En 2010, tras calificarse de “fracasada” a la Conferencia de Copenhague de 2009 que organizó las Naciones Unidas, Bolivia organizó en Tiquipaya, Cochabamba, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra\», generando una gran expectativa, también porque el presidente Evo Morales acababa de lograr que Naciones Unidas instituya el 22 de abril como el Día Mundial de la Madre Tierra. Cochabamba se perfiló como una respuesta de dignidad y soberanía desde los pueblos, donde el Vivir Bien, los derechos de la Naturaleza, de justicia climática, de la deuda ecológica estaban al centro del debate. Entre los objetivos de la Cumbre se encontraban los de analizar las causas estructurales y sistémicas que provocan el cambio climático y proponer medidas de fondo que posibiliten el bienestar de toda la humanidad en armonía con la naturaleza, así como definir las estrategias de acción y movilización en defensa de la vida frente al Cambio Climático y por los Derechos de la Madre Tierra. Como resultado del evento, se realizó el llamado \»Acuerdo de los Pueblos\», que señala y denuncia al sistema capitalista como principal causante del cambio climático.
Sin embargo, la discusión sobre las industrias extractivas –petróleo, minería, gas- y los megaproyectos, como los problemas locales estuvo ausente del programa oficial de la Cumbre. “Es más fácil criticar a los gobiernos neoliberales que debatir los impactos ambientales generados por el modelo extractivista que no se consigue desmontar y se fundamenta en la explotación intensiva de recursos naturales, principalmente minería e hidrocarburos, así como los servicios de transporte que estos requieren. Son estos los temas que condicionan no solo los derechos de los pueblos y sus territorios, sino la soberanía de los países. Además si queremos construir una nueva visión y un nuevo modelo de desarrollo precisamos de una nueva ética ambiental que articule los problemas globales, regionales y locales. Repensar los derechos de la Madre Tierra no puede generarse desde una ceguera ecológica local.”
En consecuencia, fue convocada la Mesa 18, bajo el liderazgo del CONAMAQ y organizaciones y comunidades afectadas por proyectos extractivos. La Mesa 18 asumió la responsabilidad de defender y proteger el proceso de cambio logrado con la lucha del movimiento popular, poniendo en debate la matriz exportadora de hidrocarburos, hidroelectricidad, agroindustria y manufactura forestal, rescatando el socialismo comunitario.
Dos años más tarde estalló el conflicto del TIPNIS, tensionando las relaciones de los pueblos indígenas con el gobierno del presidente Morales, quien quiso imponer la construcción de una carretera por medio del parque y territorio indígena. El conflicto del TIPNIS visibilizó mecanismos de expansión territorial y acumulación capitalista, que extienden las relaciones de mercado, integrando progresivamente el territorio indígena al espacio económico de la producción de coca, en base al principio de división del trabajo y especialización. Pero el TIPNIS también colocó en el mapa geopolítico a los capitales petroleros, mineros y de la especulación financiera que generan la lucha de clases. La infraestructura de transporte y la reducción de sus costos va ineludiblemente asociada a las actividades extractivistas y a la atracción de inversiones.
El 2009 el Presidente del Territorio Mosetén, ubicado en el Norte de La Paz, al oeste del TIPNIS, también en la Amazonía, retenía en su comunidad, cinco vehículos de la empresa norteamericana Geokinetics, contratada por el consorcio Petroandina, de PDVSA y YPFB para realizar exploración sísmica en el Bloque Lliquimuni, dentro del cual se encuentra dicho territorio indígena. Se trataba del primer conflicto de magnitud, suscitado entre un pueblo indígena y la empresa estatal desde que asumió la administración de gobierno. En abril del mismo año la ONU, a instancias del presidente boliviano había aprobado la Declaración de los Pueblos Indígenas y el país se destacaba en las convenciones internacionales por su posición radical crítica de defensa de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Resultó evidente que ello no constituyó una prioridad inmediata de las políticas públicas en la búsqueda de la transformación post extractivista y del postdesarrollo, que responda efectivamente a las urgencias que plantea la crisis ambiental global y sus graves efectos en el país.
A estos conflictos siguieron otros en el sector de la minería, como el de Coro Coro, Mallkhu Khota y Colquiri, todos ellos con consecuencias dramáticas de confrontación, violencia y represión, poniendo en evidencia los efectos del camino neoextractivista asumido.
Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos del 2010 se negaron a tratar estos temas.
Para octubre del 2015 ha sido convocada la II Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Dicha conferencia, en su segunda versión, tendrá lugar nuevamente en Tiquipaya, Cochabamba del 10 al 12 de Octubre.
Temas como la energía nuclear, la exploración petrolera en áreas protegidas y territorios indígenas, la apertura irrestricta a los transgénicos propuesta por el recientemente nombrado viceministro de Defensa del Consumidor o el Decreto No 2452 de Etiquetado de Transgénicos, que posterga hasta el 2019 el derecho a la información reconocido en la Constitución Política del Estado, no estarán presentes en la II Cumbre sobre el Cambio Climático. Mucho menos un debate serio sobre extractivismo, más allá de la insistente victimización de los convocantes que elude la asunción de responsabilidades.
El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años, por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de materias primas, es decir bienes primarios, mientras que otras asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras exportan naturaleza, las segundas la importan (Acosta, 2011).
El término extractivismo no se limita a los minerales o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal e inclusive pesquero, como el que se viene desarrollando en el TIPNIS, “habilitando” comunarios para la pesca ilimitada destinada a la denominada Empresa Nacional del Pescado de Villa Tunari, poniendo en riesgo la alimentación de los pueblos del territorio indígena y llevándolos al endeudamiento de manera similar a la época del caucho, como también se dio con la explotación forestal en el Norte de la Paz.
Apostar al extractivismo para resolver las demandas populares de acceso al agua, alimentación, crédito, servicios y consolidar su legitimidad y apoyo social para mantenerse en el poder y continuar el proceso de cambio es la estrategia de gobierno. Por ello, si bien han efectuado algunos cambios de componentes, como mejoras tributarias que devienen en mayores ingresos fiscales, no hay cambios sustantivos en la actual estructura de acumulación. El argumento de que el extractivismo es indispensable para combatir la pobreza y promover el desarrollo no impide que mantenga y reproduzca los elementos clave del extractivismo de origen colonial, que incrementan sobre todo la vulnerabilidad de los pueblos indígenas.
La mayoría de los conflictos se dan porque la presión sobre los territorios ha llegado a niveles extremos de agresividad: exploraciones petroleras en todas partes, incluyendo territorios indígenas, áreas protegidas, el mar, sitios sagrados; concesiones de minería a gran escala en zonas agrícolas, en fuentes de agua; mega represas que desvían los cauces alterando para siempre los ecosistemas o dejan a los habitantes sin el líquido vital o sin fuentes de transporte o alimentación. Quienes se oponen a estas actividades son acusados de cómplices de la derecha u opositores. Luego de las históricas conquistas de espacios de participación, una serie de proyectos de ley para restringir la interpelación, la consulta pública, o el acceso a la información se encuentran en proyecto, en particular en materia ambiental.
Se pretende tender un velo sobre el hecho de que aun siendo los estados los que ejecuten proyectos, se sacrifica el Vivir Bien, los derechos de los pueblos y de la naturaleza e incluso se continúa sacrificando las posibilidades de un desarrollo emancipador.
Este es el escenario en que la II Cumbre de los Pueblos para el Cambio Climático encuentra en Cochabamba. ¿Será capaz de enfrentar estos temas? El capitalismo es capaz de reciclarse y reinventarse. Superar el capitalismo, aún viviendo dentro de él, implica dejar de colaborar con él.
Referencias:
Alberto Acosta, Extractivismo y neoextractivismo, dos caras de la misma maldición, en: Más allá del Desarrollo. Fundación Rosa Luxemburgo 2011. Quito, La Paz. Patricia Molina, 2010. Neoextractivismo y derechos de la Madre Tierra, al desnudo. www.fobomade.org.bo. Bolivia invita a la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida. http://www.planificacion.gob.bo
