La Constitución de 1992, en su capítulo quinto referido a los pueblos indígenas, plantea en su artículo 64 que estas comunidades "tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficiente para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida".
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Y añade que el Estado les proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán "inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas", además de que estarán exentas de tributo. Visto así, pareciera que la propia letra de la Carta Magna constituiría la solución de ese problema y de otros más actuales, que identifican en el presente a estas etnias como las más relegadas y discriminadas. La población actual indígena paraguaya es de 108 mil 308 personas y la conforman 20 etnias pertenecientes a cinco familias lingüísticas, según datos del 2008. Estas son Guaraní, Zamuko, Maskoy, Mataco Mataguayo y Guaicurú, las cuales están distribuidas en las regiones oriental y occidental del país, y representan tan sólo el 1,8 por ciento de la población nacional. Cada una de esas familias lingüísticas están dividas, a su vez, por grupos, con la excepción de los Guaicurú, que está constituida por un sólo pueblo: los Toba Qom. Varían también las costumbres, idiomas, tradiciones culturales y número poblacional, siendo los Avá Guaraní, Paî Tavyterã, Mbya, Nivaclé, los de mayor censo y Guaná, Manjui, y Tomáraho, los de menor población. Los datos oficiales más recientes indican que los indígenas están asentados en el 91,5 por ciento en las áreas rurales, aunque etnias como los Maká, Maskoy, Guaraní Occidental y Nivaclé tienen una presencia significativa en zonas urbanas. El Registro de Comunidades Indígenas tiene inscritas 550 de esas entidades, de las cuales 417 poseen personalidad jurídica, otorgadas por decreto presidencial, y tienen capacidad para recibir títulos de propiedad comunitaria. De acuerdo con el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), existe un estimado de que aproximadamente el 60 por ciento de esas comunidades tienen títulos de propiedad. Visualización de un problema María Luisa Duarte, del departamento de Cultura del INDI, relató a Prensa Latina la fuerte lucha iniciada en la década de los años 70 por la reivindicación de los pueblos originarios, con lo cual surge la primera organización nacional nativa: la Asociación de Parcialidad Indígena (API). Fue una lucha grande, recordó, porque ocurrió durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y a partir de ahí "comenzó a visualizarse la problemática a nivel nacional, tanto para la parte oriental como occidental del país, los guaraníes y no guaraníes". Las primeras manifestaciones de lucha, dijo, partieron también de un grupo de gentes estudiosas de la cultura indígena, antropólogos, sociólogos, que apoyaron y motivaron a los originarios para el surgimiento de esa primera organización. Esta mujer Aché, de la familia lingüística Guaraní, lleva más de dos décadas trabajando en el INDI y pronuncia en perfecto español la palabra exacta para calificar y evaluar la problemática de su pueblo y la de "los hermanos". Entonces -añadió- comienza a visualizarse la gran necesidad de la tierra, con los desplazamientos de los aborígenes dentro de sus propias parcialidades. El indígena va siendo desplazado de sus territorios ancestrales a partir de la década de los 60 del siglo pasado, sobre todo en la región oriental del país con las grandes explotaciones madereras, indicó. Duarte explicó que con el nacimiento de la API se "fuerza al Estado paraguayo a crear un ente especial y atender la realidad de los originarios, y es cuando surge el Instituto Nacional del Indígena con una orientación definida". Esta entidad fue creada por la Ley 904 de 1981 y tiene por objetivo principal establecer y aplicar políticas públicas y programas dirigidos a los pueblos indígenas. Para la también miembro del Consejo de la Nación Guaraní, la lucha por la tierra se inició de dos formas: mediante las compras o expropiación a favor de las comunidades nativas, y es cuando nacen en el país los primeros asentamientos con título de propiedad, acotó. Con el tiempo la situación se fue agudizando y empieza una gran disputa por la tierra ante el alto costo por hectárea "que comenzó a dispararse" y la explotación por los empresarios agro-exportadores de grandes extensiones en las zonas más productivas de Paraguay. En la medida que se fueron comprando las tierras, manifestó, se fueron asegurando las comunidades indígenas, pero germinó otro problema con la invasión a esos territorios por parte de los campesinos. "Ese también fue otro problema, factor determinante, que sufrieron con el tiempo los indígenas", mencionó. La dirigente guaraní considera que lo más importante es la recuperación de las tierras porque sin recuperarlas de nada sirve entonces planificar, si no tienen el territorio asegurado. Todo se basa en la tierra, ella es muy importante y determinante para la comunidad indígena, aseguró. Un criterio similar, pero con matices, es el que aportó sobre la problemática Amada Báez, técnica del Instituto Nacional del Indígena de Paraguay. Ella, también con 20 años de experiencia en la institución, afirmó que "el problema indígena en Paraguay no es el problema de la tierra, sino de asistencia a las comunidades". Hay comunidades que tienen bastante tierra, y es verdad que a otras les falta, pero "si se implementaran programas de gobierno, de desarrollo sustentable, ellos no estarían mendingando por las calles". En todas las reuniones insistimos en eso, se necesitan programas y proyectos que se implementen en las comunidades, insistió. A ellos se les da tierra -explicó- "se les tira allí" y esa no es la solución porque lo que necesitan es asistencia hasta que sean suficientes en producción agrícola, ganadería y reciban ayuda y apoyo constante de los técnicos. En su criterio "cada vez hay más indígenas en las calles porque se gasta muchísimo dinero en llevarlos a los comunidades y antes de que regresen los compañeros ya ellos (los indígenas) están de vuelta. Hace años que se está haciendo eso y no es la solución", remarcó. El INDI hace lo que puede, pero creo que la responsabilidad del tema indígena no es solo de nosotros, sino de todas las instituciones involucradas porque sólo no se puede hacer nada. "No hay un compromiso serio en el tema indígena, enfatizó, nadie se quiere hacer responsable". Báez aseveró que "nadie quiere trabajar con los originarios por discriminación, se les discrimina muchísimo, nosotros los blancos los discriminamos, es esa la realidad". Ellos tienen su cultura, son diferentes, tienen otra forma de ver el mundo y eso no queremos aceptarlo, "no les dejamos ser diferentes, si los dejáramos ser diferentes a lo mejor muchas cosas se solucionarían", afirmó. Interrogada sobre el por qué los indígenas abandonan sus comunidades, la especialista dijo que son muchas las razones. Ante la muerte de un familiar por problemas internos en las comunidades ellos, por cuestiones culturales, muestran poco apego a las cosas materiales y abandonan sus chacras, cultivos y se van a otro lugar a empezar de nuevo, explicó. Ellos por naturaleza son nómadas, si hay un problema que los afecta y no lo pueden resolver, tranquilamente se van, manifestó. "Lo que se necesita es una política pública con el indígena y para el indígena, es decir, la participación real de los indígenas en la autodeterminación de los pueblos", sostiene María Luisa Duarte. Eso es una deuda pendiente porque aquí ocurre que un gobierno genera cambios, avances muy importantes, pero luego viene otro y lo modifica todo, entonces hay que empezar de cero otra vez. Nunca puede llegar un programa a su final y no tienes posibilidad, inclusive, de analizar si hiciste o no bien tu tarea. Siempre se ha trabajado con el asistencialismo, opinó. La líder guaraní señaló que "en estos momentos la orientación de la presidencia del INDI es trabajar con programas y proyectos que sean propuestos por las propias comunidades, para conocer cuáles son sus necesidades básicas". Una esperanza Con la política del gobierno de Fernando Lugo sobre la restitución de Derechos Territoriales a los Pueblos Indígenas se han logrado adquirir y transferir títulos de propiedad a un importante número de esas comunidades. El pasado año se otorgaron con la correspondiente seguridad jurídica 155 mil 218 hectáreas de tierras, pero existen aún reclamos pendientes demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Mi gobierno priorizará los problemas indígenas", expresó Lugo en 2009 en ocasión de inaugurar la primera fase del Programa Nacional de Atención a los Pueblos Indígenas. Según Duarte, un estudio realizado entre el 2004-2006 reveló que el INDI necesitaba unos 20 millones de dólares para solucionar el problema de la tierra y el resto de los programas para su desarrollo. En los dos últimos años hay cosas que avanzan y otras no, por ejemplo, según datos del 2008 el 41,7 por ciento de los recién nacidos indígenas están con tendencia a desnutrición avanzada, recordó. Entonces, dijo, surge un problema con el tema de la seguridad alimentaria, "si no existe un programa de seguridad alimentaria del Estado con las comunidades, que tenga una sostenibilidad, el problema va a ser tremendo". Hoy día no es sólo la tierra, a partir de ella surgen varias reivindicaciones en salud, educación, derechos, desarrollo. El indígena necesita ser apoyado de forma permanente, constante, apostilló. En ese sentido, consideró que existen varios elementos que permiten visualizar la problemática. Por un lado, "aparentemente se está caminando muy bien, pero por otro los resultados indican otras cosas. Hay que estar atentos y alertas ante eso", expresó. Los problemas no sólo son responsabilidad del INDI, tiene que ser un frente del Estado, aportando todos juntos para poder realizar un cambio real, para que las acciones tengan efectividad, porque solos es muy difícil, opinó la funcionaria. Mujeres rurales e indígenas piden cumplir promesas La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) pidió hoy al gobierno paraguayo cumplir las promesas que, el 20 de abril de 2008, lo llevó al poder gracias a la acción popular. Esta organización femenina emitió este miércoles un comunicado a propósito de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia Nacional, a conmemorarse el sábado y domingo. En el texto la Conamuri señala que para las mujeres de la clase trabajadora, sobre todo las campesinas y las indígenas, no existe motivo alguno para celebrar. Más -indica- "cuando tenemos certeza de que la independencia de nuestra patria terminó el 1 de marzo de 1870, con la muerte del Mariscal Francisco Solano López". La organización califica esa fecha de infausta para la nación paraguaya porque "comenzó a conocer el camino de catástrofes y despojos por donde lo lleva, hasta el día de hoy, el imperialismo". El documento menciona que con un presupuesto insuflado, para el contexto de la celebración, el gobierno pretende reivindicar la presencia histórica de los Próceres de Mayo mediante "programas que despiertan emociones superficiales e inmediatas, carentes absolutamente del acento patriótico que deberían tener". La Conamuri se pregunta cómo festejar 200 años de independencia nacional cuando las poblaciones indígenas se encuentran abandonadas a su suerte, expulsadas de sus tierras por los monocultivos de soja, sin los servicios básicos de luz y agua para vivir dignamente. De qué soberanía hablamos -interroga- cuando los campesinos, en medio de miles de hectáreas de tierras mal habidas, "sufren represiones al resguardo de leyes creadas para criminalizar la lucha social, como la Ley Antiterrorista, la cual sirve más bien para justificar las violaciones contra los derechos humanos". Las mujeres rurales e indígenas cuestionan las razones para hablar de independencia si todavía hay "una configuración política que impide el avance de la clase trabajadora hacia la conquista de sus derechos legítimos". Ello, estiman, obedece a que "seguimos en la subordinación del gran capital y el mercado externo, generados por el neoliberalismo". No podemos acompañar esta coyuntura de festejos sino apenas con un firme anhelo de echar por tierra los espejitos de ilusiones pasajeras que nos impiden entender la realidad, subraya el documento.
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Originarios paraguayos reclaman a gobierno entrega de tierras Líderes indígenas exigieron hoy al gobierno paraguayo el cumplimiento de una sentencia internacional sobre la legalización y entrega de tierras a tres comunidades originarias del Chaco. Los nativos sostuvieron este miércoles un encuentro con el presidente Fernando Lugo en la sede del Comando en Jefe, para reclamar la vieja demanda de las colectividades Yakie Axa, Sawhoyamaxa, Xamok Kasek. El dirigente indígena angel Vera declaró a periodistas que el Estado paraguayo no resuelve esta situación, pese a la existencia de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Nunca se lleva a cabo y eso para nosotros es un atropello al derecho positivo del pueblo indígena", señaló en información divulgada por la Presidencia de la República. Manifestó que hasta la fecha no se cumple con la legalización de las tierras, por eso, dijo, hablaron con el Presidente para crear un equipo, del cual formen parte ellos, y gestionar "la legalización de las tierras y territorios de las comunidades indígenas". Las colectividades que aún esperan por la legalización de sus tierras suman 98, aseveró el líder originario. Vera aseguró que Lugo tiene muy buena predisposición de resolver el asunto, pero advirtió que "no depende de él", porque existen otros poderes del Estado en ,os cuales no se tienen en cuenta los derechos de los nativos. Otras de las demandas al gobernante fue la de participar de manera activa en los programas y proyectos impulsados por el Instituto Nacional del Indígena. El pasado lunes un grupo numeroso de indígenas, entre ellos mujeres y niños, de varios departamentos invadieron la céntrica Plaza Uruguaya, en Asunción, para reclamar la legalización de sus tierras y no se marcharán hasta obtener un resultado que avale sus derechos, dijo la fuente.
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* El autor es corresponsal de Prensa Latina en Paraguay.
