De esta forma, el presidente de la FENAMAD formuló un llamado a los hermanos y hermanas indígenas a “no creer en políticos tradicionales” porque significan más de lo mismo, además que ningún candidato presentó una agenda clara para los pueblos indígenas de la Amazonía y los andes.
Hasta el momento las encuestas señalan a cuatro candidatos con opción para pasar a las elecciones definitivas y Ollanta Humala se ubica con posibilidades serias de ganar lo que se anticipa como la primera vuelta. Más atrás se ubican el ex presidente Alejandro Toledo, la hija del ex mandatario Alberto Fujimori, Keiko Fujimori y el ex ministro de Economía Pedro Pablo Kuczynski. Luis Castañeda, ex alcalde de Lima, ostenta el quinto lugar en las preferencias.
Jaime Corisepa Neri, quien representa a 32 comunidades nativas de la región de Madre de Dios, señaló que “los partidos tradicionales no resolverán nuestros problemas…es evidente que, una vez más, nos tratan de hacer confundir y convencer para llegar al poder, disfrazándose como candidatos del pueblo, cuando no lo son”.
Según el dirigente indígena, perteneciente al pueblo Harakmbut, la desconfianza durante los últimos gobiernos creció y se ha profundizado más con el gobierno del APRA de Alan García, y duda mucho que la política económica (neoliberal) pueda cambiar en lo sucesivo con los candidatos de turno.
Para que un candidato gane en la primera vuelta necesita obtener el 50% más uno de los votos, situación que se anticipa no se presentará este domingo. Si no hay un ganador, los dos más votados definirán la elección en una segunda vuelta, prevista para el 5 de junio.
Uno de los principales candidatos de lograr la primera magistratura peruana es el dirigente nacionalista Humala, quien en 2006 perdió en la segunda vuelta y actualmente se lo acusa desde algunos sectores de tener ideas radicales que irían en contra del crecimiento económico. Esos temores fueron reflejados en la revista británica The Economist, que dedicó casi toda su sección Américas a las elecciones peruanas, con un artículo titulado "El riesgo de echarlo todo a perder". Sin embargo, el candidato de Gana Perú, hizo hincapié que respetará el orden democrático y que no buscará la reelección, en un mensaje dirigido a quienes buscan asociarlo con Hugo Chávez.
El último debate de los cinco principales candidatos confirmó a los sectores indígenas que no tienen ningún interés en resolver sus problemas. Señalaron que el pasado año Perúpetro adjudicó 14 lotes petroleros y superó los 100 contratos vigentes, superando todos los récords históricos del país, en apenas unos años, sobre una extensión de la Amazonía que comprende los hábitats de los indígenas en aislamiento voluntario, reservas comunales y territorios indígenas, reconocidos ancestral y legalmente, por leyes como el Convenio 169 de la OIT.
“Esta clase de política ya no se puede permitir porque nos ha hecho mucho daño, no podemos permitir que nos gobiernen para las empresas de poder económico, que compran a los candidatos para garantizar la explotación de los recursos naturales sin que nadie defienda los derechos humanos”, enfatizó Corisepa.
Hasta el momento no encuentran una posición clara entre los principales candidatos sobre el derecho al consentimiento, libre e informado, la política que se seguirá en materia de inversión en la Amazonía o sobre su inclusión en la agenda en temas de salud, educación o trabajo. “Los pueblos amazónicos y andinos tenemos fresca la memoria de los crímenes y la corrupción del fujimorismo, así como los grandes negocios turbios con las empresas mineras e hidrocarburíferas (Reserva Comunal Amarakaeri) y el gas de Camisea, de Toledo y PPK”, sostuvo Corisepa.
“Y del señor Castañeda, los escándalos de Comunicore y los presupuestos inflados de las obras realizadas que no justifican sus gastos; y ni hablar de Alan García, que tiene que pagar todo lo que hizo sobre la corrupción y los crímenes de lesa humanidad que pesan sobre él y su gobierno”.
Finalmente, Corisepa dijo que “en estas elecciones nos quieren convencer, que esta vez los pueblos olvidados seremos tomados en cuenta. Estos discursos políticos demagógicos, en lugar de discutir sobre el respeto de los derechos humanos, los territorios ocupados, así como la salud, educación y dignidad de los pueblos indígenas, son despreciados. Por eso advertimos no caer en el juego de los políticos tradicionales en estas recientes elecciones presidenciales”.
Demandas sobre industrias extractivas a candidatos presidenciales
(Mariátegui).- Diez y seis organizaciones de la sociedad civil que agrupa a expertos de diversas disciplinas se han unido para elaborar 28 propuestas y plantear demandas a los candidatos presidenciales en el plano político, social, ambiental y económico. “Urge que el nuevo gobierno establezca cambios para regular y fiscalizar adecuadamente la explotación de los recursos naturales y la gran inversión. Hay graves impactos sociales, ambientales y económicos que demuestran que la política actual centrada en el extractivismo tiene que revisarse”, señaló la coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) Alejandra Alayza. Las concesiones mineras, ubicadas principalmente en comunidades campesinas, crecieron de 2,3 millones de hectáreas en 1991 a 19,8 millones en 2010 a la par que los conflictos socioambientales que en un 76% están vinculados a la actividad minera y de hidrocarburos. El 80% de los lotes de hidrocarburos están superpuestos sobre derechos de comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y sin embargo desde mayo de 2010 sigue sin promulgarse la ley de consulta previa a los pueblos indígenas que contribuiría a prevenir los conflictos sociales. En lugar de garantizar el derecho a la consulta y la participación, el Ejecutivo ha aprobado entre 2006 y 2009, 246 decretos de urgencia para flexibilizar y facilitar proyectos de inversión privada relacionados a las industrias extractivas como la construcción de infraestructura en puertos o carreteras, pero que no toman en cuentan en muchos casos las implicaciones ambientales y sociales. “Hay un modus operandi desde el Ejecutivo que trasgrede la Constitución porque muchos de estos proyectos no califican para ser considerados de interés nacional y tampoco la excepcionalidad de emergencia“, señaló Antonio Zambrano de Forum Solidaridad. Los costos ambientales también deben contabilizarse en las ganancias económicas generadas por las industrias extractivas y los megaproyectos. César Gamboa de DAR señaló como ejemplo que el proyecto Inambari generará un canon hidroenergético anual de US$59 millones pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los US$90 millones según el propio Ministerio del Ambiente. Por los 30 años que dure la concesión de Inambari la pérdida de bienes y servicios ambientales será de US$2.700 millones mientras que el canon de esos años US$1.770 millones. La diferencia bordea los mil millones de dólares. “Necesitamos internalizar los costos de esas pérdidas de ecosistemas frágiles, de flora y fauna, para establecer un criterio de sostenibilidad y equidad antes de apostar por estos proyectos de inversión”, aseguró Gamboa, quien consideró que el nuevo gobierno debe establecer cuál es la demanda energética del país en 20 o 30 años para no exportar recursos en cantidades que resultan perjudiciales para el país como sucedió con el proyecto gasífero Camisea. No podemos poner en riesgo la seguridad energética del país”, agregó. El próximo gobierno debería aplicar medidas tributarias para aumentar la participación del Estado en las rentas extraordinarias del sector minero para redistribuir de manera justa los beneficios con la población, señaló Epifanio Baca de Propuesta Ciudadana. En 2010, las utilidades netas de las principales empresas mineras aumentaron en 35.5% en relación al año anterior. La rentabilidad de estas compañías creció de 37% en 2009 a 41% en 2010. El motivo: entre 2001 y 2010 el precio promedio del oro, cobre y plata se disparó en cinco veces. Pero entre 2006 y 2010 el Estado dejó de recaudar S/. 2,457 millones por regalías mineras no pagadas por las empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria. El “Aporte Voluntario” tampoco ha resultado ser un buen mecanismo efectivo de redistribución porque a diciembre de 2010 sólo se ejecutó el 61% de sus recursos.“También debe replantearse la distribución del canon que se ha convertido en un generador de desigualdad entre las regiones porque hay algunas que se benefician más que otras”, agregó Epifanio Baca.
