06 Junio 2014
Entrevista: Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, dice que el estudio de la Universidad de Padua sobre el bloque 31 brinda al Estado una oportunidad para corregir errores. Un primer paso: ‘suspender las operaciones’.
Cuando se corrobore el estudio de los expertos italianos de la Universidad de Padua y de Amazon Conservation Society sobre el bloque 31, ¿qué corresponde hacer al Ministerio del Ambiente?
Frente a las evidencias contundentes que se están presentando, corresponde actuar; es decir, suspender la licencia ambiental y parar las operaciones en el bloque 31
El Ministerio, en cambio, sostiene que dicho estudio “carecer de rigor científico”, pero los autores analizan, entre otros, informes del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables…
Yo creo que el Ministerio del Ambiente tiene todo el derecho de verificar en campo y corroborar la información. Pero, aplicando el principio de precaución, tiene que empezar parando la licencia. Las licencias son permisos que suponen intervenir en un área de riesgo. Cuando el riesgo está declarado con evidencias como las del estudio de los italianos, hay que detener las operaciones y validar la información in situ. Entonces, si se verifica que el daño está dado, hay que iniciar el proceso para la reparación de la zona y para encontrar las responsabilidades sobre un hecho que ha afectado los derechos ambientales de los ecuatorianos, los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades que están en esos territorios.
Ambiente informa que entre el 13 y el 17 de mayo hubo inspecciones en la zona y que todo marcha de acuerdo con los parámetros establecidos. ¿El país conoce ampliamente esa información?
Antes era mucho más fácil acceder a la información de los ministerios. No hay suficiente información pública sobre el bloque 31, entrar en la zona es difícil, no se permiten ingresos. Pese a ello hemos podido constatar que los daños que reporta el estudio de la Universidad de Padua son verídicos. Entrando por las comunidades, caminando, hemos podido ver que la cantidad de desbrose de vegetación supera con mucho lo señalado por los estudios ambientales. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que el Ministerio ha verificado. En las rutas que hemos recorrido hemos visto un daño gigantesco.
¿El área deforestada ha sobrepasado en casi el 35% lo permitido por la norma?
Así es. Las zonas de desbroce en la carretera son impresionantes. Esta no es la primera vez que sale a la luz pública la magnitud de esta intervención. National Geographic hizo unos sobrevuelos y expuso las primeras fotografías. Con Acción Ecológica y Oil Watch hicimos un recorrido por la zona y fotografiamos algunos de los puntos. Lastimosamente no te permiten circular por toda la zona. Si hablásemos en función de la transparencia, deberían permitir que se transite.
El mismo experto italiano Massimo de Marchi dice que el bloque 31 “es una suerte de territorio privado dentro de un territorio público”. ¿Eso es constitucional?
Eso es absolutamente inconstitucional. Ya hubo un primer precedente en el que prácticamente se hizo privada una parte del Parque Nacional Yasuní, cuando se concesionó a Maxxus y después a Repsol…
En esa zona había una especie de garita. ¿Eso se mantiene?
Sí. Había un sistema de garitas para la entrada y para tramitar los ingresos. En ese tiempo decíamos que era más fácil sacar la visa para España que obtener un permiso para ingresar al campo. Entonces, eso impedía ver qué se estaba haciendo dentro del bloque.
Apelando a la normativa ambiental, ¿la licencia a Petroamazonas puede ser revocada?
Por supuesto. Creo que, este momento, lo que estaría en juego es la vigencia de la licencia. Yo me atrevería a decir que la licencia ya debería ser revocada. Pero, asumiendo que debe seguirse un proceso, lo primero es suspenderla, verificar los datos, realizar una auditoría independiente y, si se corrobora el daño, desarrollar un proceso de reparación integral.
La licencia habla de un ancho de vía de no más de 15 m. Según el estudio de los italianos, en algunos puntos es de 60 m. ¿Cuánto afecta a un ecosistema tan frágil un corte de 15, 25 o 60 m?
Se considera que, cuando se abre una vía, el impacto es de hasta 100 m a cada lado del camino. Con una vía de 60 m no hay posibilidad de establecer corredores que permitan que los animales transiten de un lado a otro. Tienes una interrupción total de las formas de vida que allí habitan. Dos de las características de los ecosistemas selváticos son el endemismo y la fragilidad; entonces, con este tipo de intervenciones se pueden poner en peligro de extinción a varias especies.
¿En qué medida la academia y la sociedad civil pueden incidir para potenciar un trabajo de supervisión in situ sobre lo que ocurre en el bloque 31 y prevenir errores en el bloque 43?
El estudio de la Universidad de Padua abre la posibilidad de demostrar cómo una verificación académica e independiente otorga información que brinda al Estado una segunda oportunidad de hacer correctivos. Pero debemos evitar enfrentarnos a la práctica de los hechos consumados. Lo que pasó en el 31 no puede pasar en el 43. (IFP)
La respuesta del Ministerio del Ambiente
El Ministerio del Ambiente se tomará unos días antes de confrontar el estudio de tres profesionales de la Universidad de Padua y uno de Amazon Conservation Society. Sin embargo, la cartera adelantó un criterio. “La información presentada, a simple vista, carece de todo el rigor científico que requiere un informe de esas características -se lee en el comunicado que consta en la web de esta secretaría de Estado-, puesto que además de los elementos utilizados como las fotografías satelitales de alta resolución, es necesario utilizar otros datos cartográficos e históricos que le den mayor precisión y exactitud a sus conclusiones”.
Ambiente indica además que los datos del informe merecen una confrontación con los datos que conserva el Ministerio. En el ente, asimismo, se cree que el estudio contiene información sesgada que lesiona, sin sustento, las acciones de la institución.
En el comunicado se sostiene también que de acuerdo con el Título 9 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, en los aspectos relacionados con obras civiles, se “establece claramente que la evaluación del cumplimiento de la licencia ambiental se verifica una vez que se ha creado el derecho de vía y se han reconformado los taludes, por lo que las conclusiones del informe (de la U. de Padua) son prematuras en esta fase de desarrollo de la licencia, pues aún no es posible medir el cumplimiento de los anchos de vía de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental. Es claro que el objetivo de este documento es desinformar a la ciudadanía”.
El personaje: Bióloga y auditora ambiental. Es integrante de Acción Ecológica. Desde este espacio de estudios socioambientales ha aportado a la campaña del colectivo Yasunidos para la convocatoria a una consulta popular. También es coordinadora para Sudamérica de la red Oil Watch. FUENTE: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-licencia-a-petroamazonas-ya-deberia-ser-revocada-607786.html
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