El Proyecto Hidroeléctrico El Bala consistía en la construcción de una gran represa (y sus obras asociadas) en el angosto o cañón que forma el río Beni al atravesar la serranía de El Bala. Ese angosto está situado a pocos kilómetros aguas arriba de las poblaciones de San Buenaventura y Rurrenabaque. Con la caída que se formaba con la represa y el caudal presente en el río, que se iba a regular mediante el embalse o lago que se formaría detrás de la represa, se planeaba generar una gran cantidad de energía. En la época en que la idea fue planteada por el profesor alemán Heinrich Press, el potencial aparente del Bala era varias veces más grande que las necesidades de electricidad de todo el país. Por esa y otras razones –entre ellas su enorme costo (varios miles de millones de dólares)–, el megaproyecto El Bala se mantuvo como una idea durante muchos años, reflotada ocasionalmente mediante decretos que lo declaraban de prioridad nacional o por interés de alguna autoridad o consultor. La última vez que el proyecto fue objeto de atención fue cuando Alberto Chito Valle, ex prefecto de La Paz, presentó al Proyecto El Bala como el proyecto estrella de su gestión, a pesar de no contar siquiera con un estudio de prefactibilidad. Si algo positivo quedó de esa acción del ex prefecto es el debate a que dio origen.
La idea original del profesor Press, de una presa de 205 metros bosquejada en los años 50, cuando no se contaba con información clave, fue descartada por irrealizable hace muchos años. En 1995, la empresa consultora CBP, por encargo de la empresa ICE, elaboró un perfil de proyecto que recomendaba una presa de 169 m de altura, con una central de 2.460 MW (megavatios) de potencia. Los análisis presentados en un taller realizado en la Academia Nacional de Ciencias, en 1999, mostraron que esa alternativa tampoco era viable desde el punto de vista técnico, económico y ambiental. Entre las razones para ello estaba la enorme extensión y volumen (el más grande del mundo) que ocuparía el lago que se formaría detrás de la presa, lo que implicaba costos e impactos ambientales de una magnitud tal que hacía inviable el proyecto, tanto técnica como ambientalmente.
Chito Valle contrató al doctor Greg Morris, quien, en diciembre de 1999, presentó una alternativa que considera la construcción de dos represas de 70 y 90 m de altura, una en el angosto de El Bala y otra en la serranía de Chepite, 40 kilómetros río arriba de la anterior, que, en conjunto, generarían 1.800 MW (la potencia máxima consumida el 2008 en el Sistema Interconectado Nacional fue menor a 1.100 MW). Esta alternativa lograría reducir a la tercera parte la extensión del área a inundarse, pero en su estado actual no es siquiera un perfil, sino tan sólo una idea preliminar. Aún no se ha ubicado el sitio adecuado para la segunda presa y resulta evidente que presenta muchos de los problemas que se identificaron en las otras alternativas, como la sedimentación (el río Beni lleva la mayor carga de sedimentos de todos los ríos bolivianos), lo que afectaría mucho la vida útil económica del proyecto. Análisis posteriores mostraron que la propuesta de Morris contiene serios errores, incluyendo topográficos.
¿Por qué invertir tanto dinero público en los estudios de un megaproyecto que tardaría muchos años en hacerse realidad y que, por tanto, no responde a las necesidades de energía que menciona el Decreto? Más aún, ¿por qué priorizar El Bala sobre los otros proyectos hidroeléctricos en la misma cuenca del río Beni, incluyendo algunos que se encuentran en una fase mucho más avanzada, incluso de factibilidad o diseño final, como es el caso de Miguillas? El potencial hidroenergético de la cuenca andina del río Beni hasta el angosto del Bala es enorme, 22.000 MW según ENDE (55% del potencial del país). La mayor parte de la energía consumida por La Paz proviene de la hidroelectricidad generada en esa cuenca, mediante sistemas (Zongo, Taquesi, Miguillas) que han sido reconocidos internacionalmente por su eficiencia, bajo impacto ambiental y tamaño adecuado a las necesidades del país, es decir, lo opuesto a lo que cabe esperar de El Bala.
Adicionalmente, existe el riesgo de que la actual administración de ENDE se repita los errores y la falta de transparencia de la que están plagados los estudios del proyecto de Cachuela Esperanza y aprovechamientos hidroeléctricos del norte amazónico, que se encuentran actualmente en ejecución. Estos estudios fueron adjudicados directamente a la consultora canadiense Tecsult por 8,18 millones de dólares. Para ello se apoyaron en el decreto 29644, de 16 de julio de 2008, que declara a ENDE Empresa Pública Nacional Estratégica y la habilita a realizar contrataciones directas, previa aprobación de un Reglamento Específico de Contrataciones. El 4 de agosto de 2008, ENDE cursó la invitación a Tecsult para realizar los estudios, quien presentó una propuesta técnica y económica el 12 de agosto (ocho días después). La comisión de evaluación de ENDE presentó un informe positivo sobre la propuesta de Tecsult el 18 de agosto de 2008. Todo este proceso se desarrolló antes de que fuera aprobado el Reglamento de Contrataciones (21 de agosto de 2008). Para colmo, el contrato firmado con Tecsult contiene errores u omisiones muy graves. Por ejemplo, para uno de los tres componentes de los estudios, el de análisis de los impactos de los proyectos hidroeléctricos brasileños de Jirau y Santo Antonio en territorio boliviano, no se incluyó en el alcance de trabajo de la consultora los estudios topográficos, que son indispensables para llevar a cabo ese análisis, por lo que ENDE tendrá que hacerse cargo de esa tarea.
Las dudas están planteadas…
*Jorge Molina Carpio es investigador del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la UMSA.
