Brasil admitió que está renegociando el contrato de financiamiento, pero antes “Bolivia precisa establecer un cronograma, una línea de acción para definir con rigor técnico la solución de los parámetros ambientales, financieros, económicos y políticos de este proceso”, revelaron autoridades del vecino país al periodista del diario Valor Fabio Murakawa.

Inicialmente, se calculó que la ruta costaría alrededor de 436 millones de dólares, de los cuales 332 millones serían cubiertos con un crédito del BNDES. Sin embargo, una movilización indígena y popular obligó al Presidente Morales a cambiar el trazo del tramo carretero que atravesaba el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Según la constructora OAS, construir el tramo II de la carretera por fuera del TIPNIS supone aumentar al menos 200 km a los 306 kilómetros planificados inicialmente. Diferentes fuentes estiman que ese desvío incrementará el costo de la obra en aproximadamente 250 millones de dólares, lo que exigirá un nuevo contrato con el BNDES.

El diario Valor dice que el sentimiento antibrasilero que la vía despertó entre los indígenas preocupa al gobierno de Dilma Rousseff. En Brasilia hay una corriente que considera que Brasil no debería financiar la carretera, mientras que otra corriente exige como mínimo garantizar que no se repitan otros problemas que paralicen las obras.

En ese marco, el gobierno brasilero propuso elaborar una “agenda positiva” con Bolivia con el fin de establecer un ambiente político favorable para futuros proyectos. Dicha agenda incluiría temas como el combate al narcotráfico, la vigilancia de fronteras y la regularización de los agroindustriales brasileros que operan en Bolivia.

Brasil espera “gestos de buena voluntad” del gobierno boliviano que ayuden a crear un ambiente más favorable en la opinión pública brasileira, como por ejemplo la devolución de 3.926 vehículos robados en Brasil.

Por otro lado, el Ejecutivo brasilero pidió que se regularice la situación de los agroindustriales brasileros que no poseen títulos definitivos de la tierra que cultivan en Bolivia, y por tanto sufren por la inseguridad jurídica. Según el diario Valor, los agroindustriales brasileros cultivan soya en un área aproximada de 150 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz (10% del total), pero son responsables del 60% de la producción soyera en Bolivia.

Con datos de http://www.valor.com.br/internacional/1071670/brasil-condiciona-financiamento-estrada-na-bolivia

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