Los demandantes expusieron los casos de la Minera Caudalosa (Huancavelica, Perú), el proyecto minero Corocoro (La Paz, Bolivia) y la Muriel Mining Corporation en Antioquia, Colombia, y presentaron fotografías de animales enfermos y ríos contaminados.

En el caso de Perú, Carlos Candiotti, del Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angares, denunció que el derrame de zinc, cobre, plomo, cianuro y otros metales ha causado «el daño más grave» de la historia de sus tierras. Según Candiotti, las aguas están «envenenadas», los animales «no tienen donde beber», «las plantas se están secando» y niños y adultos enferman más frecuentemente desde que ocurrió este desastre ecológico hace tres meses. Al menos 22.815 metros cúbicos de esos metales han contaminado los ríos Escalera, Tororapampa, Huachocolpa, Opamayo, Cicra y Urubamba, que desembocan en el río Mantaro. La delegación indígena boliviana denunció la contaminación de dos ríos tributarios del río Desaguadero, que ha afectado a comunidades del Jacha Suyu Pakajaqi, territorio ancestral de los Ayllus Aymaras.

«El agua es un ser vivo que ha permitido por años que se renueve nuestra vida. Ustedes no pueden permitir que nos priven del agua. Es por eso que hemos venido. Nuestro pueblo tiene sus esperanzas en ustedes», expresó Candiotti.

Javier Sánchez, de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), expuso cómo las actividades de la empresa estadounidense Muriel Mining Corporation, «han golpeado» el pueblo Embera y su «territorio sagrado». «Ha habido siete intentos de suicidio en el área y un bombardeo el 30 de mayo que supuestamente iba dirigido a paramilitares ha dejado parapléjico a un adulto y sin oído a un niño», aseguró.

Las denuncias coinciden con un momento de auge de la industria minera en Latinoamérica, que se ha recuperado con mayor impulso que otros sectores de la región y ha avanzado con más proyectos de exploración y compra de proyectos mineros, según el Banco Mundial.

Esa expansión choca con las reivindicaciones de pueblos indígenas que exigen que se les consulte antes de cualquier intervención en su territorio, de acuerdo con el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y declaraciones de las Naciones Unidas.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y ambientales solicitaron a la CIDH urgentes medidas cautelares para la suspensión de la hidroeléctrica Belo Monte en el Río Xingú, Pará, Brasil. Argumentan graves e irreversibles amenazas a los derechos de por lo menos cuatro comunidades indígenas y ribereñas por la construcción inminente de la que sería la tercera represa más grande del mundo.

La petición fue presentada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), Justiça Global, Prelazia do Xingu, la Sociedad Paranense de Derechos Humanos (SDDH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con la participación de más de veinte organizaciones y movimientos sociales que la apoyan.  “A pesar de la gravedad e irreversibilidad de los impactos de la obra para las comunidades locales, no fueron realizadas medidas adecuadas para garantizar la protección de los derechos y del ambiente” concluye la petición.

«El gobierno afirma que los Juruna no serán afectados, pero no lo creemos. No fuimos consultados y no queremos que hablen por nosotros. Estamos en contra de esta represa y estamos empeñados en la lucha con nuestros cuerpos y almas para defender nuestra vidas y la vida de nuestro río», afirmó Sheyla Juruna indígena de los Juruna do km 17.

La denuncia destaca los inminentes impactos para las comunidades Arroz Cru, Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17 y Ramal das Penas, entre otras. También resalta problemas graves como el posible desplazamiento forzado, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, amenazas a la seguridad alimentaria, al acceso al agua potable, a la vida, la supervivencia y al ambiente.

Uno de los principales problemas es que el gobierno no tiene certeza de los impactos a las comunidades del Río Xingú. La petición se fundamenta en informes de órganos federales como el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA) y el Ministerio Público, así como en opiniones técnicas de especialistas. Estos concluyen que Belo Monte ocasionaría el aumento de enfermedades y de la pobreza en la zona, además de causar la llegada masiva y desordenada de migrantes que sobrecargarían los precarios servicios públicos de la región, entre otros.

“Nos preocupa la manera en que el gobierno de Brasil está ignorando los estándares nacionales e internacionales para acelerar este proyecto, aún a costa de los derechos humanos y del ambiente”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Seguir adelante sin tomar las precauciones requeridas por la normatividad internacional resultaría en la afectación de miles de personas y la destrucción irreversible de una zona muy importante para el Amazonas y el mundo”.

Por tratarse de un pedido urgente de medidas cautelares por un riesgo de violaciones inminentes a los derechos humanos, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiría inmediatamente esclarecer los hechos al Estado brasileño. En caso de que la solicitud sea concedida, el Gobierno Federal deberá cumplir con lo ordenado por la CIDH en su resolución.

En otros casos de grandes proyectos de infraestructura en el hemisferio, la CIDH concedió medidas cautelares requiriendo la suspensión, entre otros, de la construcción de la gran represa Chan-75 en Panamá en 2009, y también la suspensión de un proyecto minero en Guatemala en mayo pasado, debido a las amenazas para los derechos humanos.

Preocupaciones de la CIDH

La CIDH manifestó su preocupación por los problemas estructurales en materia de derechos humanos que persisten en la región, relacionados con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial y el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.

La CIDH recibió con preocupación información sobre la persistencia de obstáculos estructurales que dificultan el goce efectivo del derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales y sobre el impacto de industrias energéticas y extractivas instaladas en sus territorios; sobre la discriminación que sufren las poblaciones afro-descendientes y la estrecha relación existente entre discriminación racial y uso excesivo de la fuerza policial; y sobre las condiciones infrahumanas en que viven las personas privadas de libertad en la mayoría de los países del continente.

Asimismo, recibió información alarmante sobre la persistencia de los asesinatos, hostigamientos y amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, y contra magistrados y otros operadores de justicia, así como sobre la continuidad de la práctica de autoridades estatales de utilizar expresiones que tienden a deslegitimar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos, llegando incluso a estigmatizarlas como colaboradoras de grupos terroristas o cuya finalidad es la desestabilización del Estado.

Preocupan profundamente a la Comisión Interamericana los efectos que dichas expresiones pueden generar sobre la seguridad de los defensores de derechos humanos.

De igual manera, la Comisión deplora que algunas personas que han concurrido a las audiencias de la CIDH durante 2010 a brindar testimonios o información, hayan sido víctimas de acciones de descrédito en sus países, en ocasiones por parte de autoridades de Gobierno. La Comisión reitera que estas personas deben gozar de todas las garantías necesarias y urge a los Estados a abstenerse de cualquier acción que pueda ponerlas en riesgo, así como cualquier represalia en contra de ellas.