La Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado dos Decenios Internacionales consecutivos para el análisis de la situación de los Pueblos Indígenas del mundo. En el primer decenio 1995-2004 creó el Consejo Económico y Social y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI) con el mandato de examinar los problemas relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos originarios.

La máxima instancia de la ONU adoptó un plan de acción para el segundo decenio 2005-2014 que busca promover la inclusión de los derechos de pueblos originarios en legislaciones internacionales, regionales y nacionales relativas a políticas de desarrollo y recursos naturales.

En 2007 la ONU aprobó la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, un instrumento complementario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que legitima los derechos de esos pueblos al uso y acceso a la tierra, agua, océanos y humedales, y a los beneficios generados por la explotación de recursos naturales.

La Declaración de la ONU legitima el derecho indígena a mantener y fortalecer su relación espiritual con la tierra; a controlar sus territorios y patrimonio cultural, y a adoptar planes de desarrollo coherentes con sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

La Declaración reafirma la necesidad de que los Estados reconozcan legalmente las tradiciones, costumbres y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos originarios; y que asuman la responsabilidad de restituirles los territorios y recursos confiscados, tomados u ocupados.

Pese a que una gran mayoría de países del continente son signatarios del Convenio 169 y de la Declaración sobre los Derechos Indígenas, muchos Estados vulneran el derecho a la consulta previa, reconocidos por esos instrumentos jurídicos, y además reprimen a los indígenas que se atreven a reclamar.

“Tenemos motivos para celebrar el progreso alcanzado; sin embargo no podemos conformarnos ya que aún existe una amplia brecha entre la realidad y los principios de la Declaración”, admitió la alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el 9 de agosto de 2010.

Pillay afirmó que las “continuas violaciones” de los derechos indígenas en todas las regiones del mundo “merecen nuestra máxima atención y acción”. Y es que “la situación ha empeorado inclusive en los Estados donde hubo mayores avances”, como Bolivia y Ecuador, lamentó Bartolomé Clavero miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas.

A Clavero le sorprendieron los cambios políticos en gobiernos de “centro derecha y centro izquierda” que empezaron a “infravalorar la presencia indígena”, y en la actualidad abren los territorios indígenas a las corporaciones extranjeras en nombre del “desarrollo económico”. En Honduras, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsa una Ley que vulnera los preceptos del Convenio 169.

El eje del problema es el modelo de desarrollo imperante que vulnera los derechos humanos de los pueblos originarios y privilegia los intereses de las corporaciones transnacionales. El relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas James Anaya ha documentado innumerables casos en el último año.

Muchos pueblos originarios de la región se han visto obligados a abandonar sus tierras y han perdido sus medios de subsistencia como consecuencia directa de la explotación de petróleo, gas y minerales. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por la continuidad de prácticas violatorias de derechos, tales como la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes, poniendo en riesgo su supervivencia.  ([1])

Anaya y la CIDH han emplazado a los Estados a cumplir con su obligación de consultar de buena fe a los pueblos originarios, con el fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado antes de aprobar y ejecutar cualquier proyecto en sus territorios ancestrales.

La CIDH instó al gobierno de Brasil a detener las obras de construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte hasta tanto no se consulte a los indígenas y comunidades que habitan el Rió Xingu.  La medida cautelar está respaldada por el derecho internacional, pero el gobierno brasileño la calificó de “injustificada y precipitada”.

El propio secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza recomendó a la CIDH “asesorar” a los Estados en vez de tratarlos como violadores de derechos humanos.

Insulza insinuó que la vulneración de los derechos indígenas no es tan grave como la tortura, las desapariciones forzadas u otras violaciones de derechos humanos. Estas “desafortunadas declaraciones constituirían una preocupante interferencia de un órgano político de la OEA en la autonomía e independencia del sistema interamericano de derechos humanos”, criticó Amnistía Internacional (AI). Las normas internacionales de derechos humanos debieran protegen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales frente a las nuevas amenazas para la región, en particular los impactos de los planes de desarrollo económico. Los megaproyectos como la represa Belo Monte en Brasil o la mina Marlin en Guatemala pueden afectar profundamente los derechos humanos de personas y comunidades, argumentaron AI y decenas de organizaciones sociales del continente.

Conflictos socioambientales en Bolivia

Desde 2010 se registran innumerables conflictos socioambientales en Bolivia, protagonizados por pueblos indígenas que no se sienten representados ni beneficiados por el nuevo Estado Plurinacional. Y es que el plan de desarrollo extractivista del gobierno de Evo Morales impacta negativamente en sus sistemas económicos, sociales, culturales y ambientales.

Según el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, la explotación de recursos naturales en territorios indígenas está sujeta a un proceso de consulta libre, previa e informada a los dueños del territorio, la cual debe ser convocada por el Estado, respetando las normas y procedimientos propios de los pueblos afectados.  

Sin embargo, la política económica del gobierno de Evo Morales ha entrado en franca contradicción con los preceptos de la Constitución y de los convenios internacionales.

Los proyectos de desarrollo industrial impulsados por el gobierno han provocado decenas de conflictos socioambientales, ya sea por la vulneración del derecho a la consulta previa o por el impacto ambiental en territorios indígenas y campesinos.

Por ejemplo, las comunidades del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) rechazan la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que parte en dos a su TCO; y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba está en contra de la exploración de yacimientos de petróleo en la reserva acuífera de Aguaragüe al sur del país.  [2]

En 2009 los pueblos indígenas leco y mosetén del norte de La Paz denunciaron que YPFB inició actividades petroleras en su territorio sin haber consultado antes a sus ocupantes. Se trató del primer reclamo público, que luego desencadenó protestas en varias comunidades afectadas por la explotación de recursos naturales.

Los pueblos indígenas de la Amazonía y del Chaco comenzaron a denunciar la vulneración de su derecho a la consulta previa en el segundo semestre de 2009. El primer conflicto estalló  entre mayo y julio de 2009 a raíz de la licencia concedida a Petroandina para explotar hidrocarburos en el norte de La Paz, en perjuicio de los pueblos mosetén, leco, tacana y chimán. [3]

En agosto de 2008 comenzaron las negociaciones con la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que aglutina a ocho organizaciones. ([4]) La empresa negoció rápidamente con los gremios campesinos y suscribió un acuerdo, pero no pudo convencer a los grupos indígenas.  

Los indígenas exigieron garantías de seguridad para sus territorios y sobre todo la titulación de TCOs pendientes. Los debates se estancaron y la empresa prefirió continuar negociando directamente con las comunidades de Tomachi, Ullapi y San Juanito, por donde pasan las líneas sísmicas, desautorizando a sus organizaciones matrices CPILAP, OPIM y PILCOL.  

El 19 de mayo de 2009, YPFB-Petroandina SAM obtuvo la licencia ambiental para iniciar trabajos de exploración en el bloque Liquimuni de 675 mil hectáreas, ubicado en Caranavi; y el 1 de julio los Ministerios de Hidrocarburos y Medio Ambiente oficializaron la licencia para el tendido de líneas sísmicas en territorios de algunas comunidades afiliadas a la OPIM y PILCOL.

El 2 de julio, el presidente de la CPILAP José Ortiz y representantes de la OPIM y PILCOL impugnaron la licencia ambiental concedida a Petroandina, argumentando que el proceso de consulta fue irregular.

Los dirigentes denunciaron que el Ministerio de Hidrocarburos y sus técnicos manipularon la consulta y pasaron por encima de las organizaciones locales. No brindaron información necesaria, no dieron suficiente tiempo a los dirigentes para planificar un mecanismo de consulta democrático, e inclusive falsearon acuerdos recabando firmas de niños.

Lo peor de todo fue que la petrolera dividió a las organizaciones sobornando a caciques de Covendo, Villa y San Pedro de Cogotay. Petroandina SAM  “nos ha dividido orgánicamente comprando al compañero José Tupa Gonzales y a otros ex dirigentes”, denunció el presidente de PILCOL Walter Pinto.

El cacique mosetén de Covendo Enrique Romero se puso de lado del Ministro de Hidrocarburos, dijo que su comunidad estaba de acuerdo “con el desarrollo del norte de La Paz”, y denunció el 29 de julio que algunas ONG como el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) “tienen intereses ocultos”.

El cacique de Simay Daniel Gigasi reveló que una de las primeras consecuencias de la avanzada petrolera fue el “rompimiento de la estructura dentro de la comunidad y de la organización a nivel local, regional y la nacional”.

Se generalizaron sentimientos de desconfianza entre vecinos, familiares y compañeros; los dirigentes perdieron autoridad, y las organizaciones comunitarias comenzaron a debilitarse. Prueba de ello fue la creación del Consejo Regional Indígena Leco Larecaja (CRIL), una asociación paralela a la PILCOL que obtuvo muy rápido su personería jurídica.

Petroandina no cumplió ni siquiera sus compromisos mínimos y no atendió las mayores preocupaciones de las organizaciones indígenas, como por ejemplo la apertura de sendas, el desmonte del bosque para instalar campamentos y la invasión de extraños a su territorio.

La petrolera contrató a “consultores ambientalistas” en las mismas comunidades, dizque para que vigilen las obras y cuiden los recursos naturales y ojos de agua; pero en realidad los contrató para que abran sendas. Todo fue una mentira.

El segundo conflicto fue protagonizado por pueblos indígenas guaranís y weenhayek, quienes advirtieron que no permitirán el inicio de operaciones de Petrobras y de la británica British Gas (BG) en el Chaco de Tarija mientras no se desarrollen proyectos productivos y se generen empleos locales. El pueblo weenhayek exigió 11 millones de dólares como compensación a BG Bolivia y finalmente firmó un acuerdo por 2 millones de dólares.

El director general de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos Omar Quiroga informó que en 2007 se realizaron cinco procesos de consulta previa; cuatro en 2008 y cinco en 2009, haciendo un total de 14 procesos concluidos en tres años.

Quiroga aseguró que en 2010 al menos tres comisiones de funcionarios de la Dirección General de Gestión Socio Ambiental (DGGSA) visitaron Camiri, Montegaudo y Yacuiba con el fin de concretar procesos de consulta y participación para los proyectos Sísmica 2D del Bloque Iñau, la Sísmica 3D del Bloque San Antonio y el Gasoducto de Integración Juana Azurduy.

Según la autoridad, la gestión 2010 marcó un punto alto en la labor de informar a las comunidades campesinas y tierras comunitarias de origen sobre el impacto de los proyectos de hidrocarburos o electricidad en sus territorios. Ese año se completaron siete procesos de consulta, para sumar un total de 21 procesos concluidos.

Para 2011, la DGGSA tiene planificados 12 procesos de consulta y participación, además de ocho consultas anunciadas, sumando un total de 20 procesos. “El desafío de este año es extremadamente grande, ya que con 20 procesos estaríamos prácticamente duplicando la cantidad de consultas de los cuatro años anteriores” destacó Quiroga. [5]

El gobierno “antiindígena”

Los hechos demuestran que el derecho a la consulta previa no tiene vigencia plena en Bolivia. En realidad, el propio Estado considera que la consulta previa es un obstáculo para las inversiones, y por ello ha decidido “reglamentar” ese derecho con el fin de acelerar la explotación de hidrocarburos y minerales.

Durante la declaratoria del nuevo reservorio de Aquío X-1001 en Caraparicito, Santa Cruz, el Presidente Morales dijo que “a veces las consultas ya no son tanto para conservar el medioambiente, sino son un chantaje y hasta una extorsión a las empresas, al Estado o a Yacimientos”.

Tiempo después, Morales criticó a “algunas ONG que se pronuncian por una ‘Amazonía sin petróleo’, lo que quiere decir que no habrá gas ni petróleo para los bolivianos. ¿De qué vivirá Bolivia si algunas organizaciones dicen Amazonía sin petróleo? Están diciendo en otras palabras que el pueblo boliviano no tenga plata, que no haya IDH (impuestos), que no haya regalías”.

El 14 de julio de 2010, el presidente de YPFB Carlos Villegas acusó a algunas ONGs de “asumir una actitud hostil y una postura no acorde con la realidad del país”; y el 21 de septiembre fustigó a los indígenas que reclaman “indemnizaciones y compensaciones sobredimensionadas, que en muchos casos exceden con creces la disponibilidad de la empresa”.

Villegas culpó a los indígenas de la postergación de planes de inversión, y anunció que el Ministerio de Hidrocarburos elabora una disposición legal que permita que los reclamos sociales “ya no sean un obstáculo para la inversión”.

El gobierno de Morales continúa negociando contratos para la explotación de hidrocarburos sin la consulta ni la participación de las comunidades, y comenzó a elaborar nuevas normas y reglamentos que restringen el derecho a la consulta previa, amplían las concesiones y flexibilizan las normas ambientales.

La protesta de los originarios recrudeció y alcanzó repercusión internacional luego de la emblemática marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) a mediados de 2010. Pero el gobierno no escucha los reclamos y prefiere  estigmatizar cualquier expresión de descontento. [6]

El Ejecutivo desplegó una furiosa campaña mediática para desprestigiar al movimiento indígena e intimida a sus dirigentes. El ex prefecto oficialista del departamento de La Paz Pablo Ramos fue uno de los encargados de hacer callar al indio más rebelde, el mallku de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) Rafael Quispe.

“Cuando empezó el (problema minero) de Corocoro, Pablo Ramos me dijo ‘por qué tanto reclamas por los medios de comunicación; nos sentaremos en el hotel Europa y hablaremos con el jefe (Evo Morales) para que ya no molestes sobre este tema’”, reveló Quispe a la Red Erbol.

De manera simultánea, el oficialismo intenta fracturar a las organizaciones repartiendo ingentes cantidades de dinero. El presidente de la CIDOB Adolfo Chávez reiteró que el Ejecutivo y YPFB compran a dirigentes para que autoricen la explotación de recursos naturales en sus territorios.

Quispe denunció que el gobierno de Morales soborna a algunos dirigentes de las organizaciones sociales con fondos de la Cooperación Española administrados por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Campesinas y Comunidades Interculturales de Bolivia (Coincabol).

“Coincabol es un apéndice del Fondo Indígena, encabezando por el señor Freddy Condo y de ahí viene el control político”, aseveró Quispe e señaló que los operadores del gobierno son los senadores Isaac Ávalos y Fidel Surco, ex dirigentes campesinos.

El diputado opositor Adrián Oliva denunció que seis días antes del frustrado gasolinazo de diciembre de 2010, la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo entregó 1.400 millones de bolivianos al Pacto de Unidad integrado por gremios campesinos afines al MAS.

Notas:

[1] En su 141 período ordinario de sesiones, del 21 de marzo al 1 de abril de 2011, la CIDH recibió información alarmante sobre el grave impacto del cambio climático ocasionado por actividades humanas sobre el goce de los derechos humanos. El fenómeno afecta especialmente a regiones de montañas, donde el deshielo, la pérdida masiva de glaciares y los aumentos en la temperatura media global dificultan el acceso al agua, reducen la producción de alimentos y crean nuevas enfermedades. Por otro lado, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos con el fin de dar mayor visibilidad a la importancia del su trabajo. El relator encargado es el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez.  Se aprobó un borrador de reforma del Artículo 11 de su Reglamento, abierto para la consulta y comentarios de los Estados y de la sociedad civil hasta el 1 de junio de 2011. Por otro lado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó el crimen contra el periodista Héctor Francisco Medina Polanco, administrador y presentador del canal Omega Visión, la noche del 10 de mayo en Morazán, departamento de Yoro en Honduras. La Relatoría Especial manifestó su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer los 11 homicidios cometidos contra comunicadores en Honduras desde 2009.

[2] Un informe de la Fundación UNIR documentó los casos registrados en el último año. La Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (CODERIP) exigió el cumplimiento de varios convenios sobre conservación ambiental y la aprobación de proyectos que mitiguen la contaminación minera de los recursos acuíferos del sur de Oruro. En Challapata se movilizaron para que se prohíba la actividad minera que amenaza la producción agrícola y pecuaria, la base de su economía. La Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO) se declaró en huelga de hambre en rechazo a cualquier solución que implicara pérdida de territorio orureño.  Comunarios del Jach´a Suyo Pakajaqi en La Paz también demandaron atención de las autoridades por los altos niveles de contaminación minera en la zona. Comunarios de Valle Nueva Subcentral Tacacoma en La Paz pidieron a la gobernación paceña la concreción de varios convenios de protección ambiental y exigieron a la Cooperativa Minera Frutillani que mitigue los efectos contaminantes de su actividad en la zona. La Federación de Trabajadores Campesinos e Indígenas de la Chiquitania exigió la reversión de las concesiones mineras de la brasileña Votorantim Metais y la reversión de la TCO Pantanal-Otuquis que estaría habitada únicamente por comunidades campesinas.

[3] El 3 de abril de 2008, YPFB y PDVSA firmaron un contrato para la exploración de reservas de hidrocarburos en los bloques Sécure, Madidi, Chispani, Lliquimuni y Chepite, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni.  Cuatro de los cinco bloques concesionados YPFB-Petroandina SAM afectan directamente a la reserva Pilón Lajas y al Parque Madidi.  Por Ley 3911/08 se autorizó la exploración y explotación de hidrocarburos en la Reserva Pilón Lajas y el Parque Madidi, vulnerando el derecho a la consulta de los pueblos originarios mosetenes, lecos, tacanas y chimanes.

[4] Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Organización del Pueblo Indígena Leco y Comunidades de Larecaja (PILCOL), Consejo Regional Tsimane Moseten (CRTM), Pueblo Indígena Quechua Tacana de San José de Uchupiamonas (PIQT-SJU), Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA), Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM), Comunidad Agroecológica Mosetén de Palos Blancos (COPAB) y comunidad Esse Ejja de Eyiyoquibo.

[5] http://hidrocarburos.gob.bo/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=938:procesos-de-consulta-y-participacion-

[6]  Aproximadamente medio millar de representantes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (C-PIB), Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B), CIPOAP (Central Indígena de Pueblos Amazónicos de Pando) iniciaron la marcha en Trinidad con rumbo a la ciudad de La Paz. Exigían 12 escaños para 34 pueblos originarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional y el respeto del derecho a la autonomía indígena y a la consulta previa. Ministros y autoridades denigraron al “movimiento político aliado de la derecha”. Morales retrucó que “la derecha está usando a algunos hermanos dirigentes para pedir algunos temas que son innegociables. Imagínense, ¿cómo es posible que las tierras fiscales o parques nacionales pasen a manos de indígenas ya sean del oriente o del occidente?”.