En una carta abierta que publicó el sábado pasado (26), el Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB) destacó el papel de las nuevas centrales hidroeléctricas en la inundación histórica en el río Madera, que causó grandes trastornos en el Norte del país.
El documento exige que las concesionarias de las centrales hidroeléctricas de Jirau y San Antônio, junto con las autoridades del poder público, adopten una serie de medidas para mitigar los impactos de la inundación en la población, tales como, por ejemplo, promover las indemnizaciones por la pérdida de producción, equipamientos domésticos, viviendas e inmuebles de los afectados.
Lea la carta:
Somos más de 600 trabajadores rurales y urbanos, ribereños, agricultores, pescadores, extractivistas, trabajadores, funcionarios, comerciantes, representantes y líderes de la comunidad desde el Alto al Bajo Madera como San Carlos de Jamarí, Brasileira, Nueva Alianza, Cujubin, Agrovila Nova Alianza, Cujubinzinho, Igarapé do Tucunaré ( Floresta Nacional de Jacundá), isla de Belo Monte, Itacoã, Reserva Extractivista Lago Cuniã, Curicacas, Pombal, Bom será, Pau D ‘ arco, Nazaret, Jaci Paraná, Línea de IBAMA (Santa Inés), Loteamiento do Trilho, Parque dos Buritis, Reasentamiento Morrinhos, Reasentamiento Santa Rita, Abunã y proyectos de asentamiento Juana de Arco, barrios de la ciudad de Porto Velho y de la Universidade Federal de Rondônia (UNIR) y nos reunimos en la Asamblea Popular de los afectados por las represas y las inundaciones en el río Madeira: por tierra, casa y trabajo, organizado por el Movimiento de los Afectados del Madera (MAB) del dia 17 de abril de 2014, en Porto Velho, en el mercado Cultural frente al Palacio del gobierno del Estado de Rondonia.
Queremos presentar todas las acumulaciones de este encuentro de evaluación, organización y planificación de las orientaciones y las luchas de los afectados, que se levantan contra las recientes violaciones de derechos humanos a partir de las inundaciones históricas del río Madera, sino también durante todo el proceso de ejecución de los proyectos de aprovechamientos hidroeléctricos de San Antônio y Jirau. Tenemos propuestas y queremos tener participación en el proyecto de reconstrucción de nuestras vidas, que los responsables de las empresas deben garantizar.
Responsabilizamos a los accionistas de los consorcios de Energía Sustentable del Brasil, responsable de la planta de energía de Jirau (GDF SUEZ-Tractebel con 40%, Mitsui con 20% y 40%, con el grupo Eletrobras vía Eletrosul y Chesf, cada uno con 20%) y San Antônio Energía, responsable de la Central de San Antônio (Furnas con 39%, Odebrecht con 18,6%, Andrade Gutiérrez con 12,4%, Cemig con 10%; y la caja FIP Amazonia Energía con 20%) y el Estado Brasileño. Para llevar sus emprendimientos y proyectos a Rondonia,, El Estado y las Empresas asumieron los compromisos para apalancar el desarrollo local y regional, generación de empleo e ingresos, reubicación de familias afectadas en condiciones de iguales o mejores de las que vivían antes, energía barata y calidad para todos e incluso que las hidroeléctricas al filo del agua no formaría un lago como el reservatorio.
Con la inundación, son más de 5.000 familias afectadas, más de 100 mil personas sin acceso a agua potable, 12 barrios de Porto Velho y más de 50 comunidades a lo largo del río Madera, incluyendo los municipios de Nova Mamoré y Guajará-Mirim. Estas familias afectadas están sufriendo con la pérdida de sus tierras, sus casas, producción, herramientas de trabajo, equipamientos y otras pertenencias. La mayoría de las familias se mudaron a casas de amigos y parientes, e incluso los que fueron a refugios fueron asistidos principalmente con la solidaridad de la población, que por los gobiernos. Estos afectados han pasado dificultades al ser reconocido como público afectado y de recibir asistencia adecuada tales como alimentos, agua potable, salud y educación, transporte y ubicación de una vivienda adecuada.
Las Inundaciones traen muchos estragos y también retornan de las aguas turbias del madera una serie de alertas, denuncias y luchas reprimidas, cuestiones sobre la hidrosedimentologia del río, sobre la ictiofauna, sobre las formas de vida de los pueblos indígenas y tradicionales, sobre la necesidad de emprender estudios serios sobre las consecuencias generadas por las grandes empresas, sobre las sistemática y planificadas perversidades de las empresas que violan los derechos humanos de los afectados.
Los embalses de las centrales hidroeléctricas fueron sub-dimensionados, así como sus curvas de remanso, las represas están acumulando grandes cantidades de sedimento, lo que conduce a que las se alarguen en una área más grande. Además, de eso, hubo una súper – acumulación de agua para aumentar la tasa de ganancia de las empresas, colocando de forma consciente a la sociedad en riesgo y faltando el respeto a las reglas de operación. Las plantas hidroeléctricas tienen ganancias altas con la energía generada, solamente el Banco BTG Pactual, en enero y febrero de 2014, tuvo una ganancia de Reales 350 millones, debido a la especulación de la energía producida en San Antônio, que ha sido vendido por Reales 822,00/1.000/kWh, diez veces superiores a los precios definidos en la subasta. Estas cuentas serán transferidas al pueblo brasileño con futuros aumentos en tarifas de luz.
• Las Hidroeléctricas potenciaron los efectos de la inundación sumando a los numerosos problemas que ya venían siendo causados como;
• Violación del derecho a la información y la participación;
• Violación del derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión;
• Violación del derecho al trabajo y un nivel de vida decoroso.
• Violación del derecho a una vivienda adecuada;
• Violación del derecho a la educación;
• Violación del derecho a un ambiente sano y la salud;
• Violación del derecho a la compensación total de pérdidas;
• Violación del derecho a la negociación justa, tratamiento isonômico, según criterios transparentes y convenido colectivamente;
• Violación del derecho de ir y venir;
• Violación del derecho a la práctica y las formas tradicionales de vida, así como para el acceso y la preservación de los bienes tangibles e intangibles;
• Violación de los derechos de los pueblos indígenas tradicionales y cimarrones;
• Violación del derecho a la protección especial de los grupos vulnerables;
• Violación del derecho a la reparación de las pérdidas pasadas;
• Violación del derecho a la protección a la familia y la solidaridad social o lazos comunitarios;
• Super explotación de los trabajadores que trabajan en las obras, ultraje a la legislación laboral;
• El incumplimiento con las condiciones establecidas en la licencia ambiental;
• Sub dimensionamiento de la migración causada por las empresas generando un aumento de la población, agravando el acceso a la educación, salud, saneamiento, vivienda, aumentando los niveles de violencia, el tráfico y la inflación de los precios de alimentos y bienes.
• Modificación del sistema de inundación y de flujos de las aguas del río, perjudicando la agricultura en las tierras bajas.
• Elevación de la capa freática, contaminando fuentes de agua para consumo humano.
• Sobresaturación de los suelos, haciendo que las zonas no se puedan cultivar perjudicando a los campesinos;
• Eliminación de territorios y recursos naturales desestructurando las actividades pesqueras y agro-extractivistas.
• Reasentamientos precarios, sin garantía de los derechos fundamentales y de recomposición de su capacidad de trabajo y generación de ingresos
• Estudios de Impacto Ambiental insuficientes y erróneos, que no señalaron quiénes serían los afectados.
• Embarrancamiento en la orilla del río en diferentes puntos, afectando las viviendas de muchas familias.
• La proliferación de los mosquitos vectores de enfermedades.
Las plantas hidroeléctricas de San Antônio y Jirau alcanzaron una inversión de 16 billones y 17,3 billones. La mayoría de los recursos es inyectado desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y en vez de traer beneficios, convirtieron mucho peor las condiciones de vida de las poblaciones locales, llegando a muchas situaciones graves de vulnerabilidad.
A pesar del financiamiento público, de los malos tratos a los trabajadores, de falta de respeto a los pueblos afectados y al medio ambiente; la energía generada como mercancía todavía se utiliza según la lógica instalada en el sector eléctrico desde el régimen militar. La hidroeléctrica de Jirau, por ejemplo, ya tiene el 73% de la generación de electricidad contratada por medios de contratos de 30 años con distribuidoras de energía y el resto con los accionistas existentes. La GDF Suez es dueña de 60% de la energía todavía no comercializa Jirau en el mercado libre. La energía de San Antônio y Jirau energía forman parte de un proyecto que no atiende los intereses populares. Son obras del PAC (Plan de Aceleración del Crecimiento) que forman parte del proyecto IIRSA (Iniciativa de la Integración Regional Sudamericana) del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), plan centrado en la acumulación de ganancias de grandes empresas transnacionales.
Apoyamos la medida cautelar del Tribunal Federal que determina a pedido de los Ministerios Públicos Federal y Estadual, de las Defensorías Estadual y de la Unión y de la Orden de Abogados del Brasil (OAB) que sean re- elaborados los Estudios de Impacto Ambiental participativa (EIA) y el Informe de Impacto en el Medio Ambiente (RIMA) de San Antônio y Jirau; y que los especialistas sean nombrados por el Ministerio Publico, y no por los propios emprendedores. Sin embargo, reivindicamos que las comunidades afectadas aguas debajo de la Represas de San Antonio, excluidas en la aceptación, también sean reconocidas como afectadas , obligando a los consorcios de Jirau y San Antônio garanticen y aseguren toda la asistencia necesaria a las familias de estas localidades.
Que el desdoblamiento de la Acción Civil Publica impetrada contra San Antonio, Jiraú e Ibama en el Madera repercute en otros proyectos sobre los ríos Tapajós, Xingu, Teles Pires, Machado y Amazonia afuera. Pues antes de cualquier inundación anormal ya había relocalización obligatoria de familias campesinas para áreas improductivas, quitándoles sus condiciones de reproducción material y simbólica, la disolución de las fuentes de sustento de los pescadores, casas desmoronándose junto al barranco del río, entre otros casos negados que no pueden repetirse.
No nos engañamos. En Rondonia, después de más de 30 años todavía siguen más de mil familias sin tierra afectada por la central hidroeléctrica de Samuel, en el río Jamari. Muchas familias permanecen sin energía eléctrica o energía de calidad en estas regiones. Reunidos junto a estos compañeros de Triunfo, Candeias e Itapuã do Oeste, memoria viva de la deuda social de Samuel, manifestamos firmemente que sólo la lucha va hacer valer nuestros derechos.
Orientaciones de emergencia:
Repudiamos el plan llamado «Refugio único», propuesta impositiva y deshumana de alojamientos de las familias sin hogar en barracas de lonas insalubres sobre condiciones de alta temperatura y reducida ventilación, entre otros problemas ya señalados por el MAB, CREA. Defensoría Pública del Estado, OAB y Ministerio Público Federal.
Exigimos que las familias que viven en casas de parientes y otros refugios en la ciudad y en los distritos (escuelas, iglesias, en tierras altas, restante en el alto y bajo Madera) sean alojadas en edificios públicos y privados que están deshabitados o en hoteles y hostales, o también un auxilio de Alquiler justo, tan pronto como sea posible para garantizar el comienzo de clases, hasta que sus comunidades y villas sean totalmente reconstruidas. Para las familias, debe continuar la asistencia completa con agua potable y alimentación, transporte de sus pertenencias y transporte escolar de sus hijos.
Orientaciones Estructurales:
Que los consorcios de Energía Sustentable de Brasil (ESBR) y San Antônio Energia (SAE), concesionarias de las plantas hidroeléctricas de Jirau y Santo Antônio, respectivamente, el Estado, a través de los gobiernos federales, estadual y municipal garanticen:
1) Reubicación en tierras firmes de las comunidades afectadas con lotes y casas adecuadas para cada perfil de la familia afectada, el agua tratada y entubada, energía, carreteras y puentes;
2) indemnización por pérdida de producción de equipamiento domésticos, casas, muebles y otras pertenencias;
3) construcción, reparación o reubicación de la comunidad y las obras públicas y patrimonio histórico-cultural, afectadas por las aguas en lugares seguros;
4) Renta de mantenimiento mensual para todas las familias afectadas de reales 1.000.00 por al menos 12 meses, hasta que las familias se restablezcan.
5) Canasta de alimentos mensual para todas las familias afectadas;
6) Condiciones dignas de alojamiento durante el período desplazado; vivienda adecuadas, casa de albañilería,, agua tratada y potable, energía, carreteras y puentes;
7) Infraestructuras colectivas en estos locales: escuelas, guarderías integrales. Puesto de salud, centro comunitario y zona de diversión;
8) Reubicación de las familias afectadas por los embalses de las represas de Jirau y San Antônio;
9) Perdón de las deudas de los pescadores y los agricultores frente a los Bancos financiadores y apertura de un nuevo crédito para promover actividades productivas.
10) Viabilidad de un Programa de Desarrollo con plena participación de la población afectada, de recuperación y desarrollo con la contribución de dinero en buenas condiciones, con Fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico e Social (BNDES).
Movimiento de los afectados por las Represas.
Agua y energía con soberanía, Distribución de la riqueza y Control Popular
