En declaraciones a la prensa formuladas hoy en Brasilia, el presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el obispo Erwin Kräutler, sostuvo que la concreción del proyecto podrá hacer desaparecer Altamira, una ciudad de unos 110.000 habitantes en el estado de Pará, además de dañar áreas de reservas de pueblos originarios.
Tras reunirse en la capital federal con dirigentes del estatal Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) -que hace dos días concedió la licencia ambiental para la construcción de la planta-, el religioso sostuvo que el proyecto causará un daño «irreversible e irrecuperable»» para el país.
El presidente del Cimi agregó que la entidad se dispone a recurrir a la Justicia para evitar que el gobierno lleve adelante el proyecto: «»Hay cosas que no aceptamos, y por supuesto utilizaremos los canales abiertos por la Constitución, como una queja ante el Ministerio Público»».
Con una capacidad de generación de 11,3 millones de kilovattios, Belo Monte es el principal proyecto energético del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Lula y, cuando sea inaugurada (posiblemente en 2014), será la segunda más grande planta hidroeléctrica de Brasil después de la central paraguayo-brasileña de Itaipú.
Sin embargo, el proyecto generó una gran polémica en Brasil, con protestas de ambientalistas y, principalmente, de tribus indígenas que viven en la región donde se instalará la central, y que amenazan hasta con ir a la guerra para impedir la construcción.
El lunes último, el Ibama removió el último obstáculo que quedaba a la construcción de la planta, al conceder licencia ambiental para el proyecto, aunque condicionada al cumplimiento de 40 exigencias, que obligarán los realizadores de la obra a invertir unos 820 millones de dólares más en medidas destinadas a mitigar su impacto ambiental y a compensar el impacto ambiental de la obra.
Al comentar hoy la reacción negativa del obispo Kräutler, el presidente del Ibama, Roberto Messias, aseguró que la empresa que se adjudique el derecho a construir Belo Monte estará obligada a presentar un informe sobre todas las acciones que puedan afectar a la ciudad de Altamira, una ciudad de poco más de 110.000 habitantes en el Sureste de Pará.
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