Los movimientos sociales e indígenas de América Latina debaten desde hace varios años las bases de una nueva civilización alternativa a la barbarie capitalista. Su propuesta es construir el socialismo comunitario que proteja a la Madre Tierra en la búsqueda de la sociedad  del “vivir bien”, o suma qamaña, suma kausay, ñandereko, ivimarei…

Algunos gobiernos latinoamericanos reivindican estos planteamientos e incluso han constitucionalizado algunos principios y valores de las culturas originarias, pero insisten en buscar el progreso y el desarrollo económico ilimitado a partir de la sobreexplotación de la naturaleza.

La historia enseña que el “desarrollo” fue uno de los procedimientos propagandísticos más eficaces del expansionismo capitalista para penetrar en los países semicoloniales, explotar sus productos no renovables y materias primas, e insertalos en el mercado mundial en condiciones de renovada dependencia.

A pesar de ello, algunos gobiernos progresistas autodenominados líderes del  “Socialismo del Buen Vivir” ofrecen otra vez este programa político y económico probadamente fracasado en decenas de procesos revolucionarios en el último siglo que soñaron con el desarrollo autárquico de las fuerzas productivas de naciones semicoloniales en el marco de una economía mundial capitalista, en la cual los monopolios niegan brutalmente el libre mercado y aplastan a la pequeña propiedad.

Los planes de desarrollo de estos gobiernos, entre ellos el boliviano, no sólo reproducen el esquema desarrollista del pasado,  sino que consolidan tradicionales posturas neoliberales como la libre oferta y demanda en la producción, y el extractivismo de recursos naturales y materias primas destinados a la exportación, sin modificar cualitativamente la naturaleza de sus economías exportadoras de materias primas.

Las organizaciones sociales del mundo que participaron en los debates de la Mesa 18 de la Conferencia Mundial en Cochabamba repudiaron a los gobiernos del denominado progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de energía y mega infraestructuras de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en territorios indígenas, parques nacionales y áreas protegidas muy frágiles, diseñados por bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal explotadora.

Los deliberantes condenaron a los que siguen creyendo que el desarrollo de América del Sur depende del fierro y cemento y del extractivismo, obnubilados por la "ilusión desarrollista" que prioriza sólo un sector generador de excedentes sin superar la fase de exportar naturaleza, el modelo presente en América hace más de 500 años que jamás permitió un desarrollo pleno.

Las propuestas de la mesa 18

Para enfrentar el cambio climático la humanidad debe reencontrarse con sus raíces culturales comunitarias. Eso significa construir una sociedad basada en la propiedad colectiva y en el manejo colectivo comunitario de los recursos naturales, en la cual los pueblos decidan de manera directa el destino de la riqueza natural en asambleas y cabildos.

En segundo lugar, es vital cambiar el modelo de desarrollo que privilegia las exportaciones de materias primas, estatizar empresas y recursos, reformular la relación del Estado con el capital privado, y hacer prevaler los mercados internos. Se plantea avanzar en la construcción de alternativas que estén en función de los intereses de los pueblos, privilegiando la equidad, la solidaridad y la complementariedad.

En tercer lugar, denunciaron que el progresismo latinoamericano sigue el camino de la socialdemocracia conservadora, asumiendo una posición netamente defensiva y claudicando ideológicamente con el supuesto argumento de que las bases políticas de izquierda y de los movimientos sociales están en fase de  “recomposición”.

En algún momento muchos creyeron en la fuerza de las leyes y de las Constituciones Políticas para cambiar el estado de cosas. Por ejemplo, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia sienta las bases de un nuevo modelo económico plural constituido por formas de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa, articuladas por los principios de “complementariedad, reciprocidad, solidaridad, redistribución, igualdad, sustentabilidad, equilibrio, justicia y transparencia”.

La Carta Magna postula la convivencia pacífica de las diversas formas económicas buscando superar la lucha de clases, y alcanzar la armonía entre la burguesía y los obreros. Sin embargo, los hechos nos demuestran que la convivencia pacífica de todas las formas de propiedad en “igualdad de condiciones” es una fantasía.

La historia enseña que sólo hay un camino efectivo para transformar la sociedad y para construir una alternativa socialista al capitalismo: la movilización social permanente y la articulación de nuestras luchas.