¿Sobre quién o sobre qué se debe centrar la atención cuando se habla del cambio social en Bolivia? ¿Sobre la institucionalidad estatal, o sobre los pueblos y sus luchas? El economista y académico Huáscar Salazar apuesta por la segunda opción, plasmada en un reciente libro de su autoría.
En esta entrevista, Salazar interpreta el acontecer nacional desde la perspectiva de las luchas comunitarias y populares, cuyo análisis va más allá de las visiones “estadocéntricas” a las que estamos acostumbrados. Una visión política, como lo es toda la historia de luchas y transformaciones de nuestro país.
OH!: Algunos han advertido de un supuesto giro hacia la “derecha” del gobierno del MAS. Si hablamos en esos términos, ¿qué deberíamos entender por “derecha” e “izquierda” en este contexto boliviano?
Derecha e izquierda son dos nociones históricas, solemos encasillar algún proyecto político dentro de una de estas posturas a partir de un aprendizaje histórico que hemos tenido. Por ejemplo, si recordamos las dictaduras de Bolivia, la mayoría de ellas puede catalogarse como de “derecha extrema”. Sin embargo, la historiografía, en medio de una gran discusión, suele reconocer a la de Juan José Torres, como un gobierno de facto de “izquierda”.
Esto quiere decir que asociamos por nuestra experiencia algunos rasgos con la noción de derecha: despojo, represión, impulso del capitalismo, beneficio de las élites, etc. Mientras que por izquierda entendemos un proyecto político centrado en las necesidades de las grandes mayorías, en la redistribución de la riqueza, en el cuidado de la vida, etc.
Ahora bien, el MAS, aunque emerge desde algunos sectores populares que años atrás lucharon contra el orden de dominación neoliberal, una vez que llegó al gobierno fue asumiendo –cada vez de manera más explícita– un proyecto político que históricamente reconoceríamos como de derecha.
O sea, representa intereses de la oligarquía terrateniente del oriente boliviano, garantiza excedentes a las grandes transnacionales, la gran inversión pública está destinada al fortalecimiento de infraestructura para el gran capital, y desconoce las aspiraciones populares centradas en la reproducción de la vida.
El MAS nunca fue un proyecto político que se construyó “con” las bases, sino que se asumió como una vanguardia con capacidad de decisión por sí misma, al margen de la voluntad popular. En este sentido no es trivial el llamado de los zapatistas mexicanos que dicen que no basta ser de izquierda, sino que hay que estar abajo y a la izquierda, es decir, constituyéndonos desde los propios espacios cotidianos de las personas.
Por lo general, la izquierda de arriba (estadocéntrica), ha tendido a convertirse en derecha, eso también es un aprendizaje histórico.
OH!: ¿Cuáles fueron los horizontes populares evidentes en la primera etapa del gobierno del MAS? ¿Cree que el gobierno se ha alejado de estos horizontes, en qué medida?
Yo creo que hay un horizonte que puede rastrearse a lo largo de la historia de las luchas populares bolivianas y que tiene que ver con recuperar la capacidad de decisión colectiva sobre los asuntos públicos, la gente quiere decidir sobre sobre su vida cotidiana y sobre todas las cuestiones que les afectan.
En las áreas rurales esto es muy claro: la lucha por la tierra y el autogobierno. Pero también estas aspiraciones estuvieron muy presentes en los sectores populares urbanos, ¿qué sino fue la Guerra del Agua?, un intento por recuperar un bien material como el agua que estaba en manos de una transnacional, pero también un intento por recuperar la capacidad de decidir sobre ese bien común. Lo mismo con la Guerra del Gas, la gente se planteó la necesidad de decidir sobre los recursos de un país
En fin, esta lucha por volver a decidir sobre los bienes comunes y sobre la vida cotidiana de las personas, significó poner en cuestión el monopolio de la decisión política estatal, lo que desde el año 2003 fue muy evidente. Pero esta lucha desde abajo continuó durante el gobierno de Morales, por lo menos al principio de su primer mandato, tratando de imponer vetos para que el Estado no expropiara a la gente su derecho a decidir sobre asuntos públicos.
Sin embargo, al pasar los años, el MAS fue consolidando su poder y desde ahí desdibujó ese horizonte reapropiador de decisión del pueblo boliviano. El gobierno se asumió como el garante del “bien general” y empezó a monopolizar y a expropiar la capacidad de decisión de la gente. ¿Quién decide que Evo vaya a una tercera reelección? El gobierno y la cúpula de dirigentes de organizaciones sociales, no las bases sociales.
OH!: ¿Cuáles considera que han sido los principales avances y retrocesos en cuanto a la nacionalización de hidrocarburos –bandera fundamental y quizá hasta piedra angular del modelo del MAS?
En mayo de 2005, cuando Evo Morales, en medio de toda la manifestación popular que días después derivaría en la renuncia de Carlos Mesa, propuso que las regalías por hidrocarburos debían incrementarse hasta el 50% en contraposición al 30% que proponía el gobierno de turno, la gente en las calles gritó: “ni 30, ni 50, nacionalización”.
Como todos sabemos, la nacionalización del MAS ha sido una medida parcial: las transnacionales como Petrobras, Repsol y Total, siguen controlando, en términos efectivos y operativos, la extracción y las reservas de hidrocarburos, más allá de que el gobierno pueda tener el 51% de las acciones.
El ejemplo más claro de que el gobierno no tiene un control real sobre ese sector fue el “gasolinazo” en 2010, momento que se trató de eliminar la subvención a los hidrocarburos, porque los precios siguen indexados a referentes internacionales.
Efectivamente, el gobierno, durante estos últimos diez años ha logrado ingresos exorbitantes por concepto de hidrocarburos, pero esto se ha debido principalmente a los precios internacionales, los cuales ahora el gobierno ve caer con mucha preocupación. Pero en términos relativos –a no ser en coyunturas muy puntuales–, el gobierno no ha incrementado su participación de estos beneficios más allá de lo que se había logrado en 2005, cuando los sectores populares salieron a luchar.
OH!: En su libro habla de la importante presencia de la gran minería transnacional en Bolivia, y de una nueva burguesía minera cooperativista. ¿Puede ayudarnos a entender en qué consisten estos dos sectores en el proceso boliviano actual?
Te doy los siguientes datos: para 2012 la participación de la industria privada –que son pocas empresas extranjeras– en la producción de minerales representó el 75%, mientras que los cooperativistas y el Estado participaron con el 21% y 3% respectivamente. Estas cifras son prácticamente iguales a las existentes diez o quince años antes.
Y lo más preocupante de todo esto es cómo aquellas empresas, en el momento de la exportación, se benefician de una manera desproporcionada. Entre 2006 y 2010 la minería exportó más de 8 mil millones de dólares y el Estado solo recaudó poco más de 700 millones de dólares, es decir un 8%. El resto fue para las empresas privadas.
En este sentido, el modelo minero boliviano es extractivista y depredador de la naturaleza, y ni siquiera beneficia económicamente al pueblo boliviano de la manera en que lo podría hacer.
Ahora bien, las cooperativas mineras, si bien representan en términos productivos menos del 30% del sector, absorben más del 80% de la mano de obra que se utiliza allí. Uno de los problemas es que la gran mayoría de esos trabajadores no son miembros de las cooperativas, sino que son contratados en condiciones de precariedad absoluta. Es decir, los miembros de las cooperativas se han convertido en una nueva burguesía.
El otro problema es que las cooperativas se articulan al capital minero transnacional porque tienen el mismo interés: pagar menos impuestos al Estado. En 2012 las cooperativistas sólo pagaron al Estado un total del 4% del valor de sus exportaciones. Otro mecanismo de articulación es la subcontratación que realizan las transnacionales para que cooperativas mineras exploten sus yacimientos a costos bajísimos, obviamente sobreexplotando a los trabajadores.
OH!: También menciona la incorporación del poder terrateniente al “proceso de cambio”, pese a que antes parecía un sector totalmente contrario al gobierno ¿Cómo es que se ha dado este proceso?
Más que decir que el poder terrateniente queda incorporado al “proceso de cambio”, yo diría que la política del gobierno se ha ido alineando cada vez más con los intereses de la oligarquía terrateniente. Y, por supuesto, este es un claro rasgo –sino el más evidente– de la derechización del MAS; la derecha histórica de este país es la élite terrateniente que años atrás se organizaba en el oriente, bajo el manto del autonomismo racista, para cuidar sus intereses particulares, agrediendo a campesinos e indígenas.
Y recalco: la alianza entre gobierno y oligarquía terrateniente no es circunstancial, todo lo contrario, es consustancial a este proceso político, o sea hace parte del denominado “proceso de cambio”.
El gobierno, poco a poco, ha ido configurando un marco normativo para garantizar la gran propiedad rural: el latifundio en este país está constitucionalizado, resultado del proceso post-constituyente en el que no participaron los movimientos populares. El art. 399 de la CPE en su inciso primero garantiza la propiedad retroactiva del latifundio; es por ello que ese referéndum por las 5 mil o 10 mil hectáreas fue, en buena medida, un saludo a la bandera.
A ello se suma lo que hoy vemos: promoción de transgénicos, criminalización de los avasallamientos a latifundios, legalización de desmontes. En conjunto, todo esto está potenciando a esta oligarquía que vuelve a adquirir la fuerza que había perdido desde inicios de este siglo; Pero también, a raíz de esto, comienzan a emerger conflictos entre organizaciones populares rurales.
Como el gobierno ha dejado intacto el latifundio, en un intento de aplacar la presión popular de los sectores afines al ejecutivo que pugnan por acceder a más tierras productivas, se ha empezado a caracterizar a las comunidades que habitan los Territorios Indígena Originario Campesinos como los “nuevos” latifundistas. De ahí vienen buena parte de los conflictos que vemos entre estas organizaciones hoy en día, y estos son conflictos inducidos desde arriba.
OH!: Considerando todo esto, algunos han llamado neoliberal al gobierno de Evo. ¿Tiene sentido ese término?
Yo creo que es importante no llamar por nombres viejos a cosas nuevas. El gobierno del MAS no es un gobierno neoliberal, lo que no significa que no sea de derecha y pro capitalista. Tenemos un aparato estatal que controla una parte importante de la economía, pero acá el tema no es sólo controlar la economía sino, principalmente, lo que se hace con el excedente.
Y pues ese excedente está siendo utilizado de dos maneras: inversión para la arquitectura necesaria para potenciar el flujo del gran capital, y por otro lado, para promover una estrategia corporativista sostenida en la prebenda que garantice una base popular al MAS.
En este sentido, para mí lo que tenemos en Bolivia es un capitalismo de Estado simplón, articulado al gran capital transnacional, y ejercido bajo una forma “grotesca”.
Lo grotesco se da porque el gobierno dice una cosa pero hace otra totalmente distinta, y también es una retórica grotesca porque el gobierno se ha apropiado de una serie de discursos que los hombres y mujeres que años atrás luchaban para dar sentido a sus reivindicaciones, y ahora se han convertido en palabras vacías en manos de los gobernantes.
OH!: Si hay tal retroceso, ¿cómo podemos explicar que el gobierno siga contando con un inmenso apoyo popular (60% de los votos en las últimas elecciones nacionales)?
Todavía vivimos los tiempos del reflujo, de la desorganización de la lucha y, por supuesto, del acomodo de la nueva dominación. Lo que vamos viendo poco a poco, sin embargo, es un gobierno cada vez más represor y esto a causa de su tendencial pérdida de legitimidad.
No creo que los porcentajes electorales –así sean completamente verídicos– deban considerarse como medidas de legitimidad. Muchas comunidades y regiones votan por el partido gobernante gracias al chantaje, la estrategia, la necesidad o por el corporativismo prebendal de dirigentes, y no porque necesariamente crean en ese proyecto.
Conozco muchas comunidades que fueron amenazadas por el MAS para que voten por ese partido o, caso contrario, cualquier apoyo gubernamental sería bloqueado.
OH!: ¿Qué caminos alternativos plantearía usted frente al extractivismo y desarrollismo que ha adoptado el gobierno?
Creo que es necesario salir de un falso dilema al que nos lleva una visión estadocéntrica de la política: o planteamos una alternativa que se pueda hacer viable desde el Estado o nuestro planteamiento es inválido.
Yo, en lo que te voy diciendo, no estoy interpelando al gobierno, no le estoy reclamando nada, lo que estoy tratando de hacer es caracterizar la dominación existente y los nuevos rumbos que empieza a asumir la lucha, para nutrirnos en debates colectivos con las personas de abajo, no con las que están en función de gobierno.
Esto ha sido muy difícil porque el gobierno no sólo se apropió de la lucha, sino también de nuestras palabras.
Recién en estos últimos años vemos la formación de nuevos discursos críticos serios articulados a distintos movimientos populares que se ven agredidos por esta nueva dominación. Lograr eso y consolidarlo poco a poco creo que se va convirtiendo en una ganancia importante en estos tiempos.
Los horizontes populares y, por tanto, las propuestas que vienen desde abajo, no son diseños elaborados por una élite intelectual o una vanguardia iluminista. Son ideas que adquieren sentido poco a poco, en la vida cotidiana de las personas, en la resistencia a la dominación, y en los tejidos colectivos en los cuales compartimos palabras, molestias, necesidades, deseos y aspiraciones.
Es ahí donde surgen las alternativas, aunque éstas, por lo general, se toman su tiempo y luego asumen formas de lucha, no de política estatal. A eso es a lo que apostamos, a una política desde abajo.
Fuente: http://www.lostiempos.com/oh/entrevista/entrevista/20151114/huascar-salazar-%E2%80%9Clo-que-tenemos-en-bolivia-es-un-capitalismo-de-estado_322675_716201.html
