La visita a Bolivia del comisionado encargado de la Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Vannuchi, fortaleció la premisa referente a la transversalidad de la problemática de los pueblos originarios.

Es insostenible limitar la transcendencia y efectos de una problemática creciente y de diversa temática, que en muchos casos puede ser visible como el caso del Tipnis y en otras  pueden pasar inadvertida; como la delicada situación del pueblo Esse ejja, un pueblo que coexiste de forma íntima con los ríos de la amazonia y que una de sus principales actividades económicas se ven en peligro por la pesca comercial e ilegal que explota de forma impune e irresponsable nuestros ríos; la potencial amenaza por las modificaciones en las condiciones hidráulicas que serán provocadas por la construcción de mega proyectos como la Represa del Bala; o la contaminación de los cauces amazónicos por la explotación hidrocarburifera en territorios  ancestrales como  la TCO Pilón Lajas.

Es necesario recordar el deber de los estados; de priorizar la aplicación progresiva de los derechos, garantizando su aplicación y protección de forma prioritaria y preferente a los colectivos humanos vulnerables como los pueblos originarios.

En nuestro un país la esencia de la plurinacionalidad se basa en la diversidad de pueblos originarios existentes, además que la mayoría de la población boliviana es parte o tiene origen en un pueblo originario. Por lo que es inevitable abordar la problemática de los pueblos originarios al momento de analizar la actual situación del país en referencia a los derechos.

Estos aspectos fueron expuestos de forma concreta durante la visita de la delegación del CIDH, además de la importancia de garantizar la protección de los pueblos aislados, recordando que muchos de estos pueblos se encontrarían en peligro directo e indirecto, por la afectación a su territorio por las actividades de exploración y de explotación de recursos naturales y la construcción de proyectos públicos como carreteras o represas; y anticipando, que sin la protección y acción concreta de los Estados y sus organizaciones multilaterales, los pueblos aislados podrían entrar en una marcha sigilosa a la oscuridad y al olvido, pidiendo ayuda sin ser escuchados, emitiendo un ¡grito en el silencio!; en el silencio de la ignorancia e indiferencia estatal por su existencia, que se sumerge en la promulgación de leyes sin aplicación concreta.

En esta coyuntura, el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es trascendente, pero a partir de una respuesta oportuna y expeditiva.