedirles permiso para construir carreteras. Con esta curiosa interpretación de la Constitución, el gobierno “indígena” pretende justificar incumplimiento del mandato constitucional y las reiteradas violaciones a los derechos de los pueblos originarios del TIPNIS.

Normativa proteccionista de pueblos indígenas

El seguimiento del tema suscitado con la ruptura del ecosistema que afecta al parque Isiboro Sécure, publicitado como “caso TIPNIS” obliga a identificar el compromiso asumido como política de Estado de respeto a la Madre Naturaleza, a examinar el discurso expuesto en la justificación del camino Tunari-San Ignacio de Moxos, a revisar la normatividad legal vigente para establecer lo permisible en el límite de las atribuciones y decisiones administrativas y a la precisión de los motivos y compromisos asumidos por los gestores.

El BNDES es co responsable de los conflictos en Bolivia

El 25 de agosto, las organizaciones de la Plataforma BNDES y sus contrapartes, tanto en Brasil como en los países de América Latina, presentó al Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) una carta, dirigida al presidente de la institución, Luciano Coutinho, que exige la suspensión del financiamiento inmediato para el proyecto de construcción de carreteras que tiene como objetivo conectar las ciudades de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, cortando a través del Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en Bolivia. Con 306 km, esta carretera se estima en 415 millones de dólares, de los cuales 332 millones (80%) son financiados por el BNDES.

El Foro Social Pan Amazónico repudia la violencia policial contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS

El Foro Social Pan-Amazónico (FSPA), colectivo compuesto por más de 50 organizaciones y movimientos sociales de Brasil, Perú, Estado Plurinacional de Ecuador, Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, República Bolivariana de Venezuela, República Cooperativa de la Guayana, Surinam y Guyana, repudia vehementemente la violenta, cobarde y brutal agresión que las fuerzas policiales bolivianas cometieron contra los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Política agraria común, menos común de lo que parece

En el año 2010, cerca de 900.000 personas y entidades del estado español, se beneficiaron de los más de 5.000 millones de euros en ayudas económicas enmarcadas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Sin embargo, estas espectaculares cifras no deben confundir, pues una cosa es repartir y otra muy distinta es hacerlo con justicia y equidad. Según el informe “Una injusticia llamada PAC”, editado recientemente por la organización Veterinarios Sin Fronteras, el 16% de los favorecidos por las subvenciones en el estado español lograron hacerse con el 75% del monto total. Los 58.000 mayores beneficiarios (7% del conjunto) se embolsaron cerca de 2.600 millones de euros, es decir la mitad.