La repercusión no se circunscribe al caso de denunciar un hecho arbitrario en el que un Estado impone (Brasil) y el otro se conforma (Bolivia), a tal punto que a estas alturas del tiempo, cuando el Estado boliviano mediante sus mecanismos diplomáticos ha señalado su preocupación y su respaldo a los ribereños campesinos e indígenas, nos sorprende ahora con las declaraciones del vicepresidente García Linera, cuando indica que en su última visita el presidente Lula Da Silva habría planteado realizar “estudios conjuntos” sobre las represas del Madera (¿pensando en compensaciones?).

En julio de este año, el senador Antonio Peredo Leigue había señalado que, a pesar de algún “reparo ambiental”, el vecino país construirá represas por la alta demanda energética del Brasil y plantea que Bolivia construya pequeñas represas a lo largo de los afluentes del Madera para mitigar en algo los impactos.

Decepciona el alarde internacional sobre derechos humanos introducidos en nuestra Constitución, como el derecho a la consulta, convertido dentro del territorio boliviano en simple “poesía jurídica”, imposible de existir, loco de exigir, político de garantizar… un discurso político más.

Debe comprenderse que casos como las represas del Madera son problemáticos, que van más allá del “reparo ambiental”, van por los “reparos” humanos de garantía de derechos en el alcance y significado que implica cada derecho, con las debidas medidas políticas que todo Estado debe viabilizar.

Por otro lado, las represas del Madera han generado interés académico en el mundo en materia hidrológica y de Derecho. Debido a las características geográficas e hídricas de Bolivia, los impactos de caudal quizá poco difundidos, la metodología de la evaluación del impacto en caudales, la situación boliviana de estar “aguas arriba” de todas las cuencas del continente, diversidad humana, presencia de pueblos indígenas, un gobierno indígena, una nueva Constitución, la caracterización de los daños ambientales transfronterizos, las obligaciones entre Estados y las relaciones diplomáticas oportunas, derechos humanos y derechos de la madre tierra.

Muchas ONG también se han interesado en el caso, planteando estrategias y posiciones a los afectados, que van desde el hecho de esperar a que sucedan los impactos para pedir compensación, el de crear zonas de reserva natural en que ni los propios afectados tendrán tuición sobre sus tierras o el de anticiparse a los daños ambientales y precautelar el bien humano.

A nivel de derechos, es uno de los casos que ha generado interés por enmarcarse en la descripción, fuente y hechos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

En relación a la naturaleza, aunque es Ecuador el que mayor avance real tiene sobre los derechos para la naturaleza, Bolivia ha hecho mayor antesala sobre sus beneficios, pero no plantea el ¿cómo? ¿quiénes? y ¿para quién?

El caso requiere el abordaje multidisciplinario  y multicompetencial a nivel de gobierno, pues no se limita a una dirección de agua de algún ministerio, sino las competencias de justicia, productividad, salud, desarrollo, medio ambiente, energía, servicios básicos y políticas amazónicas de su desarrollo responsable.

*Es abogada y miembro del Equipo Técnico Legal de FOBOMADE.