La construcción de presas en estos territorios ya tiene historias terribles, como la construcción de la presa Chixoy en Guatemala en la región del departamento de Baja Verapaz, donde más de 440 Maya Achi murieron en el pueblo de Río Negro y se denuncian ejecuciones extrajudiciales de hasta 5.000 vidas entre 1980 y 1982 – se conoció como las masacres de Río Negro, durante la dictadura militar – o el desplazamiento de más de 26 mil campesinos de 37 ejidos chinantecos por la construcción de Cerro de Oro en el estado de Oaxaca, en México, por mencionar algunos.

Las comunidades afectadas por estos proyectos hidráulicos a finales de los 90’s se empezaron a conformar en movimientos desde escalas locales hasta articulaciones a nivel latinoamericano. Esto no sólo ocurrió en este continente, sino alrededor del mundo, tanto para hacer frente a la imposición de estas obras como para compartir información , realizar estrategias conjuntas y exigir el derecho a decidir sobre su territorio, las voces en defensa de los ríos y los pueblos cada vez iban tomando más fuerza y eco.

Gustavo Castro, una figura clave en estas articulaciones, desde la organización de Otros Mundos de Chiapas escribió un texto en el 2007 sobre EL MOVIMIENTO SOCIAL ANTIREPRESAS, donde menciona que la conformación de estos procesos y movimientos sociales se da en un contexto sumamente peculiar. “Por un lado, el fin de la vida útil de los grandes embalses que ronda por los 50 años. Por otro, la aceleración de los procesos de privatización impuestas por las políticas neoliberales que invade a la infraestructura y los recursos naturales, en este caso presas y agua, aunque muy ligado a ello también la energía eléctrica.”

En el Primer Encuentro de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos, realizado en Curitiba, Brasil, en 1997, uno de los resultados fue la declaración del 14 de marzo como el Día Internacional de Lucha contra las Presas, por los Ríos, los Pueblos y la Vida. Fecha que año tras año hace que las diversas luchas contra las presas pongan el debate de las afectaciones de estas obras, pero también las razones por las cuales las comunidades, organizaciones y varios sectores de la población en general, rechazan y proponen otro modelo de gestión de agua y energía.

La articulación internacional ha servido para alentar una organización más local. A nivel latinoamericano nace la REDLAR (Red Latinoamericana de Afectados por Represas) en agosto de 1999 en San Pablo, Brasil. Desde esta fecha se han realizado encuentros en Argentina, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Colombia.

En los últimos años se ha profundizado la criminalización de los movimientos en defensa de los ríos y los territorios, también amenazados por otros tipos de proyectos extractivos, como la minería y el fracking, que son parte de proyectos de integración económica impulsados por los Estados, corporaciones y agencias financieras internacionales, como son el Plan Puebla Panamá y el proyecto Mesoamérica, lanzado en el 2008. En estos proyectos se utiliza el discurso de la producción de energía limpia, la economía verde y las nuevas tecnologías como las “minihidroeléctricas” como estrategia de legitimación frente a prácticas extractivas devastadoras y, además, violatorias a los derechos humanos de las comunidades impactadas.

———

Los proyectos de presas en América Latina representan un jugoso negocio en su etapa de construcción, en la producción y privatización de energía (muy vinculado con las actividad minera), y que, a pesar de presentarse como obras de interés público, implican solamente el enriquecimiento de sus promotores a costa de la vida de las poblaciones y de la destrucción de los ríos. En los últimos años, empresas privadas de diferentes países están cada vez más presentes en el sector energético de América Latina, por ejemplo: la Brasileña Odebrecht o las españolas Abengoa, Hidralia Ecoener, Iberdrola Gas Natural Fenosa, Grupo México y Comexhidro, etc.

Estos proyectos se benefician del apoyo económico de varios bancos europeos (DEG de Alemania, FMO de Holanda, Finnish Fund for Industrial Cooperation de Finlandia, SIFEM de Suiza) así como de bancos internacionales de desarrollo (Banco Mundial, Banco Internacional de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica). Este proceso está vinculado a la manipulación de las legislaciones nacionales para facilitar la entrada de estos capitales e imposibilitar la defensa por parte de los movimientos a través de la criminalización de la protesta, basada en “leyes antiterroristas”.

Del año 2005 a la fecha ha aumentado el número de defensores de los ríos que han sido asesinados en contextos de resistencia a proyectos hidroeléctricos. También se ha incrementado el número de presos políticos en estos procesos de militarización y contrainsurgencia. La mayoría de estos casos siguen impunes, y están presentes en diversas localidades de Mesoamérica, como muestra el mapa realizado por el colectivo Geocomunes, de México.

El 3 de marzo del año en curso , el asesinato de la líder indígena Lenca Berta Cáceres, en Honduras, generó conmoción a nivel internacional y puso de nuevo en discusión pública el peligro que implica la lucha por la defensa de los ríos y el territorio.

Berta Cáceres fue fundadora de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Hondura, el COPINH, que en los últimos años encabezaba la resistencia a los proyectos hidroeléctricos de este país, aprobados durante el golpe militar apoyado por Estados Unidos. La lucha del pueblo Lenca fue reconocida a nivel internacional a través del otorgamiento del premio Goldman en el año 2015 a Berta.

En el río Gualcarque, sagrado para el pueblo Lenca, se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca uno de entre 17 proyectos hidroeléctricos propuestos en el territorio, promovido por el gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE), que otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V., la que a su vez subcontrató a Sinohydro de China y a Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG de Alemania.

En el momento del asesinato de Berta, el activista mexicano Gustavo Castro, que se encontraba en su casa, fue herido y  ahora se encuentra en la condición de testigo protegido, imposibilitado de salir del país. Esta situación pone en riesgo su vida, por lo cual organizaciones nacionales e internacionales están exigiendo su regreso inmediato a México. También hay una gran preocupación por los miembros del COPINH frente a las intenciones de criminalizar el movimiento por parte del gobierno de Honduras en complicidad con las empresas promotoras.

En este 14 de marzo se hicieron diversas acciones a nivel nacional por parte de integrantes del MAPDER (Movimiento Mexicano de Afectados Por Represas) para reafirmar las luchas en contra de las presas y los proyectos hidroeléctricos. En los estados de Jalisco y Oaxaca, el Comité Salvemos Temaca y el COPUDEVER, respectivamente, realizaron proyecciones de documentales y debates públicos en algunas comunidades como parte de las actividades de este día. En estas actividades se ha homenajeado la memoria de Berta Cáceres y la lucha del pueblo Lenca, además de informar la situación en que se encuentra Gustavo Castro. En Chiapas se tuvo una conferencia de prensa donde se exigió la justicia para la familia de Berta Cáceres, el pueblo Lenca y el COPINH, y que se abra una línea de investigación independiente del asesinato que ayude a esclarecer el caso, además del retorno inmediato de Gustavo Castro a México donde pueda continuar realizando sus diligencias con las condiciones necesarias para salvaguardar su salud física y psicológica.

En una de las acciones ocurridas en Santiago Jamiltepec, Oaxaca (comunidad afectada por el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina), durante el homenaje a Berta Cáceres, Doña Julia, integrante del COPUDEVER, afirmó la persistencia de la lucha en favor de la vida, por la defensa de los ríos y los territorios: “Berta sigue viva y debemos seguir luchando, y la fuerza de Berta va seguir en la lucha del COPUDEVER”.

Hoy se vuelve indispensable debatir la matriz energética no sólo por las poblaciones directamente afectadas, sino por la sociedad en general, para evitar que continúen las imposiciones de proyectos hidroeléctricos que implican no sólo la pérdida de vidas y la destrucción de la naturaleza, sino la imposibilidad de seguir viviendo en este mundo. Los pueblos en lucha contra de los proyectos de muerte nos dan muchas lecciones que deberíamos tomar en cuenta, puesto que las cuestiones sobre el agua, la energía y la forma como nos relacionamos con los bienes naturales nos involucran a todos y todas.

Fuente: http://desinformemonos.org.mx/el-costo-de-defender-los-rios-y-el-territorio/