Personajes políticos conduciendo sus 4X4; gigantescos “banner” que reemplazan a los afiches tamaño oficio de otrora; shows en los que se despliegan fuegos artificiales, danzas, rifas de ovinos, alcohol y promesas de igualdad, convocan a multitudes; a esas multitudes pequeñas de los pueblos chicos, alrededor de la plaza.
Hay fiesta en el pueblo mientras que en los bosques se cierne la amenaza de la muerte; las moto sierras no han dejado de rugir, ni se han detenido un solo instante los gigantescos engranajes en su tarea de echar abajo la “Casa Grande” de los Gwarayú.
De seis candidaturas, dos únicamente no han incorporado a los llamados “madereros”, “pirateros” o “consultores forestales” en franja de seguridad o como alcaldes. Esto también es una repetición de la misma historia sobre los poderes locales vinculados a capacidades económicas y a la tierra en oferta. Nada en política es diferente hoy.
En los últimos cincuenta años el sector maderero en Guarayos se encargó de la extracción de la mara, el cedro y de otras especies valiosas hasta extinguirlas en su valor económico; incentivo de la debilidad estatal del ex CDF, que le dio al sector la posibilidad de capitalizarse e industrializarse.
Las condiciones de intervención del bosque, después de medio siglo, continúan siendo las mismas aunque multiplicadas en número: Aserraderos, moto sierras, skyders; máximos exponentes de la intervención primaria, continúan como los dinosaurios del siglo XXI, sin una sola industria forestal instalada.
Hay treinta aserraderos registrados en la provincia Guarayos. Una inspección realizada el mes de marzo del presente año a 16 de éstos con la finalidad de recabar sus registros de abastecimiento de materia prima del año 2009, dio como resultado que, los 16, han cometido irregularidades por la que la Autoridad Boliviana de Bosques y Tierras (ABT) les ha impuesto multas que ya han sido impugnadas por los infractores locales.
La ausencia de políticas sectoriales de valoración del bosque y de prevención sobre los efectos del mercado informal ante recursos de extraordinaria plus-valía en éste, ha derivado la última década no solo en una presión mayor sobre otras especies de madera sino en el avance de la frontera agrícola sobre tierras forestales: La ABT en Guarayos encara también hoy 38 sumarios administrativos por desmontes ilegales que en el año 2009 ascendieron a 27000 hectáreas, superficie que se suma a las 45.000 hectáreas acumuladas en las pasadas gestiones.
Frente a ello, el Estado sólo se limita a multar y a “defenderse” de los procesos de quienes incurren en ilegalidad forestal. El reino del procedimiento alambicado en los bosques de Guarayos se ha instaurado. La capacidad de prevención y fiscalización es casi nula.
Para Rudy Guzmán, actual ejecutivo de CADEFOR y autor de estudios sobre bosques en Bolivia, la incapacidad de detener estos atentados contra los bosques de Guarayos desde instituciones estatales, tiene varias causas y una de ellas es la vocación recaudadora de la ABT: “El desmonte y el correspondiente pago de una patente que lave y purifique el pecado y la infracción que implica el cambio de uso de suelo, se ha exacerbado, por tanto, cuanto más desmonte, más posibilidades de recaudación, más posibilidades y más sencillas formas de obtención de madera a través de aprobaciones de exagerados e inexistentes volúmenes de madera, más posibilidades de emisiones de CFO como cheques en blanco que pueden ser comercializados en el mercado negro para legalizar adera proveniente de otros lugares no autorizados, etc.”, argumenta Guzmán.
El Régimen forestal de la Nación que se diseñó durante casi una década de consultas con todos los actores y movimientos sociales de las Tierras Bajas de Bolivia (1990-1997), dio por sentado que por los bosques ya transitaba y transitaría el mercado y para prevenir sus distorsiones incorporó algunos mecanismos preventivos y de control, incluyendo los referidos a la aplicación de los derechos indígenas y al derecho administrativo evitando así se diluya la responsabilidad por el control.
Uno de los mecanismos de control en el bosque son los CFO; (certificados Forestales de Origen): Quienes poseen áreas de aprovechamiento forestal otorgadas por el Estado los utilizan para registrar y así demostrar al Estado (a todos nosotros) qué madera, en qué volúmenes, y en qué estado están extrayendo. Estos registros son firmados por los ingenieros forestales del país, que tienen la fe pública, otorgada a través de la ley 1700. La no utilización o la falsedad en la utilización de estos se entiende entonces como un procedimiento que atenta contra la conservación de los bosques de Guarayos porque nos impide conocer lo que está pasando al interior de los mismos.
Para Guzmán los CFO cumplieron su ciclo hace un buen tiempo porque la ilegalidad no descansa y ha buscado la forma de vulnerar esta herramienta, explica: “Hay otras herramientas que han sido desarrolladas en otras partes del mundo porque la extracción ilegal de madera no es únicamente patrimonio boliviano, esta en todas partes. Para ello, el uso de código de barras para hacer el seguimiento o trazabilidad de las trozas, amarrado a códigos específicos del área geo referenciada autorizada, es una de las opciones”.
Según el Ingeniero Franklin Caro, responsable de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras, (ABT) en Guarayos, toda la confianza de esta institución se basa en la fe pública otorgada a los ingenieros forestales que ejercen dicha profesión en el área: “A ellos el Estado les ha confiado esta responsabilidad y en su firma que ponen en ese Registro (CFO), tenemos el mandato legal de confiar”, aseguró.
Madereros de la zona que solicitaron mantener su nombre en reserva nos aseguraron que una visita a las operaciones forestales de manejo indígena y elegidas al azar daría como resultado que en el 70% de éstas no ocurre aprovechamiento forestal por lo que los certificados forestales de origen (CFO), firmados por los ingenieros forestales y propietarios del área, se estarían vendiendo, para extraer madera de otros lugares, no autorizados o para desmontes ilegales, incluso fuera de Guarayos. Esta información no fue confirmada ni desmentida por el responsable de la ABT en Guarayos quien argumentó la duda explicando que no se han realizado inspecciones de campo, ni a las comunidades de estas áreas para confirmarlo, debido a la falta de presupuesto y de personal de un área tan crítica como la que le cabe gestionar. “Los procesos nos pisan y apenas tenemos un abogado en Santa Cruz”, afirmó como ejemplo de ello.
El negocio de venta de CFO ya no es tan bueno, nos relató un joven vinculado a la actividad en Guarayos, hasta hace dos años los vendían a $us 800 pero desde que los indígenas manejan CFO, los regalan, relató. Este supuesto implica que, aún con el bajo precio actual de los CFO, ($us 200 a $us 400), cualquier individuo que posea autorización de manejo forestal o desmonte, si tiene la posibilidad de acceder a 100 CFO, sin moverse de su escritorio y sin mover un solo hombre para custodiar el bosque bajo su responsabilidad, habrá obtenido ingresos que oscilan entre 20000 y 40000 dólares americanos.
“Mas de 4400 Certificados Forestales de Origen (CFO), herramientas de control forestal que respaldan el transporte de madera en troza y aserrada fueron entregados a cargo de instrumentos de gestión forestal o planes de manejo aprobados por la ABT, la mayoría para superficies relativamente pequeñas pero que reportan entre 25 y 50 m3 de madera extraíble/ha. Volúmenes absurdos, niveles de extracción impensables para los bosques de Bolivia, pero aprobados por la institución encargada de los bosques.
Dichos CFOs fueron emitidos en dos meses, es decir noviembre y diciembre (mas de 270 mm de precipitación en los dos meses) del año pasado, durante un periodo de mucha lluvia donde la extracción y transporte de trozas es extremamente limitada. Entonces, lo primero que hay que hacer es una investigación profunda a los funcionarios que aprueban este tipo de instrumentos con esos volúmenes irreales de extracción, porque de ahí parte el problema, aseguró Ruddy Guzmán.
Ovidio Roca Ávila, quien fuera responsable del Desarrollo Institucional de la extinta superintendencia forestal de Bolivia coincide con señalar que existen señales preocupantes de que la informalidad paga bien pero analiza también otra dimensión: “El problema central hoy es el ambiente de inseguridad que se ha creado, Manejo requiere seguridad en el largo plazo, treinta o cuarenta años al menos, y si eso no se da, no es posible invertir en manejo (…) Ellos, primero no tienen seguridad para sus concesiones forestales y segundo no necesitan demostrar manejo como antes para que les compren su madera, existe un mercado informal, chino y otros, que no les interesa el manejo, ni la certificación, el resto de los compradores formales han disminuido radicalmente su demanda, opinó Roca.
El responsable de la ABT, afirma que “Los indígenas son considerados por sus superiores como el pilar de la conservación de los bosques en Guarayos”. Sin embargo para éstos “Los bosques de Guarayos se han convertido en un espacio habitado por otros actores: Veinticuatro horas al día entran y salen de allí, cientos de “motosierristas”, maquinistas, camiones, “comercializadores” según afirmó el profesor Severiano Abacai, presidente de la CEPIG quien junto a Ambrosio Yaboo, presidente de la CCC además concluyó en que la única solución posible ahora es suspender todas las autorizaciones de manejo forestal indígena en la TCO, puesto que a los que menos benefician éstas es precisamente a ese sector. Sobre otro de los pilares en los que se basó el régimen forestal de la Nación, la empresa, Roca reflexiona que, frente a la inseguridad, seguramente muchos empresarios también se ven obligados a participar en el mercado informal para recuperar sus inversiones, antes que otros entren y “pirateen” sus concesiones.
Lo cierto es que se consideren o no pilares del régimen ambos actores, hay también un área de más de un millón de hectáreas de bosques otorgadas a éstos y con operaciones basadas en la fe pública de sus ingenieros forestales, éstos últimos sin sanción ejemplarizadora alguna, a pesar de tantas y probadas irregularidades.
Doña Trinidad Vaca, dirigente de la federación de Trabajadores Campesinos complementa la expresión de un malestar generalizado en todos los sectores vinculados al área forestal afirmando que los trabajadores de campo de los madereros nunca tuvieron ninguna protección laboral ni seguro contra accidentes; “ellos son jornaleros, moto sierristas y chóferes, aquí no hay empresa forestal que les asegure mejores condiciones ni de los Karai ni de los indígenas, y además algunos trabajadores son muy jóvenes, 13 o 14 años, y se auto explotan y aturden con alcohol y con sus rostros hinchadas por la coca que les introducen hasta con un ítem que cobra como “vicio” en las comunidades, afirmó Vaca.
Como contraparte, una nueva generación de comerciantes forestales (de madera, de CEFO, de prestación de servicios con maquinarias, de consultoras forestales), en menos de cinco años de “ejercicio honesto de sus cargos”, tienen casas, vehículos, maquinaria y hasta propiedades ganaderas con valores económicos que exceden en cientos de miles a sus ingresos normales.
El 4 de abril se elegirán a las “autoridades” de Guarayos. La autoridad deviene del cumplimiento a la ley es un principio que no parece estar claro para muchos de quienes participan en estos nuevos comicios y en estas tierras. Líderes del cambio Departamentales y nacionales, de todos los colores políticos eligen precisamente como sus pares locales a los que puedan “pagarse” una campaña a costa de la destrucción de los bosques y la cuenta la pagamos los bolivianos y la humanidad toda.
ATS,marzo 2010,Guarayos, Bolivia.
