Al día siguiente de la brutal represión a la VIII Marcha Indígena en Yucumo, el Presidente Morales decidió suspender el proyecto carretero, tal y como le había recomendado la representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia Yoriko Yasukawa el 22 de septiembre.

“Quiero salvar una responsabilidad ante la historia y el pueblo boliviano: que haya debate nacional para que decidan el pueblo boliviano y especialmente los habitantes los dos departamentos beneficiados; mientras tanto, queda suspendido el proyecto de carretera del Territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure”, confirmó Morales el 26 de septiembre.

En la madrugada del 13 de agosto, la Cámara Alta sancionó sin modificaciones una Ley Corta de siete artículos, aprobada previamente por la Cámara de Diputados, que ratifica el estatus especial del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y ordena realizar la consulta previa a los indígena afectados por el proyecto caminero.

El TIPNIS fue reconocido como territorio de los pueblos indígenas chimán, yuracaré y mojeño trinitario; y también como parque nacional y zona de preservación ecológica, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado. En junio de 2009, el Presidente Morales entregó a la Sub central indígena el título ejecutorial colectivo del TIPNIS de 1.091.656 hectáreas, donde habitan alrededor de 1.500 familias pertenecientes a 64 comunidades indígenas.

El Artículo 1 de la Ley Corta declara al TIPNIS \"patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Tsiname, Yuracaré y Mojeño-trinitario cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado (…)”.

El Artículo 2 señala que “teniendo el TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales (…)”.

La Ley Corta dispone la suspensión de la construcción del tramo II a través del TIPNIS hasta que se realice una consulta previa a los afectados, en cumplimiento de la Declaratoria de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE).

El artículo 30 de la Constitución establece que los pueblos indígenas tienen derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados, y a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles… Se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada…”. El artículo 352 precisa que la consulta libre, previa e informada se hará a la “población afectada…. respetando sus normas y procedimientos propios”.

En ese marco, el Artículo 3 de la Ley Corta sancionada por la Cámara de Senadores señala: “Se suspende la construcción del tramo II de la carretera interdepartamental Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que pasa por el TIPNIS y se dispone el inicio de la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas del TIPNIS, respetando sus normas y procedimientos propios, en el marco de la Constitución, la Ley N° 1257 del 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la OIT), la Ley N° 3760 del 7 de noviembre de 2007 (Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos Indígenas)”.

Además, el Artículo 4 dispone “la elaboración del estudio de alternativas respecto a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Esas alternativas deberán garantizar los derechos de los pueblos indígenas en su territorio y el equilibrio ecológico del TIPNIS”. El artículo 6 prevé la elaboración participativa de un plan integral de protección del TIPNIS.

Finalmente, el artículo séptimo, que no estaba ni siquiera en el proyecto original presentado por los diputados (indígenas) prohíbe asentamientos humanos ilegales en el IPNS, es decir que este proyecto de ley recoge exactamente el planteamiento de los sectores que se encuentran movilizados, según el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce.

La consulta previa se cumplirá respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas afectados, aseguró la senadora del MAS Gabriela Montaño; mientras que el ministro de la Presidencia Carlos Romero prometió que el gobierno “respetará la opinión de las estructuras organizativas de los indígenas del Isiboro Sécure”.

“El Estado va a estar obligado y debe garantizar que los resultados de la consulta previa se ejecuten”, aseguró Montaño, pero fue desmentida por el propio Presidente Morales. “Nos piden que la consulta tenga carácter vinculante, es imposible, eso no se puede negociar”, recalcó el Primer Mandatario en una reunión con trabajadores mineros de Oruro.

“Las consultas previas están garantizadas por Constitución y por las normas internacionales y siempre van a respetarse, pero que un grupo de familias digan que no se haga significa paralizar todas nuestras obras en el sector minero, en el sector hidrocarburífero, en el sector eléctrico, en las industrias”, argumentó Morales.

El 26 de septiembre, Evo Morales dijo que tarde o temprano construiría el camino, en cumplimiento de normas y leyes aprobadas por anteriores gobiernos populistas y neoliberales. Morales desempolvó una ley promulgada en 1984 por el gobierno de Hernán Siles Suazo (Unión Democrática y Popular-UDP), que declaró de prioridad y urgencia nacional la construcción de la carretera de vinculación entre Cochabamba y Beni.

El Presidente citó una segunda Ley promulgada por el gobierno de Jaime Paz Zamora en 1990, la cual autoriza al Poder Ejecutivo gestionar financiamiento para realizar los estudios de factibilidad de la obra. Para justificar su decisión de construir la ruta “quieran o no quieran” los indígenas del TIPNIS, el Presidente “antineoliberal” reivindicó además el decreto supremo 2696 del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el cual incluyó el tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en la red fundamental de carreteras.

Según la dirigente indígena Justa Cabrera, Evo Morales “se hace la burla de todos los bolivianos porque (si la consulta no será vinculante, entonces) esa Ley Corta aprobada no nos sirve… No sé qué haremos, hemos retrocedido no sólo 500 sino mil años atrás con este gobierno. (Evo) es un señor que gobierna sin Dios ni leyes porque él mismo las aprueba y luego las viola”.