No se trata de una demanda contra algún Ministerio, ni siquiera contra el propio Gobierno, por no cumplir o no hacer cumplir las normas e incluso las medidas internacionales a las cuales se adscribió Bolivia, sino que es contra todo el Estado. Esto de alguna manera refleja que todas las “reformas” estructurales que se empezaron a ejecutar desde que asumió el primer Presidente indígena bajo el denominativo de “revolución democrática y cultural” o no se cumplen o son propuestas simbólicas.
Se trata del primer reclamo internacional planteado por una de las organizaciones sociales que en algún momento se alineó detrás del Gobierno de Evo Morales. “Esta demanda ya fue admitida y ahora esperamos que nos inviten para la primera audiencia”, dijo Quispe. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en San José Costa Rica y es una institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernientes.
Quispe fue uno de los expositores invitados por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) y Oxfam para participar en el Foro Internacional: “Aplicación del Derecho a la Consulta Previa: experiencias, avances y desafíos para la construcción de la Ley de Hidrocarburos y Minería en Bolivia”. Los representantes indígenas y campesinos denunciaron que la consulta previa para la explotación de recursos naturales no se aplica, pese a que está definido en la nueva Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y principalmente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU a la que Bolivia se adscribió como el primer país en reconocer estos derechos.
Nelson Bartolo, secretario de Recursos Naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Nacional, señaló que la consulta es un derecho fundamental y debería ser un “deber” del Estado boliviano, pero “no se cumple” porque en los hechos no participan el momento de decidirse la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus comunidades. No conocemos nada de lo que se decide antes de emitirse la licitación y en algunos casos nos invitan para participar del segundo momento que es previo al estudio del proyecto, dijo.
Al igual que sus compañeros, Bartolo solicitó que se cumpla esta norma, pero fundamentalmente que se informe y coordine durante todo el proceso que implica el inicio de actividades exploratorias.
El director de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Omar Quiroga, salió al paso para señalar que hasta el momento se realizaron 12 procesos de consulta de 14 que se presentaron de forma exitosa. Sin embargo, reconoció que existieron “dificultades” en el proceso de exploración de recursos hidrocarburíferos en el bloque Lliquimuni, en el norte del departamento de La Paz, donde la empresa YPFB Petroandina inició los trabajos con una inversión programada de $us 93 millones. El bloque Lliquimuni está situado en las provincias paceñas de Larecaja, Sud Yungas y Caranavi, y los municipios Guanay, Apolo, Teoponte, Caranavi, Palos Blancos y La Asunta. Se trata de un trabajo que se realiza en casi cuatro millones de hectáreas (3.651.311), donde se tiene previsto perforar 17 nuevos pozos. Los representantes campesinos e indígenas que participaron en el evento señalaron este ejemplo, como uno de los tantos que se dieron en el país, donde no sólo se afecta la naturaleza, sino que además se dividen a las propias organizaciones sociales y se genera un impacto social de consecuencias impredecibles.
Precisamente cuando hacía uso de la palabra Bartolo, el presidente Evo Morales daba lectura a la carta que enviaba a los “hermanos indígenas del mundo”, donde expresaba su preocupación “porque se pretende utilizar a algunos dirigentes y grupos indígenas para promover la mercantilización de la naturaleza y en particular de los bosques” y se quejaba de que “cada día desaparece en el mundo una extensión de bosques y selva equivalente a 36.000 canchas de fútbol”, por lo que convocaba a “detener esta destrucción de nuestra Madre Tierra”.
Si bien centró su denuncia en la pretendida mercantilización de los bosques, no deja llamar la atención la aseveración de que “la naturaleza, los bosques y los pueblos indígenas no estamos en venta”, cuando fue precisamente el secretario de Recursos Naturales de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), Lorenzo Paredes, quien se quejaba de que la consulta previa para la explotación de recursos naturales no se ejecutaba y es “como si no existiera” esta norma. Dijo que “respaldan” el proceso iniciado por el primer Presidente indígena, pero pidió que se respeten sus derechos.
Denunció que el caso más preocupante es el de Lliquimuni porque afecta a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) de varias comunidades indígenas. Para conseguir la ficha ambiental (autorización para iniciar la fase de exploración) dividieron al sector indígena porque utilizaron a comunidades oficialistas, denunció.
En este sentido, anunció que presentaron un Recursos de Revocatoria para evitar que se continúe con los trabajos en el norte paceño y no descarta seguir el ejemplo del CONAMAQ de presentar una denuncia internacional.
Además, expresó el apoyo de su sector al ex cacique de la TCO Mosetén, Daniel Gigasi, quien denunció que fue expulsado por intereses empresariales para explotar los recursos maderables de su comunidad a lo cual él se había opuesto.
Los representantes indígenas señalaron que existen avances en la consulta previa, pero exigen que en la nueva Ley de Hidrocarburos que se está preparando se incluya sus demandas como el de participar “cuando se pretenda desarrollar cualquier actividad” extractiva, incluso previamente a la aprobación de cualquier medida legislativa o administrativa.
LA EXPLOTACIÓN MINERA NO RESPETA A LAS COMUNIDADES
Los representantes indígenas y campesinos denunciaron que el gobierno y las empresas no les presentan toda la información que ellos necesitan, e incluso ocurren casos donde ya les llevan el proyecto listo para que simplemente lo aprueben durante un “almuerzo”.
Los que menos participan en la política extractiva de los últimos gobiernos son los campesinos asentados en áreas de explotación minera. No por nada Rafael Quispe anunció el inicio de un proceso contra el Estado boliviano, porque prácticamente no se “realizó el derecho a la consulta previa”.
El dirigente solicitó que se apruebe una Ley Marco de Consulta porque en este rubro no se respeta siquiera las costumbres de decisión de las comunidades campesinas, aspecto con el que también coincidió el representante del Ministerio de Hidrocarburos, quien dijo que se aprendió bastante las formas de “entender la lógica de las organizaciones”.
Pero no solo son las empresas privadas las que incumplen las normas, ocurre lo mismo con la explotación de cobre en la planta de Coro Coro, que está ubicada en la Provincia Pacajes del departamento de La Paz, donde ya se registraron algunos problemas el momento mismo de la construcción de un dique de colas que inició la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol). El hecho dejó como saldo al menos seis personas con heridas múltiples producto de pedradas, luego de que un grupo de comunarios se reunió en el sector de Ninoca Wayojtata con el gerente técnico de la planta, Gustavo Choque, para recibir información del proyecto. Mientras este grupo recibía dinero en compensación por las tierras ocupadas por Comibol, llegaron al lugar comunarios de otras zonas con el fin de informarse; sin embargo, el hecho terminó en una pelea entre ambos bandos, denunció la originaria Carmen Martínez a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol.
Quispe denunció que la ficha ambiental se entregó en tiempo record de 72 horas, pero lo más grave –dijo- es que el discurso del presidente Morales de que el agua es un derecho humano prácticamente no se cumplió. “En Bolivia no se cumple lo que se dice”, protesto a tiempo de mencionar que otro tanto ocurre con San Cristóbal, donde se está utilizando agua subterránea a un costo altamente contaminante.
La autocrítica no se dejó esperar y según Pablo Ibañez, representante de la APG, los indígenas y campesinos deben superar lo “identitario” y pensar en lo nacional, es decir que las comunidades donde se realizan trabajos de extracción de recursos dejen de pensar en sus propios intereses y piensen más en los intereses nacionales, porque se están estableciendo en el país “enclaves feudales”.
No dejó de expresar sus críticas respecto al modo en que se está gobernando al afirmar que al nuevo Estado le faltan ruedas “porque las llantas están en otras manos”, por lo que propuso cambiar las leyes que fueron elaborados a favor de las “transnacionales” con la participación plena en la elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos, además que se respeten los derechos de los pueblos indígenas.
SUGERENCIAS
Mauricio Díaz, representante del CEJIS La Paz, señaló que es necesario lograr el “consentimiento” entre el Estado y las comunidades indígenas-campesinas en base al respeto a las representaciones sectoriales, el respeto al ejercicio de sus propias normas y el derecho a la libre determinación a la hora de definir los proyectos extractivos. En este sentido, el Estado debiera mejorar el relacionamiento con la comunidad antes de la relación empresarial, establecer mejores niveles de coordinación y mayor acceso a la información del proyecto. Y es que la consulta previa podría además elevar los niveles de Responsabilidad Social y Corporativa.
Bartolomé Clavero, miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, señalaba que ”para garantizar un proceso de consulta acorde con el derecho internacional tenemos que realizar dicha consulta teniendo en cuenta los siguientes principios: buena fe; Igualdad de oportunidades; Información previa, oportuna y adecuada; Veracidad de la información; Integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de consulta; Oportunidad; Participación; Transparencia; territorialidad; autonomía y representatividad a través de las instituciones propias; localidad y accesibilidad al lugar de celebración de la consulta; legalidad y obligatoriedad de la consulta; jerarquía; El principio de responsabilidad por la mala fe; y la libertad”.
Y que “el consentimiento como finalidad del proceso de consulta significa que el Estado debe organizar los procedimientos de tal modo que estén orientados al logro del consentimiento o acuerdo. Sin embargo, si aún instaurados dichos procedimientos de buena fe, no se logra dicho consentimiento o acuerdo, la consulta sigue siendo válida y el Estado está facultado a tomar una decisión”.
