Después de la lectura de varios escritos recientes que reaccionan, en algunos casos escandalizados, por otras publicaciones, también recientes, en las que se (pro) pone al debate el llamado “fin del ciclo (o fin del relato) progresista en la región”, en este breve escrito se intenta provocar no tanto salir de este dilema sino intentar ir más allá de su deriva dicotómica, que considero tan interesante como igualmente estéril si nos quedamos solamente en debate de si se trata, o no, de un fin de ciclo. Sugiero más bien la necesidad de precisar y/o desmontar algunos mitos y varios de los principales supuestos y recursos retóricos en los que se base el discurso de defensa/justificación de algunos de los gobiernos progresistas en la región, concentrándome en el caso de Bolivia como una de sus expresiones tal vez más paradigmáticas. En ese sentido, no es la pretensión posicionarse aquí, sea de un lado; de quienes afirman que asistimos al final del relato progresista en la región y que el horizonte que se vislumbra es la restauración de las derechas políticas y del retorno ‘recargado’ del neoliberalismo de los 90’ (aunque no es una posibilidad que pueda desecharse), lo que se avizora con la victoria y primeras señales antipopulares de Macri en Argentina, del repuntar amenazante la derecha reaccionaria en Venezuela o de la reactivación de los sectores conservadores en Brasil, ni tampoco, del otro lado, de los que reaccionan ante los primeros, asegurando que en realidad aquellos son los agoreros del imperialismo y de la “derecha” y lo que hacen con esos presagios es facilitar el empoderamiento conservador en contra de los “logros revolucionarios” del progresismo subcontinental en la última década, particularmente en países como Bolivia, Venezuela y Ecuador, así como de sus caudillos (los que postulan que no se trata en absoluto de un “fin de ciclo” sino más bien de un reflujo, una nueva etapa o de otro tiempo político). La idea aquí, entonces, es plantear una mirada que se concentre en algunos presupuestos sobre los que se basan varias de las argumentaciones referidas.

Sin desmerecer que el debate referido sea oportuno como interesante, en cuanto abre la necesaria discusión sobre lo que ha sucedido con los procesos sociopolíticos y cambios geopolíticos que se generaron desde inicios de la década pasada en la región hasta ahora y del significado de las transformaciones (o no) en el campo político regional y en los imaginarios colectivos sobre dichos procesos, luego de la noche neoliberal anterior. Sin embargo, es igualmente importante, necesario y útil contribuir a precisar y problematizar algunas ideas y slogans que son recurrentes en los discursos dentro de algunas de las perspectivas antes señaladas, en particular de los acérrimos defensores de los autodenominados “gobiernos progresistas”, desmontando a la vez algunos de los mitos que parecen naturalizados e incuestionables a la hora de hablar de dichos procesos. Con ese propósito se proponen identificar diez nociones que operarían más bien como ‘mitos’ recurrentes en torno al llamado “procesos de cambio” en Bolivia, coincidiendo con el reciente décimo aniversario de la asunción de Evo Morales a la cabeza del gobierno del MAS y ante un escenario de posible reforma constitucional en Bolivia (vía un próximo referéndum) para habilitar aún su continuidad el 2019.

Así, la idea de concentrarse en el caso particular de Bolivia no pretende en absoluto generalizar la argumentación (por más breve que esta sea) al resto de los casos de la región sino más bien remarcar la necesidad de agudizar el tratamiento analítico crítico, contextual y conceptual en cada caso, revelando algunas de sus particularidades, pero identificando también similitudes y aspectos en común con los otros procesos en la región.

En ese sentido, la idea del “proceso de cambio”, en torno a la cual se viene discutiendo acerca del contexto político boliviano y de la región la última década y que ha sido objeto de muchos debates, lecturas e interpretaciones políticas y académicas por lo que, no se realiza aquí un análisis con la profundidad necesaria (que es objeto de un trabajo más extenso) sino simplemente se plantea algunas precisiones esenciales que permitan realizar algunas necesarias interrogantes.

Mito 1: “El actual gobierno del MAS es un gobierno de izquierda anticapitalista”

Este es una de las ideas más naturalizadas que se tienen sobre el gobierno boliviano desde que comenzó su primera gestión en 2006 y que quizás, con matices diversos, es recurrente en los imaginarios sobre los otros gobiernos progresistas en la región. Sin embargo poco se profundiza en los elementos concretos que harían de este un gobierno de izquierda, que además se autoproclama “revolucionario” [i] y anticapitalista, sin ir más allá de una simple diferenciación y oposición a la derrotada “derecha política” que expresaban los partidos tradicionales que gobernaron Bolivia y que implementaron el modelo neoliberal impuesto por el ajuste estructural imperialista de los 80’ y 90’. Sin embargo, esta floja e inerte consideración de la izquierda por simple oposición o distinción a la derecha neoliberal, resulta no solo insuficiente sino trivial, ya que evita considerar algunos aspectos que histórica y conceptualmente fueron centrales para definir a la ‘izquierda’ como tal. Habría que preguntarse entonces, ¿con qué tipo de ‘izquierda’ se puede asociar al actual gobierno boliviano? Si con esa izquierda burocrática y estado-céntrica del socialismo real del siglo XX (de la que se conocen por demás sus resultados) y que en la mayoría de los casos resultó funcional al capitalismo, o de una izquierda más profunda en la historia, con sus ideales y principios libertarios, de igualdad y justicia social (con la que aún se identifican muchas luchas contemporáneas).

En ese sentido, resulta particularmente curioso que mirando detrás de los estridentes discursos políticos y supuestamente teóricos que apelan a lecturas de autores como Lenin y/o Gramsci (sobre todo de parte del Vicepresidente boliviano como el principal emisor del discurso que autoproclama al actual gobierno como “revolucionario”, con el conocido léxico político de la izquierda tradicional, a la misma que a su vez acusa de “infantil” “trasnochada”, “tonta” y “anacrónica”), sea por demás evidente la contundencia y vehemencia con la que son implementadas políticas gubernamentales de intensificación y expansión de modalidades acumulación capitalista, expresadas en el extractivismo o “neo-extractivismo” (Gudynas, 2009; Svampa, 2010; Acosta, 2011; Lander, 2012) y en las formas de despojo que aquellas están generando en territorios, comunidades y poblaciones en Bolivia, con particular intensidad en territorios indígenas.

En esta idea, si una “izquierda” históricamente se caracterizaba –al menos en su identidad discursiva y en su bandera de horizonte histórico– por una lucha frontal contra el capitalismo, seguramente una política estatal que lo promueve, intensifica y expande, no tiene nada que ver con una “izquierda anticapitalista”. Al menos en el caso del actual gobierno boliviano, más allá de la retórica de su principal vocero político-ideológico, que insiste en que el objetivo es la construcción de un “socialismo comunitario” [ii], no es posible identificar ninguna señal que en la realidad muestre dicha anhelada transformación y “construcción revolucionaria”, por el contrario cada día se hace más evidente el despliegue de formas de acumulación del capitalismo más salvaje y del despojo que provoca.

Parece oportuno preguntarse si autodenominarse de “izquierda” basta con una insistencia retorica anti-imperialista, que instrumentaliza esa noción para remar en sentido totalmente contrario. Si bien es claro que el actual gobierno del MAS representan un cambio respecto a los gobiernos neoliberales anteriores en Bolivia, en particular por el nuevo rol protagónico del Estado en el control del excedente económico y los cambios en la forma de gestionarlos, ¿esto es suficiente para afirmar que se trate de un gobierno de izquierda anticapitalista y revolucionario?

Mito 2: “El actual gobierno del MAS y Evo Morales encarnan (son) el ‘proceso de cambio’”

Esta afirmación, que también es parte de la retórica gubernamental, en el sentido de haberse naturalizado la idea del ‘proceso de cambio’ como sinónimo del gobierno del MAS, particularmente personificado en la figura del presidente Evo Morales, y que es presentada como si el primero no existiría sin el segundo, es decir, que si no fuera por el actual gobierno del MAS, ya con una década de gobierno encima, no podría ser posible, no existiría (o nunca habría existido) eso a lo que se llama “proceso de cambio”. Así, al igual como sucede en los otros slogans discursivos oficialistas, es posible identificar aquí la instrumentalización a través de un discurso simplificante y un recurso retórico instrumental desde su principal emisor, que es el propio gobierno y sus portavoces.

No está por demás recordar que la denominación de “proceso de cambio” (también nombrado como “proceso de transformación”) surge como resultado del nuevo contexto que se abre en Bolivia a partir del ciclo de protestas sociales a inicios del presente siglo, dentro de la atmosfera que generan las movilizaciones, rebeliones sociales y populares, en particular luego de la “guerra del gas” en octubre del 2003, la huida del último presidente de la camada neoliberal y, sobre todo, desde la agenda sociopolítica que dejan estos acontecimientos. En ese contexto es cuando comienza a transformarse radicalmente la correlación de fuerzas en el país y a reconfigurarse y “cambiar” el campo político, que se condensarán en la llamada “agenda de octubre” (la que tenía como principales demandas y objetivos la nacionalización de los recursos naturales, en particular hidrocarburos, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente), que expresaba el horizonte al que apostaba toda la potencia social y popular que se había movilizado y que conducirá el 2005 a Evo Morales a la presidencia de Bolivia, cuyo gobierno tendrá el principal mandato popular de cumplir la ‘agenda de octubre’, como pilar fundamental para abrir un proceso de cambio en este país. Si bien desde el 2006 dicha agenda de octubre se cumplirá parcialmente, ya que, por una parte, la supuesta “nacionalización” terminará mostrando que no fue tal, sino solo un cambio operado en algunas condiciones y los contratos con las empresas transnacionales de hidrocarburos que seguirán operando en el país, que ciertamente mejoraron los porcentajes de recursos en favor del Estado, pero no será una nacionalización en sentido estricto; por otro lado, la convocatoria a la Asamblea Constituyente resultará desde su inicio limitada y encadenada a los parámetros y prácticas del viejo sistema político-partidario electoral [iii], sin dejar de mencionar el control durante su funcionamiento que ejercerá el poder constituido (gobierno) sobre aquella, en tanto poder constituyente, que se traducirá en un conjunto de imposiciones desde el gobierno del MAS sobre los asambleístas de este partido, que resultará en una permanente dinámica de direccionamiento vertical de lo que se discutía en el cónclave hacía la validación de las “líneas” gubernamentales. Sin embargo, el aspecto que puede identificarse como una verdadera traición o capitulación de las aspiraciones de transformación y descolonización estructural del Estado que provenían de las organizaciones y movimientos sociales, particularmente indígenas y campesinos en torno al Pacto de Unidad [iv], y que implicaba un verdadero cambio y transformación, tiene que ver con las “negociaciones” y “acuerdos” entre actores políticos del poder constituido (primero con las fuerzas políticas y cívicas regionales conservadoras y después con la derecha política parlamentaria), para modificar la propuesta original de Constitución surgida de la Asamblea Constituyente. Como resultado de estas negociaciones entre el gobierno del MAS y la derecha “políticamente derrotada” se darán grandes retrocesos en temas fundamentales donde, entre otras regresiones, se evitaran afectar privilegios de los sectores históricamente dominantes el país (como en el tema de la tierra, los recursos naturales y las competencias en el nuevo régimen autonómico). A pesar de este hecho la mayoría de los bolivianos aprobamos el nuevo texto constitucional el 2009, con la esperanza de podía ser una base para la trasformación y descolonización del Estado.

Lo que desde entonces viene sucediendo el contexto político boliviano poco tiene que ver con un “proceso de cambio”, más allá de la insistente verborragia oficialista que bombardea dentro y fuera del país con esa idea. Así, seguramente tampoco tiene que ver con un “proceso de cambio” la visión y el Plan de Desarrollo que se comienza implementar desde el 2010 en el país y que irá claramente a contra mano de los principales principios constitucionales que exhalaban algo de vientos de cambio. Igualmente, poco tendrá que ver con un “cambio” la secuencia de leyes [v] y normas gestadas y aprobadas por el gobierno del MAS, que en su contenidos y alcances apuntan a des-constitucionalizar (Prada, 2013; Exéni, 2015) más que a cumplir la actual Constitución. Y mucho menos tendrá que ver con el cambio, las políticas represivas, anti-indígenas y neocoloniales que despliega el gobierno del MAS en los territorios comunitarios, afectando directamente poblaciones locales, vulnerando formas de vida ancestrales y destruyendo irreversiblemente ecosistemas naturales, a través de un extractivismo salvaje y en nombre de las tan anheladas aspiraciones de “desarrollo”, de “modernización” y “progreso” que postula el gobierno de Morales.

Con todos estos aspectos mencionados, que seguramente no representan ni lejanamente un \\\\\\\»proceso de cambio\\\\\\\» que se generó en el imaginario colectivo de gran parte de la población boliviana la primera mitad de la década anterior, y que en cierto sentido siguió aumentando luego de la elección de Evo Morales como presidente (2005), con la Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva constitución, cabría la interrogante: ¿es posible hablar actualmente de un “proceso de cambio” en Bolivia?, y si el actual gobierno del MAS representa un proceso de cambio.

Mito 3: “Cualquiera que no esté con el MAS o con Evo Morales está con la derecha” 

Esta afirmación se ha convertido los últimos años en una especie de lema bastante recurrente, tan repetitivo como vacío, en el discurso de los principales representantes del gobierno del MAS y que es muy insistente sobre todo en los discursos del presidente y del vicepresidente, como un alegato que es igualmente común a varios de los gobiernos neo-populistas en la región, los que suelen acusar a todo tipo de oposición a sus gobiernos (poniendo en un solo saco a todas las voces disidentes) de pertenecer a sectores políticos de “derecha” o de estar “favoreciendo” o “haciéndole el juego” a ésta. Este insistente uso y abuso en el discurso oficialista de esta acusación generalizada y generalizante en inicio resultaba explicable y aparentemente defensiva, pero rápidamente se fue convirtiendo en una forma de advertencia y amedrentamiento político con consecuencias poco democráticas y más bien de rasgos bastante autoritarios; si recordamos que con más o menos ese mismo argumento en los últimos años han sido asediadas, perseguidas y literalmente atacadas instituciones como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y organizaciones sociales indígenas, como la CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) o a la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano), por parte de grupos (hordas) afines al partido gobernante.

Asimismo, esta generalización descalificadora y difamante, presente continuamente en el discurso gubernamental, entre otras características, re-editaría, como acertadamente señala Luis Tapia (2014) una vieja estrategia discursiva imperialista y dictatorial muy conocida en América del Sur, como es el discurso del “enemigo interno”; un enemigo al que hay que perseguir, reprimir y “derrotar”. El discurso del “enemigo interno” que antes usaban los gobiernos dictatoriales/militares para perseguir y/o eliminar a militantes y organizaciones de izquierda, en la actualidad viene siendo reciclado, quizá con otros denominativos en el discurso oficialista, para descalificar, acusar y, en el caso, también perseguir a dirigentes y organizaciones sociales que no profesen la visión gubernamental y/o presidencial o que expresen discursos críticos a sus políticas. En ese sentido, resulta por demás paradójico (para no mencionar lo dramático que es para los dirigentes y las organizaciones sociales que son objeto de atropellos, amedrentamiento o persecución) que un gobierno que dice representar la diversidad sociocultural y lo popular, niegue, descalifique y ataque cualquier otra forma de expresión y opinión política desde la sociedad, que no acuerde con la suya, acusando de un modo groseramente simplón de ser parte o cómplice de “la derecha”.

Esta estrategia de descalificar toda voz que no comulgue con la “visión” oficialista de ser o estar con “la derecha” termina diluyéndose en una burda generalización, ya que si bien es cierto que unos cuantos personajes lamentablemente aún siguen vigentes y representan a esa derecha neoliberal (parasitaria históricamente en el Estado y retrograda y racista en algunas regiones), no es en absoluto sensato, ético, ni menos realista calificar a toda voz de disidente, a toda oposición y a toda crítica como parte de esa “derecha políticamente derrotada” (puntualizando que fue la población boliviana movilizada y no el MAS ni su gobierno quien la derrotó). O, ¿acaso los indígenas del TIPNIS que macharon por defender su territorio son “la derecha”?, ¿acaso los indígenas guaraníes que también se movilizaron exigiendo el derecho de consulta en su territorio son de “la derecha”?, ¿acaso las organizaciones sociales que exigen que se cumpla la Constitución y se respete sus derechos y su autonomía están con “la derecha”?, o ¿los activistas de Derechos Humanos son “la derecha”?, ¿o los periodistas que realizan un trabajo crítico y de denuncia son de “la derecha”? o acaso ¿todos los que creíamos en que un Estado Plurinacional y Comunitario podría transformar Bolivia y descolonizarla, somos de derecha?

Sin embargo, es, precisamente, este discurso sobre esa “derecha políticamente derrotada”, el que permite encubrir a una derecha social, económica y también política, plenamente vigente en Bolivia y que cogobierna con el MAS en la actualidad. Esto es por demás claro si se mira no solo en buena parte de la actual estructura partidaria y del propio gobierno del MAS donde se puede encontrar a una derecha política reciclada de azul. Pero seguramente donde la presencia de esa derecha reciclada se expresa claramente es en las estructuras regionales, en particular en los territorio de la otrora denominada ‘media luna’, donde varias autoridades y cargos (departamentales y municipales) son ocupados por “ex-militantes” de partidos de la derecha neoliberal y dictatorial (como ex-miembros de la ultraderecha banzerista), e incluso ex-autoridades y dirigentes “cívicos” que una década atrás pugnaban por un autonomismo separatista rechazando a la Bolivia indígena y popular. Asimismo, habría que mencionar que es la plena vigencia de buena parte de la derecha económica, agroindustrial, terrateniente y ganadera del Oriente del país, la que ahora está prácticamente co-gobernando con el MAS (esa misma derecha racista y fascistoide que no hace mucho tiempo atrás renegaba de los indígenas, que derrochaba su recalcitrante odio a los sectores populares y movimientos sociales y que desató un boicot a la Asamblea Constituyente, rechazando ser parte de un Estado Plurinacional si no se aseguraban antes su fórmula de autonomía elitista). Esa derecha que los últimos años tranzó con el actual gobierno del MAS la parálisis de la Reforma Agraria y la suspensión del saneamiento de tierras para mantener su dominio latifundista, para expandir el agro-negocio y mantener sus privilegios neocoloniales y seguir siendo propietarios y patrones de sus tierras y de lo que ahí se encuentre (recursos naturales y personas). En ese sentido son conocidos los acuerdos y pactos (que recuerdan a los “pactos de no agresión” durante la Guerra Fría que permitía a las potencias repartirse territorios), que existen entre el actual gobierno del MAS y de los sectores empresariales y agroindustriales que se fueron estrechando los últimos años. Pero también la derecha neoliberal global, representada por intereses de capitales y empresas transnacionales (esa sí una verdadera derecha ultra-capitalista que está terminando con la vida en el planeta) y que actualmente está desplegando sus tentáculos en el país con el beneplácito e impulso del gobierno boliviano, que en su fe ciega e indiscutible en el “progreso” y “desarrollo” promueve que estos intereses capitalistas transnacionales (y de nuevas potencias como los BRICS y principalmente de China) desaten su insaciable sed de acumulación capitalista a través de la extracción de recursos, sin importar si eso se traduce en el despojo y destrucción de territorios, comunidades y naturaleza.

Entonces, cuando se continua a insistir que toda oposición, opinión crítica o simplemente otra visión política de país, sea que provengan de parte de sectores y organizaciones sociales, de dirigentes, de activistas de derechos humanos, de intelectuales y académicos críticos o simplemente como ciudadanos (muchos de ellos con una verdadera historia de resistencia y lucha por libertades políticas) que no comparten muchas de las actuales políticas gubernamentales y sus efectos, ¿tiene sentido, es serio o al menos mínimamente responsable, descalificar y acusarlos de ser o estar con la “derecha”?. Es necesario preguntarse: ¿a cuál “derecha” se refiere esa retórica gubernamental oficialista? A la derecha que sí efectivamente fue derrotada y que la mayoría de los bolivianos no queremos que retorne ¿o también a la derecha vigente y que cogobierna con el MAS actualmente?

Mito 4: “El gobierno construye y encarna el Estado Plurinacional”

Partiendo del presupuesto de que la idea de un Estado Plurinacional, que ya se había planteado por ciertas vertientes del indigenismo de los 80s en Bolivia y por algunos intelectuales durante los 90s, re-emerge durante el periodo constituyente (2006-2008) concretamente a partir de la propuesta que es defendida por el Pacto de Unidad (2005) y que junto a otras propuestas como las autonomías indígenas y la descolonización surgen como los principales ejes sobre los que se apostaba a la transformación del Estado, que más tarde, con el alejamiento del Pacto de Unidad de la línea del MAS y del gobierno, dicha transformación será más simbólica que real. No obstante, el carácter de ‘Estado Plurinacional y Comunitario’ que consagra el actual texto constitucional será, pues, una conquista de los sujetos sociales indígenas y campesino-indígenas que lograron influir en el proceso constituyente e incorporar ese término, imaginario y horizonte de transformación estatal, y no una propuesta o dádiva del partido gobernante ni de sus operadores político e ideológicos.

En todo caso, luego de aprobada la actual Constitución boliviana (2009), que establece el nuevo carácter plurinacional del Estado, la implementación del mismo en la materialidad institucional, jurídica, territorial del Estado ira adquiriendo un sentido más bien declarativo en casi toda la normatividad posterior (leyes de desarrollo constitucional) y en las políticas gubernamentales, que en la propia orientación y los contenidos de las mismas en la realidad, las que en buena medida están predominantemente orientadas más a hacer efectivos los proyectos desarrollistas y las medidas políticas del Gobierno del MAS que a materializar la plurinacionalidad como principal mandato constitucional para la transformación del Estado. En ese sentido, la plurinacionalidad como el núcleo principal del nuevo texto constitucional para la construcción de una nueva estatalidad como un nuevo “pacto social”, que deje atrás al Estado-nación neocolonial, monocultural, racista y excluyente, si bien está presente recurrentemente en la normatividad pos-constituyente y en la retórica gubernamental, no parece encontrar aun una efectiva realización en el ámbito de la transformación efectiva y descolonizadora del Estado. Esto es evidente a la hora de considerar los componentes centrales que debieran constituir los ejes donde cobre densidad y materialidad la construcción de un Estado Plurinacional y Comunitario, como ser: el tema de las autonomías indígenas (donde a pesar de las experiencias de municipios indígenas que iniciaron, y en unos casos concluyeron, su procesos que constitución o conversión en autonomías, los cuales tuvieron que retroceder y/o someter mucho de su potencial de autodeterminación y alcance de autogobierno según sus usos y formas propias, bajo la imposición de limites por parte del Estado monopolizado por el MAS); el tema de la justicia comunitaria (que en la práctica y según las normas post-constitucionales continua subordinada a la justicia ordinaria moderno-liberal-occidental); para no mencionar lo que sucede en el caso de la tan evocada descolonización, que ciertamente no se produce en la realidad del aparato y gestión pública estatal, más allá de su folklorizado discurso y puesta en escena por parte del gobierno.

Asimismo, mucho menos se puede afirmar que el Estado Plurinacional tiene sentido en un esquema político donde la mayoría de las “nacionalidades” del Estado no están representadas, o lo están de forma irrisoria, dentro del ámbito legislativo que poco tiene de descolonizado y menos plurinacional. Todo esto sin mencionar que buena parte de esas naciones que componen y justifican el carácter “plurinacional” del Estado, actualmente son objeto de políticas de despojo territorial, de destrucción de sus territorialidades o de vulneración de sus derechos más básicos como pueblos por parte de un gobierno que dice representarlos y que se asume como encarnación del Estado Plurinacional, aunque sin dejar en la práctica un Estado-nación. De ese modo, la idea de un Estado Plurinacional como una forma de desorganización/re-organización y superación de los supuestos, principios y esquemas del Estado-nación republicano, monocultural y neo-colonial, y que parecía abrir un nuevo horizonte de transformación en Bolivia, no solo no da signos de hacerse efectivo sino que sus posibilidades parecen alejarse cada vez más. En ese sentido, cabría preguntarse, ¿si el actual gobierno del MAS, en la realidad representa y encarna ese Estado Plurinacional?

Mito 5: “Un gobierno de los movimientos sociales”

Como producto de las movilizaciones sociales y rebeliones populares de principios de este siglo en Bolivia, que entre otros resultados posibilitaría la llegada al gobierno del MAS y a la presidencia de Evo Morales (quien llegara entonces al gobierno no como un líder indígena o representante de una organización indígena sino como máximo dirigente sindical de las organizaciones de campesinos cocaleros), gracias a la coyuntura de alta intensidad social, de quiebre en el campo político y por el fundamental protagonismo de movimientos sociales campesino-indígenas, es que se instalará en buena parte de los imaginarios colectivos en Bolivia la idea de un “gobierno de los movimientos sociales”, ciertamente como una consigna impulsada por el propio discurso gubernamental.

Sin embargo, dicha idea comenzará a resquebrajarse desde la misma convocatoria a la Asamblea Constituyente (2006), cuando quedarán excluidas en su participación directa las principales organizaciones sociales que abrieron el proceso constituyente y donde solo será posible la participación de algunos representantes de organizaciones sociales a través del MAS como partido gobernante y mayor fuerza política constituyente (considerando que las otras opciones eran en su mayoría los partidos tradicionales que representaban a la derecha neoliberal), gracias la fórmula electoral pactada con esa misma derecha en el parlamento. De ahí en adelante, solo se profundizarán las grietas entre el gobierno del MAS y buena parte de los movimientos sociales que lo hicieron posible, alejamientos que a pesar de la intervención oficialista y de los acuerdos (traición?) con la derecha (política-partidaria y cívica-regional) para tranzar la nueva Constitución, no significaran todavía una ruptura, ya que el 2009 serán nuevamente los movimientos sociales indígenas, campesinos y populares los que apoyen contundentemente la aprobación del nuevo texto constitucional. Sin embargo, desde el 2010 se volverán a mostrar señales de contradicción en las relaciones entre gobierno y los movimientos sociales de carácter comunitario, principalmente indígenas, en torno a la orientación que el partido gobernante le daba a la Constitución, como en el tema las autonomías indígenas. Sin embargo, el 2011, desde el conflicto del TIPNIS y la XVIII Marcha Indígena, se rompieron las relaciones entre el gobierno del MAS y algunos de los principales movimientos sociales del país, en particular de las organizaciones indígenas y originarias. Será, pues, la defensa del TIPNIS y la violenta represión por parte del gobierno a la movilización indígena, la que haga visible la verdadera faceta anti-indígena, extractivista, neocolonial y antipopular del actual gobierno y que el slogan del “gobierno de los movimientos sociales” solo era una cascara vacía y parte de la batería de recursos retóricos que el partido gobernante instrumentaliza a su favor para justificar el despliegue de políticas, que en realidad, son totalmente contrarias a los intereses y reivindicaciones de buena parte de los movimientos sociales.

Por otra parte, es importante considerar que el membrete del “gobierno de los movimientos sociales” también es usado para indicar la presencia de supuestos representantes de organizaciones sociales dentro de la gestión de gobierno, en sus distintas instituciones y reparticiones, pero lo que oculta esta puesta en escena es que esos “representantes sociales en el Estado”, no “representan” a las organizaciones de las que provienen (ya que en la mayoría de los casos al entrar a la gestión estatal dejan de ser dirigentes orgánicos) y por, el contrario, como se ha precisado anteriormente [vi] cumplen una función de transmisores descendentes de líneas políticas desde el gobierno y no de canalizadores de los intereses de las organizaciones sociales a las cuales dicen representar.

En ese sentido, luego de la represión a la movilización indígena del TIPNIS y posteriormente a las comunidades guaranís de Takovo Mora, desde el 2011 a la fecha se han venido produciendo una secuencia de arremetidas en contra de organizaciones sociales (CONAMAQ, CIDOB, APG) e instituciones de derechos humanos en el país en tanto, en el primer caso, éstas mantienen una postura crítica al gobierno del MAS y a sus políticas en los territorios indígenas; y en el segundo caso, por defender los derechos de las primeras. En ese contexto, ¿se puede seguir hablando del actual gobierno del MAS como un ‘gobierno de los movimientos sociales’?

Mito 6: “Mas sectores populares en el Estado, más democracia y menos corrupción” 

Un discurso estrechamente ligado al anterior es el que tiene que ver con la afirmación desde el gobierno del MAS de que, como nunca antes, dentro del aparato institucional del Estado estarían presentes y/o “representados” varios sectores sociales y populares del país, lo que marcaría una radical diferencia con la anterior partidocracia neoliberal y clientelar, donde históricamente solo una élite, neocolonial, monocultural, señorial, excluyente y corrupta gobernaba y controlaba el aparato estatal. Si bien esto no es en absoluto equivocado, no es evidente que algunas de esas lógicas y prácticas neo-coloniales, clientelares y corruptas se hayan superado con las actuales élites políticas que gobiernan (y las élites socio-económicas que cogobiernan) y controlan actualmente el Estado boliviano.

Si bien no se puede negar el logro y trastrocamiento socio-cultural y la transformación en los imaginarios colectivos en Bolivia que se ha producido en la última década, como resultado del indiscutible cambio político que también ha significado la llegada de Evo Morales a la presidencia, en particular por la contundencia de la imagen de un primer “presidente indígena” (aunque en rigor esto no sea así) [vii] gobernando el país y el desplazamiento de la anterior partidocracia tradicional y la derecha política neoliberal. Sin embargo, estos logros, trastrocamientos y cambios socioculturales se han producido más en el plano simbólico y retórico que en la realidad de los esquemas, orientaciones y modalidades de gobernar que se vienen ejercitando y predominan en el gobierno del MAS y en las relaciones clientelares desplegadas desde el Estado los últimos años, en donde parecen persistir y reproducirse varias de las formas de concentración y ejercicio del poder, tan criticada como patrimonio de la “derecha políticamente derrotada”. Esto es muy expresivo en los aspectos que van desde un excesivo culto al líder (en la figura del presidente); la cooptación vertical de algunos dirigentes de organizaciones sociales; el uso instrumental de sectores sociales para legitimar medidas gubernamentales; hasta el impulso desde del propio partido gobernante (o con el beneplácito del propio gobierno) de acciones de intervención y asalto a las organizaciones indígenas e instituciones de Derechos Humanos; o los casos graves de corrupción que involucran a dirigentes o ex-dirigentes sociales afines al partido gobernante, ahora servidores públicos, y algunas autoridades estatales de alto nivel (como en el reciente caso del Fondo Indígena), entre otros temas. En ese sentido, en ese nuevo esquema de poder absolutista o, a decir de Luis Tapia de un ‘Estado de derecho como tiranía’, poco o ningún espacio cabe ni puede caber para la participación social y mucho menos de sectores populares en las estructuras y en las instancias de decisión totalmente verticalista del gobierno y del Estado, en cuanto no sean simples exaltaciónes retóricas o una folklorizacion de la participación indígena-campesina, de la democracia comunitaria y de la interculturalidad en toda la parafernalia gubernamental y de su insistente escenificación teatral (como los permanente actos en las ruinas de Tiwanacu, hasta con la boda del vicepresidente).

Contrariamente a la retórica gubernamental sobre la democratización, en Bolivia los últimos años asistimos a una tendencia de medidas antipopulares, de carácter antidemocrático y claramente autoritario, que se han manifestado en la represión (a veces muy violenta) por parte del gobierno del MAS contra formas de protesta social, sobre todo de parte de organizaciones y movimientos indígenas por la defensa de sus derechos colectivos y de sus territorios, así como de ataque y hostigamientos a organizaciones y dirigentes sociales, es decir, a un proceso de reducción y limitación de las libertades políticas en el país, lo que viene a ser otro aspecto muy recurrente en los otros países con “procesos de cambio” en la región, particularmente como en el caso de Ecuador.

En ese sentido en Bolivia se asiste a una forma de monopolio de la política [viii] alrededor del partido gobernante y de negación y/o el desconocimiento de otros sujetos políticos en la sociedad, que no sean parte del esquema político reconocido/definido por el gobierno y el MAS. Así, por ejemplo, seguramente no es para nada democrático que luego del mandato de un “Estado Plurinacional” de los 39 pueblos indígenas y naciones originarias en Bolivia, gracias a la actual norma electoral propuesta y aprobada por el MAS, solo haya 7 circunscripciones especiales para representantes indígenas y que el resto de asambleístas provenientes de pueblos y organizaciones indígenas puedan solo participar a través de los partidos políticos y en particular del partido gobernante. De esta manera la democracia los últimos años en Bolivia parece haberse reducido a momentos y actos electorales para reafirmar al gobierno (sobre todo a su líder) y sus políticas ya definidas, lo que es totalmente legal y legítimo, pero que poco tiene que ver con un proceso de democratización en el Estado o de ampliación o “radicalización de la democracia” sino una mera electoralización de la democracia, y mucho menos tiene que ver con la generación de espacios de ‘democracia comunitaria’ establecida en la constitución (lo quedo claro con los límites puestos desde el Estado a los procesos de autonomía indígena) sino más bien la re-afirmación del predominio de la democracia moderno-liberal, o democracia que defina el “jefazo” en el palacio de gobierno y a ser indiscutiblemente ejecutada por los asambleístas del MAS que son mayoría.

De igual modo, la ‘democracia participativa’, también establecida constitucionalmente, se ha reducido y traducido tan solo en convocatorias a referéndums para justificar y legitimar las definiciones políticas ya decididas por la cúpula masista, como lo ilustra el próximo referéndum del 21 de febrero, para reformar (o deformar?) la ya vulnerada, incumplida y manoseada Constitución y para posibilitar una cuarta postulación y re-elección de Evo Morales en 2019 como presidente de Bolivia, lo que nuevamente nos da una idea de la personificación, concentración y reducción del contenido y sentido que el “proceso de cambio” tiene para el partido gobernante. Así, la “democracia participativa” no se ejercita o aplica para abrir procesos de consulta ciudadana sobre temas fundamentales para la vida del país y de su población (como podría ser por ejemplo, el tipo de modelo económico que se está implementando, para consultar si queremos o no el extractivismo como “modelo de desarrollo”, si estamos o no de acuerdo en que se autorice la explotación de hidrocarburos en las áreas protegidas de nuestro país, si queremos o no que se destruyan ecosistemas únicos –como ya sucedió con el Lago Poopó– y podría suceder con el Salar de Uyuni por explotar el litio; si no interesa o no entrar en proyectos de energía nuclear a costa de los efectos y riesgos para el planeta, entre otros muchos temas importantes de consultar a la población), sino que se está gastara (nuevamente) no poco dinero de los bolivianos para consultar una reforma que habilite la posibilidad de eternización en el poder del Estado de un persona y terminar así con uno de los principios de la democracia (incluso en su versión liberal) que es el necesario recambio de liderazgos y de autoridades gobernantes. En ese sentido, en este caso la idea democratización no es el hecho de consultar a la población sobre reformar o no la Constitución, por la que hace solo 6 años votamos por su aprobación la mayoría de los bolivianos, sino lo que implica para la democracia de aquello que se está consultando y por lo que se va a votar. En ese sentido el próximo referéndum huele más a una instrumentalización, manipulación y distorsión de la democracia que una ampliación y apertura democrática en sí misma.

En fin, se podría mencionar otros varios temas que evidencian las formas en que en los últimos años no revelan una presencia efectiva y representación real de sectores sociales y populares en el Estado sino que, por el contrario, existe una instrumentalización y manejo clientelar de algunos dirigentes de sectores afines al oficialismo, cooptaciones de algunos (ex)dirigentes sociales por el gobierno. Tampoco es posible en la actualidad seguir ocultando y encubriendo los hechos de corrupción al interior de las estructuras del gobierno del MAS (como el caso del Fondo Indígena) que implican a varias autoridades y ex-autoridades, algunos de ellos (ex)dirigentes de organizaciones sociales afines al oficialismo. Y, definitivamente, sería política y teóricamente insostenible aseverar que lo que viene ocurriendo en las prácticas políticas gubernamentales los últimos años sean manifestaciones de una mayor democratización en el Estado. En consecuencia, cabe interrogar: ¿a cuáles formas de participación social en el Estado se refiere el discurso oficialista del MAS? ¿Es posible afirmar que existe una mayor democratización en el Estado y en el gobierno de Bolivia en la actualidad? ¿Se han terminado las prácticas clientelares y de corrupción que caracterizaban a la partidocracia y a la derecha neoliberal?

Mito 7: “El Vivir Bien es la filosofía del actual gobierno”

Este constituye uno de los discursos a estas alturas más insostenibles y absurdos de todo el conjunto de recursos retóricos que hace uso el gobierno del MAS, el que increíblemente aún es proyectado y manipulado por el discurso oficialista, en particular fuera de Bolivia (ya que dentro del país hace tiempo que semejante afirmación suena como una broma de mal gusto) y que sorprendentemente todavía resulta muy eficaz en los discursos del propio presidente en foros y encuentros internacionales (el vicepresidente García Linera últimamente usa más la noción de ‘extractivismo temporal’???). Así el Vivir Bien, como un principio inspirado en las cosmovisiones, formas de vida y matrices comunitarias de los pueblos indígenas (el Suma Kausay quechua, Sumaj Qamaña aymara, el Teko Kavi guaraní, etc.), transversal en buena parte del texto constitucional boliviano, luego de su aprobación se ha convertido, para el discurso oficialista, solo en una evocación obligatoria de ser incorporada en nominativamente en las normas post-constitucionales que se definen y promulgan, pero que en la realidad de las políticas gubernamentales resulta un obstáculo (un demonio al que, desaforadamente, no se puede exorcizar) para los planes y políticas extractivistas impulsadas por el gobierno del MAS. Este principio paradigmático se ha convertido, pues, en un bochornoso membrete en la frente de la actual política económica extractivista, anti-indígena y anti-ecológica del gobierno boliviano.

En ese sentido el Vivir Bien, que gracias a la fuerza, movilización y la lucha de las organizaciones sociales indígenas fue incorporado en la actual Constitución boliviana, en la que está presente como como un principio transversal y un horizonte societal (del que no vamos a profundizar aquí sus múltiples interpretaciones y sobre el que se ha reflexionado ampliamente y se sigue debatiendo aún, sobre todo en el plano teórico y epistemológico [ix], parece haberse convertido en los últimos años en una de las mayores formas de instrumentalización y manipulación retórica y haber transitado de ser una bandera de un paradigma comunitario alternativo al capitalismo (que prefiguraba una alternativa al desarrollo) a un perverso manejo discursivo para etiquetar las formas en que son promovidas, presentadas e implementadas normas y políticas que apuntan en un rumbo totalmente contarías a los supuestos y sentidos del Vivir Bien. No otra cosa representan una serie de leyes impulsadas e impuestas por el partido gobernante, como la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (2012); norma que presenta una suerte de contenido y proyección desarrollista y garante de la expansión del extractivismo, aunque maquillada de un lenguaje en torno al principio y la filosofía del Vivir Bien; o la Ley de Minería y Metalurgia (2014), que garantiza a los capitales extractivos de este recurso el despojo de socio-ecosistemas, vulnerando derechos colectivos y afectando territorios; para no mencionar la reciente disposición gubernamental que promueve la explotación de hidrocarburos en las 22 áreas protegidas del país, entre otras normas gubernamentales ‘anti-Vivir Bien’.

Asimismo, además de normas claramente contrarias este principio y filosofía, desde el TIPNIS y la movilización indígena por la defensa de este territorio y del derecho de consulta, queda claro que la orientación de las políticas del Gobierno del MAS son incompatibles con los sentidos y la filosofía del Vivir Bien, no solo por una cuestión referida a la imposición de una visión –extractivista– de desarrollo desde el Estado, sino por la concepción que se tiene de los pueblos indígenas, de sus territorios y de sus formas de vida, es decir, por el destapado desprecio gubernamental por territorialidades y modos de vida comunitaria y donde, efectivamente (no en el discurso) se practica un “Vivir Bien” en armonía con los entornos y ciclos naturales del ecosistema y de la Madre Tierra.

En ese sentido, resulta imprescindible preguntarse si ¿El actual gobierno del MAS puede ser portador del principio y filosofía del Vivir Bien?, ¿Es mínimamente ético que el gobierno de Evo Morales siga hablando del Vivir Bien en foros y cumbres internacionales? ¿Por qué se sigue colocando el cartel y el sello de “Vivir Bien” a normas gubernamentales que son incompatibles y/o contrarias al Vivir Bien?

Mito 8: “El horizonte del gobierno es un ‘socialismo comunitario’”

La idea de un ‘Socialismo Comunitario’, que comenzó a circular desde la primera gestión de gobierno del MAS, y comenzó a posicionarse en el discurso político-ideológico del oficialismo, particularmente desde algunos escritos, discursos del Vicepresidente García Linera desde el 2010, luego de promulgada la actual Constitución, y donde se plantea la “formula” del “Socialismo Comunitario” como un “aporte de la particularidad boliviana a la lucha de los pueblos del mundo por la igualdad, la justicia y equidad” [x], será una idea que tendrá más una repercusión en el debate teórico-político que en el plano de la realpolitik de la política del Estado, ya que desde el 2010 se comienza a ejecutar el Plan de Desarrollo del gobierno del MAS, que de socialista seguramente tiene poco y de comunitario (más allá de su recurrente alusión) mucho menos. Esta idea, con particular fuerza viene siendo retomada últimamente en los discursos de vicepresidente boliviano en recientes textos [xi] y en diversos encuentros, entrevistas y foros internacionales para describir y nombrar el horizonte del proyecto político del gobierno del MAS para transformar el Estado (que desde el 2009 se define constitucionalmente como Plurinacional y Comunitario). Sin embargo, sigue siendo uno de las estrategias retóricas dentro del discurso gubernamental para encubrir una estructura estatal que continua siendo moderno-liberal, monocultural e hiper-presidencialista en lo político; estado-céntrica, burocrática y mononacionalista en su gestión pública; y definitivamente capitalista (en versión extractiva y dependiente) en lo económico (en esto quizás el actual gobierno podría asemejarse algo al llamado socialismo real del siglo XX).

En ese sentido, sin pretender ahondar, analizar y problematizar en detalle, en este breve escrito, sobre la propuesta de ‘socialismo comunitario’ (dejando pendiente esta tarea para una posible próxima entrega), resulta necesario precisar que es innegable de que esta asociación semántica resulte por demás novedosa y atractiva, sobre todo fuera de Bolivia donde en muchos casos el proceso boliviano viene sobre-idealizado, pero otra melodía suena al momento de verificar, en la realidad del país, en las modalidades políticas, en las prácticas culturales y en el modelo económico lo que realmente se viene desplegando e implementado por parte del gobierno en la última década. Igualmente, es claro que resulta fácil (y políticamente muy útil) evocar un ‘socialismo’ por la sola oposición al capitalismo y a los devastadores efectos que este sistema destructivo ha provocado y sigue causando a las sociedades (incluida las nuestras) y al planeta en su totalidad, o reivindicar algunas de sus históricas banderas libertarias, anti-imperialistas, de igualdad y justicia social, pero no se necesita ser un especialista en historia, en ciencias políticas y/o económicas, un erudito en marxismo e o un gran intelectual en ciencias sociales o filosofía política para darse cuenta de que lo que sucede o se está proyectando en Bolivia sea un tipo de socialismo (ni siquiera uno del “siglo XXI”), ni mucho menos un “socialismo comunitario” (con raíz en las comunidades, en lo comunal o en lo comunitario). Por el contrario, se hace cada día más evidente la consolidación y expansión de un capitalismo salvaje, que articula acumulación primitiva (extractivista) con acumulación ampliada (ligada al capitalismo financiero en su dependencia del mercado de commodities); y por otro lado, están por demás explicitas las modalidades en que lo comunitario –así como sus formas organizativas– vienen siendo negadas, desconocidas y ‘des-organizadas’ desde el Estado, no otra cosa representan las ya mencionadas intervenciones y los hostigamientos a las principales organizaciones sociales (comunitarias) indígenas del país. Esto sin dejar de mencionar, una vez más, que fueron y siguen siendo organizaciones y pueblos con matrices y vida comunitaria los que fueron reprimidos por el Gobierno del MAS en el TIPNIS, o Takovo Mora, en el territorio del pueblo Guaraní, y son sujetos comunitarios los que exigen que se respete el derecho de Consulta Previa en sus territorios (los que también son reconocidos como comunitarios).

En suma, ¿a qué tipo de Socialismo Comunitario se refiere el vicepresidente y los voceros gubernamentales?, ¿En estos diez años se han dado señales desde el gobierno del MAS para avanzar en esa dirección?, ¿Es políticamente coherente, mínimamente responsable y teóricamente serio, afirmar que lo que se viene gestando y proyectando en Bolivia es un “socialismo comunitario”?

Mito 9: “La descolonización del Estado como pilar del Gobierno del MAS”

Otro de los temas que se han adquirido centralidad en buena parte de los imaginarios políticos colectivos y posicionado con gran fuerza durante el proceso constituyente boliviano de la década pasada, sobre todo, luego de aprobada la actual Constitución, es el de la ‘descolonización’ como una noción de gran densidad y peso histórico sobre todo en sociedades postcoloniales como la nuestra y como consigna que tuvo un importante impulso en los debates políticos y teóricos durante los años 70 y 80 por parte del movimiento indianista y katarista en Bolivia y algunas contemporáneas reflexiones teóricas y políticas [xii] . Esta reivindicación sobre la descolonización, en particular del Estado, será nuevamente reactivada desde principios del siglo XXI en Bolivia ya no solo en el discurso teórico-político sino en la práctica de las movilizaciones sociales y la acción colectiva de los sujetos subalternos y estará, de alguna forma, presente en algunas de las movilizaciones sociales y rebeliones populares (en particular en las consignas de las luchas indígenas desde el 2000), y se reavivará en el proceso constituyente a partir de las propuestas de descolonización del Estado que defenderán los representantes del Pacto de Unidad como una propuesta desde las organizaciones indígenas y campesino-indígenas. Así, como es sabido fue, precisamente, gracias a las propuestas del Pacto de Unidad y a la defensa de las reivindicaciones de los pueblos indígenas y originarios que se logrará incorporar el tema de la descolonización en el actual texto constitucional, donde aparece este término en varios de sus artículos.

Sin embargo, al igual que en el caso del Vivir Bien, la categoría constitucionalizada de la ‘descolonización’, pese a ser un concepto novedoso y por demás innovadoramente provocador en el nuevo horizonte estatal, parece haber quedado en un simple termino declarativo dentro del texto constitucional y como uno de los nuevos aportes centrales dentro del llamado ‘constitucionalismo transformador’ (De Sousa Santos, 2010) que se produjeron en la región la década anterior. Así, es por demás evidente que, más allá de su evocación retórica constitucional y más allá de su simple y repetitiva enunciación en algunas normas postconstitucionales y, ciertamente, en los rimbombantes discursos oficialistas y o político-teóricos de alguno de sus principales portavoces, este concepto no encuentra una materialización efectiva en la realidad estatal del país, ya que tanto en la estructura organizativa del Estado, en su gestión pública, en su estructura y funcionamiento territorial, en el diseño de la composición de la representación política (legislativa), o en las formas de entender, organizar y practicar la política y de ejercer el gobierno, la simple incorporación de la categoría de descolonización no termina afectando, cambiando o menos rompiendo con los esquemas de colonialidad aún vigentes en las mencionadas y en otras dimensiones del actual “nuevo Estado Plurinacional”, ni menos lo sacude de lo que Silvia Rivera [xiii] denomina como su ‘sustrato colonial’ sino que, contrariamente, lo sigue reproduciendo.

Sin embargo, además de que ya fue argumentado en varios trabajos y análisis [xiv] en relación al porque lo que viene sucediendo en Bolivia, después de aprobada la Constitución, no constituye una descolonización sino una secuencia de retrocesos para esta perspectiva, resulta fundamental precisar que esta categoría se ha convertido los últimos años en otro de los recursos retóricos que desde el Estado y particularmente desde el Gobierno del MAS permite camuflar y disimular las modalidades con las que se viene desplegando procesos más bien neocoloniales, sobre todo a nivel político y territorial, o, como señala Luis Tapia [xv] , dinámicas y formas de recreación del colonialismo interno en Bolivia impulsados por el actual partido gobernante. De esa manera pueden nombrarse las modalidades y tonalidades que han adquirido las acciones gubernamentales de desorganización y negación de otras formas políticas en la sociedad y que se expresan con la intervención y división de organizaciones sociales comunitarias indígenas como la CONAMAQ o la CIDOB, donde la “visión” absolutista y señorial del poder del Estado, concentrado en el gobierno y en la figura presidencial, niegan cualquier otra forma de expresión política que no se someta su voluntad, es decir, formas políticas de neo-colonialidad anti-comunitaria que ejercita como monopolio político el gobierno del MAS.

Pero sin duda donde se expresa más claramente no solo un retroceso en relación a un horizonte de descolonización sino modalidades de reproducción de esquemas coloniales, es en la dimensión económica y territorial, donde como venimos señalando se consolida y expande un modelo capitalista en la política del Estado con un núcleo extractivita (por tanto neocolonial) y de despojo de los bienes comunes naturales (en algunos casos bienes vitales para las poblaciones locales) para garantizar la acumulación capitalista desde el Estado. Este carácter de extractivismo neocolonial, viene justificado además desde el gobierno como un ‘mal necesario’ para el bienestar del país, es decir, un proceso de intensificación y expansión del capitalismo extractivista (capitalismo salvaje) se convierte en la descargo discursivo para no nombrar las nuevos modos de recolonización económica y territorial, ya que son los territorios ricos en “recursos naturales” (pero también donde habitan pueblos y formas de vida comunitaria ancestrales) los que son objeto de este neocolonialismo capitalista estatal. Esto es lo que revelan en buena medida los conflictos del TIPNIS y de Takovo Mora en las tierras bajas del país: comunidades, organizaciones y pueblos indígenas que se resisten a que se recolonice sus territorios, que destruyan sus formas de vida ancestral en torno a esos territorios y que se respete su derecho a ser consultados por el Estado (y no como bajo el viejo colonialismo primero y el neocolonialismo repub»