Como una forma de prever y adelantarse a los impactos ambientales, el hidrogeólogo estadounidense Robert Moran realizó una consultoría a la mina San Cristóbal sobre los impactos ambientales.

Luego de un riguroso análisis, Moran plantea observaciones al manejo de los recursos hídricos en esta empresa, el grado de contaminación, el uso no sustentable del agua, los impactos negativos al medio ambiente, además de la debilidad y la escasa información que se tiene sobre las actividades de la empresa minera son algunas de las observaciones que especifica Moran. “Los sistemas de monitoreo ambiental de los recursos hídricos son deficientes, las metodologías de evaluación que han utilizado subestimaron los impactos reales y, por tanto, son temas donde las autoridades deberían intervenir”, informa Carlos Crespo, coordinador de la plataforma de la Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia (CGIAB).

Luego de la finalización de la consultoría se pretende realizar una campaña masiva del documento, explicando los impactos de la explotación minera, tomando en cuenta que hay 60 concesiones en proceso en el sudoeste de Potosí. En ese sentido, se pretende tomar acciones de carácter preventivo para evitar que se continúe dañando el medio ambiente y se agote los recursos hídricos con las actividades mineras.

“Nos gustaría que el gobierno tome medidas político preventivas. Una de las medidas tendría que ser modificar el Código Minero que da carta libre a las empresas para la explotación del agua”, sugiere Crespo, debido a que el Código Minero no especifica la cantidad de agua que se debe utilizar para las actividades mineras, más bien fomenta el uso gratuito del líquido. Por este motivo, se propone la creación de grupos de trabajo técnico especializados que fiscalicen y controlen estas actividades con el fin de preservar el medio ambiente y el uso racional del agua. Esta entidad deberá ser autónoma para que realice investigaciones serias sin parcializarse con ningún sector.

Se tiene programado hacer la entrega del documento de la consultoría realizada por Moran al Ministro de Medio Ambiente y Agua, René Orellana, para solicitarle que el gobierno organice una inspección oficial a la mina San Cristóbal y se responda de alguna manera a los cuestionamientos del documento. Según Crespo, si se accede a este pedido se tendría acceso a otra información que la empresa se negó a dar o que está ocultando de forma intencionada para cubrir de alguna manera los futuros impactos ambientales.

Conocimiento público

El acceso a la información es otro de los problemas que identifica Moran, debido a que la información que existe es muy escasa y pobre, aunque en algunos casos es voluminosa pero emplea términos técnicos que dificultan la comprensión del informe. Para Crespo se trata de una estrategia corporativa que se registra en los demás países donde manipulan la información, dificultando el acceso a la misma, a pesar de las leyes que existen con el fin de hacerla.

Crespo observa una debilidad del Estado porque no obliga a la empresa minera a poner en conocimiento público la información y datos que maneja la empresa. Estos datos deben ser de difundidos, es un derecho que no se está cumpliendo. Por otra parte, uno de los fines sería formar una especie de control ambiental, porque “la presencia del Estado es muy pobre y se puede agravar si el gobierno fomenta la actividad de las industrias extractivas”, argumenta Crespo. La información debe ser de calidad, entendible y comprensible, evitando usar términos técnicos para que la población comprenda estos datos, sobre todo las comunidades afectadas, que son las más interesadas en poder entenderlo.

El acceso a esta información es vital para establecer los impactos que causará la empresa y, a través de ella, tomar medidas de mitigación con anticipación.

Respecto al abastecimiento de agua, es un gran desafío que las empresas mineras deben resolver, puesto que perjudican a las comunidades aledañas privándolas del líquido elemento.

Puntos de amenaza

Alrededor de siete u ocho comunidades se verán afectadas por la minera San Cristóbal, entre ellas el municipio de Colcha K, que apoya al estudio de la consultoría. La mina San Cristóbal está ubicada en el cantón San Cristóbal del municipio de Colcha K, primera sección de la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí.

En Bolivia no se cuenta con evaluadores técnicos de impactos ambientales imparciales, debido a que no se tiene financiamiento económico que garantice la continuidad, imparcialidad, equipamiento técnico y humano de la entidad encargada para hacer las evaluaciones de impacto ambiental. Para lo cual se debe garantizar fondos, ya sea de regalías u otras alternativas que aseguren los recursos económicos.

Resumen

Entre las principales recomendaciones que realiza la consultoría de Moran, se destaca lo siguiente.

Que se garantice un equipo técnico de monitoreo ambiental independiente. Que se amplié el acceso a la información y sea de dominio público. Que se especifique el uso limitado del agua Que la empresa minera pague por el uso de agua no renovable.