El 1 de abril la CIDH emitió la Medida Cautelar 382/10 a favor de los indígenas de Arara de la Volta Grande do Xingu; Juruna de Paquiçamba; Juruna del "Kilómetro 17"; Xikrin de Trincheira Bacajá; Asurini de Koatinemo; Kararaô y Kayapó de la tierra indígena Kararaô; Parakanã de Apyterewa; Araweté del Igarapé Ipixuna; Arara de la tierra indígena Arara; Arara de Cachoeira Seca; y de las comunidades indígenas en aislamiento voluntario de la cuenca del Xingu.
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La faraónica obra que el gobierno de Brasil pretende construir en el río Xingu se convertiría en la tercera represa más grande del mundo, con una potencia de 11.200 mw y a un costo aproximado de 11 mil millones de dólares.
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La CIDH exige realizar "procesos de consulta, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Brasil, y da plazo de 15 días al gobierno brasileño para que informe sobre el cumplimiento de la resolución.
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La decisión de la CIDH respondió a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), y la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global.
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Según la denuncia, las comunidades indígenas no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto, que si se lleva a cabo causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y daños en una de las regiones de mayor biodiversidad en el Amazonas.
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La CIDH también pidió a Brasil que adopte medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra.
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La represa ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, científicos, investigadores y expertos de agencias federales brasileñas. Un informe del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) revela que hasta abril se cumplieron solo cinco de las 40 condiciones socioambientales exigidas para el inicio de obras.
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“La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales”, dijo Antonia Melo del MXVPS.
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“La decisión de la CIDH de la OEA es una alerta para el gobierno de Brasil y de todos los países de la región para que discutamos ampliamente entre todos este modelo de desarrollo autoritario y altamente predatorio que se está implementando en el hemisferio”, afirmó la co directora de AIDA Astrid Puentes.
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“Son muchos los casos de desalojos forzados de familias que nunca fueron indemnizados, grandes impactos ambientales, destrucción social de comunidades y aumento de la violencia y pésimas condiciones de trabajo alrededor de los trabajadores de obras”, afirmó Puentes, citando algunos conflictos socioambientales ocasionados por grandes obras del Programa de Aceleración de Crecimiento del gobierno.
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Se estima entre tres y cinco millones de indígenas vivían en Brasil antes de la llegada de los conquistadores portugueses. Pero las enfermedades, la violencia y los desalojos los redujeron a unos 350 mil repartidos en unas 200 etnias, con 110 lenguas diferentes, y la mayoría de ellas con menos de 400 hablantes, reporta el periodista Alejandro Gómez, corresponsal de Prensa Latina en Brasil. Entre las etnias nacionales destacan al guaraní y yanomami, con decenas de miles de miembros, y en el lado opuesto, con unas pocas docenas de integrantes, están los akuntsu y los kanoe.
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Gómez afirma que los territorios indígenas se han reducido por la codicia de empresas madereras, grandes ganaderos y el agronegocio, sin descartar las obras realizadas por el gobierno.
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Directores de Asuntos Indígenas de los países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) discuten la promoción de políticas públicas de protección de los pueblos originarios, con el apoyo de la FUNAI de Brasil.
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Los responsables de los asuntos indígenas de la región amazónica, donde se encuentra el 98 por ciento de las tierras de las comunidades aborígenes, pretenden compartir informaciones y la capacitación técnica.
