Muy rara vez enfermó el Mandatario desde que asumió el mando en 2006. Sus nervios de hierro soportaron bien un intento de golpe cívico empresarial e innumerables conspiraciones mediáticas, pero se rindieron el miércoles de esta semana. Aquejado por náuseas, vómitos y otros males digestivos, el Presidente Morales tuvo que guardar reposo por prescripción médica y no pudo cumplir normalmente su agenda de trabajo en Palacio Quemado.
Según el vocero presidencial Iván Canelas, Morales comió algo que le sentó muy mal, pero las malas lenguas aseguran que el mandatario cayó postrado en cama por las rabias y las preocupaciones que lo atormentan en la peor crisis política de su administración.
Fue muy duro para el “primer presidente indígena” perder el apoyo de los pueblos originarios de tierras bajas que ahora se movilizan contra su gobierno. La marcha indígena hacia La Paz, además de echar por tierra el fundamento discursivo del “proceso de cambio”, que ya es mucho, también fracturó la unidad de los movimientos sociales que sostienen al recién estrenado Estado Plurinacional.
En dos décadas de permanente lucha, las organizaciones indígenas sufrieron la represión y la persecución de varios gobiernos neoliberales, y no es raro que también reciban palo del actual régimen nacionalista aindiado. Lo novedoso es que ahora los pueblos originarios soportan una doble arremetida, de las fuerzas represivas del Estado y de sus propios hermanos de lucha, en este caso la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa y otros gremios oficialistas que saltaron como fieras heridas para defender a su “hermano” y jefe espiritual Evo Morales.
El miércoles en Palacio de Gobierno, la burocracia campesina y una fracción del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq) reafirmaron su “apoyo militante e incondicional al proceso de cambio y al liderazgo del presidente hermano Evo Morales Ayma”, y fustigaron a los dirigentes indígenas de la CIDOB “financiados por ONGs y grupos de derecha” que utilizan la demanda autonómica para “enfrentar a indígenas y campesinos” y para “violar y deslegitimar la Constitución Política del Estado”.
Las seis federaciones de productores de coca de Chapare no permitirán que la marcha indígena “traidora del proceso” ponga un pie en esa región del trópico de Cochabamba, advirtió el dirigente cocalero y senador del MAS Julio Salazar. Combatiremos a los “conspiradores”, amenazó el jefe máximo de la CSUTCB Roberto Coraite.
A primera vista, la burocracia campesina sólo protege al gobierno y al “proceso de cambio”, aunque la ejecutiva de la Confederación de mujeres campesinas Leonilda Zurita, el senador Fidel Surco y otros militantes del MAS confesaron que los gremios oficialistas se declararon en estado en emergencia porque los indígenas exigen que todas las tierras fiscales se titulen sólo a favor de los pueblos originarios de tierras bajas.
“No puede ser que las tierras fiscales se queden en las manos de los indígenas, la tierra hay que repartirla equitativamente para todos”, reclamó Zurita, mientras que el ex líder campesino y actual senador del MAS Isaac Avalos sentenció: “Nosotros también tenemos derecho a la tierra igual que ellos”.
“Simplemente pedimos que nos reconozcan, que nos garanticen y legalicen nuestras comunidades ancestrales; estamos reclamando autonomías indígenas desde 1992, más de 20 años, y ahora queremos concretar nuestros sueños de tener una autonomía reconocida por el Estado Plurinacional, pero resulta que algunos hermanos campesinos, en especial nuestro hermano Isaac Avalos, nos acusa de ambiciosos”, respondió el diputado indígena Bienvenido Zacu (MAS), hastiado de las mentiras y acusaciones falsas de la burocracia sindical campesina.
Zacu recordó que “cuando (Ávalos) fue ejecutivo de la CSUTCB nunca presentó una demanda ante el gobierno para titular tierras de comunidades campesinas que eran sus afiliadas; ahora le miente al Presidente diciendo que los indígenas queremos revertir tierras sólo para nosotros. Le queda muy grande el cargo de senador; hasta ahí llegaron las acusaciones falsas y los insultos al movimiento indígena de tierras bajas…”.
Entretelones de la disputa por la tierra
Los campesinos se distanciaron de los indígenas por divergencias políticas, ambos bandos se declararon en guerra por intereses materiales concretos, y finalmente la disputa por la tierra fracturó la idílica alianza constitucionalizada con nombre de “movimiento indígena originario campesino”.
La CSUTCB denuncia que la reconducción comunitaria de la reforma agraria privilegió a los originarios de tierras bajas, creó un nuevo “latifundio indígena” y discriminó al campesinado nacional. Con ese argumento, la burocracia sindical propone elaborar un censo de indígenas del oriente del país que permita cuantificar sus verdaderas necesidades territoriales para luego redistribuir las TCOs “excesivas”.
La pregunta es ¿por qué razón los campesinos se lanzan al asalto de TCOs sabiendo que el Estado dispone de más de 13 millones de hectáreas de tierras fiscales susceptibles de redistribución? Sucede que las autoridades agrarias les ofrecieron enormes extensiones en calidad de propiedades colectivas, pero los campesinos sólo quieren propiedades agrarias privadas.
La nueva Constitución y la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria disponen la distribución de tierras fiscales a comunidades indígenas y campesinas en calidad de “territorios colectivos”, en un intento de corregir las perversiones de la distribución individual de predios de la reforma agraria de 1953. La vieja reforma no solucionó el problema agrario y alentó el individualismo, el saqueo de los recursos naturales, la mercantilización de la tierra y la fragmentación agraria hasta llegar al minifundio y surcufundio actual.
La burocracia campesina nunca comprendió la dimensión política de la reforma agraria comunitaria ni mucho menos su importancia estratégica en el proceso de descolonización, y desde hace varios meses despliega una furiosa campaña contra la titulación colectiva de la tierra. Una de las primeras acciones directas de los anticomunitaristas fue paralizar la titulación de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de Ayopaya en Cochabamba.
Desde 2003, la Federación de campesinos de la provincia Ayopaya exige la titulación colectiva de la TCO con el objetivo de controlar y preservar los recursos naturales de ese territorio, explotados por terceros sin beneficiar a los habitantes de la zona. Los gobiernos neoliberales entregaron alrededor de 250 concesiones mineras y una concesión petrolera en Río Hondo, colindante con la TCO Mosetén, sin consultar a sus ocupantes. Además, continúa el saqueo de madera en tierras vírgenes en el norte de la provincia colindante con Beni.
El V y VI Congresos de la Provincia Ayopaya resolvieron tramitar el saneamiento de la TCO para hacer respetar el territorio y defender los recursos naturales, mientras que el VII Congreso provincial pidió la conclusión del proceso de saneamiento. Concluyó el saneamiento y la titulación de los polígonos 1 y 2, pero el proceso fue obstruido por autoridades del propio gobierno.
El dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de Cochabamba Feliciano Vegamonte (MAS) pretendió anular la titulación de la TCO Ayopaya y organizó sindicatos paralelos con el objetivo expreso de facilitar la venta del territorio y los recursos naturales de Ayopaya, denunció Sabino Mamani en un reciente encuentro de secretarios de recursos naturales de organizaciones afiliadas a la CSUTCB.
En su segundo gran golpe, los campesinos anticomunitaristas derrocaron al ex viceministro de Tierras Alejandro Almaraz porque se negó a titular tierras individualmente, pusieron en su lugar a un hombre de confianza, y presentaron un proyecto de ley agraria que abre puertas a la privatización de la tierra, contrariando abiertamente los principios del denominado “proceso de cambio” iniciado en Bolivia en 2006.
Ahora la burocracia campesina propone redistribuir las TCOs indígenas ya tituladas y consolidadas por el propio gobierno de Evo Morales. “No queremos anular las TCO, planteamos un estudio especial que diga cuántos indígenas hay en el oriente y si justifica o no la cantidad de tierras que tienen”, revelaron algunos dirigentes campesinos al diario paceño La Razón.
