El cacique de la comunidad indígena Joaquín Pérez denunció los intentos de despojo y la persecución judicial de que fue víctima Carlos Florencio Arce, un anciano de 88 años de edad, en los últimos días. El abuelo Arce, precisó la nota, fue imputado por el delito de apropiación de propiedad y denunciado por los verdaderos usurpadores, que "a través de ardides colonizadores pretenden despojarnos de nuestros territorios".
rnrn
Pérez explicó que el anciano fue notificado injustamente en varias oportunidades por la fuerza pública para que declarara en la sede del tribunal, pero al encontrarse imposibilitado de caminar enviaron un fiscal a su casa para cumplir el trámite. Es imposible que este abuelo de 88 años de edad pueda usurpar sus propias tierras, aquellas reclamadas por terceros desconocidos, quienes dicen ser dueños de títulos de propiedad, argumentó. El cacique alertó así del avance sobre tierras pertenecientes al pueblo Lule de diversos sectores empresariales y eclesiásticos, en lo que "entendemos como una segunda colonización por parte de varios terratenientes allegados a la Justicia". Ubicada a unos 80 kilómetros de la capital tucumana, la comunidad indígena El Nogalito ocupa cuatro mil 500 hectáreas utilizadas para el pastoreo de animales y la conservación de bosques naturales. Mas, la historia de usurpación vivida ahora por el abuelo Arce es sólo un capítulo más de muchas padecidas por los pueblos originarios argentinos. Muchos aquí recuerdan los violentos desalojos sufridos en 2009 por 40 familias de la comunidad Quilmes en Colalao del Valle, o la muerte -a manos de tres individuos armados- de un integrante de la comunidad Chuschagasta, en el departamento de Trancas, Tucumán. En noviembre del pasado año, el foro de los pueblos indígenas repudió la brutal represión de que fueron víctimas los tobas de la Comunidad Qom Navogoh (La Primavera) en Formosa, cuando fuerzas policiales intentaron desalojarlos de una ruta tomada en reclamo de tierras, con saldo de cuatro muertos. "Estamos en un nuevo tiempo que los cultores de la propiedad privada no quieren entender: es tiempo de liberación de los pueblos, porque necesitamos salvar a nuestra madre naturaleza de la depredación de los destructores de la vida", señaló entonces la entidad. En su denuncia, el foro mencionó la existencia de dos responsables: el primero, los invasores terratenientes que han venido arrinconando cada vez más al pueblo Qom y manipulan el poder político, económico y judicial, liderados por el propio gobernador de la provincia, Gildo Insfrán. Como segundo responsable señalaron al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), "que no cumple con las políticas públicas para pueblos originarios" definidas en la Constitución, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley número 26.610, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena. La aprobación de esta ley en el año 2006 fue resultado de la lucha de los pueblos indígenas y de la denuncia de los violentos desalojos, y generó no sólo una gran expectativa, sino también la posibilidad de un cambio. Según como se implemente, alertaron entonces los especialistas, significará legalizar el despojo o será el punto de partida hacia una solución de las demandas de territorios y autonomía. Transitando hacia el camino de la verdad Poco antes de los festejos por el Bicentenario de la Independencia, la presidenta Cristina Fernández recibió en la Casa Rosada a los principales referentes de 20 mil personas pertenecientes a 30 pueblos originarios que colmaron la Plaza de Mayo en reclamo de sus derechos y reivindicaciones históricas. La concentración en la emblemática plaza puso fin a la Marcha de los Pueblos Originarios "Transitando hacia el camino de la verdad" -Qapac Ñanta Purista-, que recorrió buena parte de la geografía argentina. Los líderes indígenas entregaron a la dignataria para su consideración el llamado "Pacto del Estado con los Pueblos Originarios para la creación de un Estado Plurinacional" que sugería, entre otras, la eliminación en el calendario oficial del feriado del 12 de octubre, llamado Día de la Raza. En septiembre último, la jefa de Estado presentó un proyecto de ley para el reordenamiento del calendario de feriados (luego aprobado por el Legislativo), según el cual a partir de este año Argentina dejará de conmemorar el Día de la Raza y en su lugar festejará el Día del respeto a la diversidad cultural. Cuando esa fecha llegue, será no sólo de celebración, sino también para examinar el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios -cuya preexistencia étnica y cultural reconoce la Constitución-, por ahora vulnerados con casos como el del injustamente acusado abuelo Arce, del pueblo Lule. El clamor olvidado de los indígenas argentinos
rn
Dentro del territorio argentino habitan 28 pueblos reconocidos como descendientes de originarios e intentan preservar particularidades vinculadas estrechamente a su identidad, que van desde creencias, vestimenta e idioma hasta la cultura en general. Sin embargo, la historia los fue desplazando con banderas colonizadoras y poco a poco perdieron todo, incluso tierras y costumbres. Un ejemplo claro de ello es la Comunidad Qom ("persona humana", en su idioma). Durante el 2010, los Qom iniciaron en la norteña provincia de Formosa (limítrofe con Paraguay), un reclamo histórico a favor de la devolución de sus tierras que tanto el Estado (provincial y nacional) como particulares vienen usurpándole. Originalmente, representantes de este pueblo cortaron parte de la ruta nacional 86, hasta que el 23 de noviembre pasado se produjo un enfrentamiento con la policía formoseña, el cual terminó con la vida de Roberto López y dejó a varias mujeres, ancianos y niños heridos y desprotegidos. Félix Díaz es el vocero de esa comunidad y fue la persona elegida para realizar las denuncias y los reclamos en Buenos Aires, en forma inmediata. Al no recibir respuesta favorable de las autoridades, los Qom decidieron realizar un acampe en las céntricas Avenida de Mayo y 9 de Julio, en esta capital, para elevar un reclamo que -afirman- está amparado por la Constitución Provincial y Nacional. Daniel Cabrera, un miembro de la comunidad y responsable del improvisado campamento, cuenta que están próximos a cumplir cinco meses en la misma situación. Ante la falta de respuesta a su demanda, el 25 de abril último iniciaron una huelga de hambre que concluyó el 2 de mayo tras ser recibidos por el ministro argentino del Interior, Florencio Randazzo. En total "fueron 15 los hermanos que se sumaron a esta medida de fuerza después de presentados cuatro petitorios", explicó Cabrera. Amancio Olaire, miembro de la Comunidad, explicó que el encuentro con Randazzo duró cinco horas y de allí salió creada una comisión que intentará dar garantías tanto de seguridad como de legitimidad. Además, acordaron volver a reunirse el próximo 9 de mayo en la Casa de Gobierno para evaluar los posibles avances en el tratamiento del tema. Sin embargo, alertó, hasta tanto no se observen resultados reales el campamento, donde permanecen 47 adultos y seis niños, no será desmantelado. En Formosa todos los indígenas son olvidados, no tenidos en cuenta, dice Cabrera, quien asegura que la causa de los Qom cuenta con el respaldo de otras comunidades indígenas. "La huelga de hambre se levantó, pero el acampe continua. Es doloroso, pero es así, y pedimos el apoyo de cada indígena latinoamericano", dice enfáticamente. Los Qom denuncian igualmente que son perseguidos tanto en Buenos Aires como en Formosa, donde sus familias reciben amenazas y la policía de Laguna Blanca -afirma Olaire- recorre la comunidad en autos con cristales polarizados y sin patente (placas). De este modo, el campamento instalado hace ya cinco meses en pleno centro de esta urbe es una expresión, una acción concreta ante el silencio de los dirigentes políticos de Formosa y del gobierno nacional. Las tierras reclamadas por los Qom pertenecen a la jurisdicción de Laguna Blanca, Formosa; son mil 300 hectáreas, de las cuales 600 el gobierno provincial intentó cedérselas a una familia que nada tiene que ver con los pueblos originarios. El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Argentina reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y exige garantizar el respeto a su identidad; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Prevé además regular la entrega de otras actas y suficientes para el desarrollo humano y estipula que "ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos". Mas, pese a algunos cambios positivos -aunque escasos- persiste un desinterés abrumador por parte de las autoridades respecto al destino de los pueblos originarios, lo cual castiga a miles de personas adultas y niños. Principalmente estos últimos se encuentran muy afectados por la falta de escuelas bilingües, obligados a recibir una formación que poco tiene que ver con la familia y los orígenes. * Corresponsal-jefe de Prensa Latina en Argentina y periodista colaboradora de Prensa Latina.
