El 28 de febrero del año 2011, el pueblo de Rurrenabaque, a través de sus representantes del Comité Impulsor, las Asociaciones de Residentes de La Paz y Rurrenabaque y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo-Rurrenabaque, optaron por acudir al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID (MICI) para presentar un reclamo por la afectación existente y los efectos previsibles del proyecto “Puente San Buenaventura – Rurrenabaque” en los que señalaron responsabilidad del Banco.
El BID había tomado la decisión de aprobar el financiamiento para el puente moviendo fondos del Programa de mejoramiento del tramo Santa Barbara-Rurrenabaque del Corredor Norte, sin cumplir con las políticas del propio Banco, entre ellas las políticas de evaluación de impactos ambientales y sociales, de acceso a la información, cumplimiento de la legislación nacional, la política de riesgos y desastres, que se relaciona con la deforestación y migración que atraería el proyecto y el no cumplimiento de la consulta pública, lo que incluye que se consulta a otros pueblos donde no está ubicado el puente y no a si a la población directamente afectada.
El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) es el mecanismo de rendición de cuentas para las operaciones financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Atiende los reclamos de personas o comunidades afectadas por dichas operaciones, que pueden presentar sus argumentos que serán investigados y analizados respecto de la posible falta de aplicación de las políticas operativas pertinentes del Banco, el que coadyuvará a la búsqueda de soluciones. (www.iadb.org/mici).
Después de largas reuniones, argumentos y discusiones, el 6 de junio de 2012, se logró un acuerdo entre todas las partes incluyendo al BID y al gobierno. Dicho acuerdo establece la elaboración de estudios complementarios para encontrar alternativas a la ubicación del puente que no afecten al pueblo de Rurrenabaque y sus actividades económicas, en particular turísticas, en las cuales está involucrada la mayor parte de la población. El compromiso de los firmantes (gobierno, BID, Municipio, Comité y otros representantes) fue que la decisión del emplazamiento del puente y los accesos sería tomada con el pueblo, pero al inicio de las acciones de cumplimiento del acuerdo, la decisión del MICI-BID fue finalizar la Fase de Consulta señalando que no existían las condiciones adecuadas para el diálogo, porque el Banco ya no financiaría el proyecto.
Rurrenabaque tiene renombre internacional como destino turístico amazónico, por ser una región de altísima riqueza biológica y diversidad cultural y por los esfuerzos de sus habitantes, que invirtieron en servicios de hotelería, albergues turísticos, restaurantes, piscinas, transporte terrestre y fluvial. Se trata de un lugar tranquilo, organizado, con buenos servicios. Es evidente que el futuro de Rurrenabaque, las Áreas Protegidas, las Tierras Comunitarias de Origen (territorios indígenas) y la economía regional están muy entrelazados. Ala impactar negativamente a la actividad turística, la organización económica territorial puede desmoronarse.
Si la atractiva y tranquila ciudad turística es convertida en una población de tránsito de camiones y buses de transporte interdepartamental e internacional, el turismo decaerá y por consiguiente la economía basada en esa actividad será impactada, esto significa afectar a los beneficiarios directos e indirectos como son los pueblos indígenas, las comunidades campesinas que proveen frutas y otros alimentos, el ganadero que provee carne, el empresario hotelero, los guías de turismo, transportistas de botes y movilidades, cocineras, constructores, comunidades indígenas que proveen y tejen jatata, agricultores, comerciantes, etc.
Un puente de tráfico pesado internacional a una cuadra de la plaza principal, sin duda tendrá grandes impactos. Alarma profundamente que en los varios tomos del estudio a diseño final del puente, el análisis del turismo se limita a una página, incluyendo una foto.
Esta preocupación fue comunicada en todas las oportunidades desde el 2006, a la ABC y al BID. Desde el 2006, apenas comenzado el proyecto de diseño, se exigió la realización de un análisis de alternativas de ubicación, tomando en cuenta estos criterios, sin resultado alguno. La ABC no ha permitido contemplar ninguna alternativa.
El 25 de junio del 2013 el reclamo fue elevado a una segunda instancia del BID: el Panel de Expertos, para que inicie una investigación destinada a establecer si el Banco cometió algún acto u omisión –y de ser así, cómo y por qué– respecto a la operación que se comprometió a financiar.
Los efectos negativos del proyecto fueron resumidos en los siguientes puntos principales ampliamente detallados en el reclamo al MICI:
Destrucción de la forma de vida, seguridad, tranquilidad de la población y destrucción de la principal actividad económica, afectando derechos humanos, sociales, económicos y ambientales. Riesgos a la vida y a la seguridad de la población de Rurrenabaque, de las comunidades y municipios vecinos por los efectos de la construcción del puente y su emplazamiento en una zona de riesgo para la población, próxima a escuelas, plazas y viviendas. Imposibilidad del libre ejercicio de la democracia por el incumplimiento de derechos, falta de acceso a información oportuna, emisión de información confusa y falsa para manejar la opinión pública, desprestigio a la población de Rurrenabaque y sus habitantes y vulneración de las leyes sumado a un proceso no transparente de modificación del contrato inicial. Creación de un clima de confrontación e inseguridad entre poblaciones hermanas, departamentos y regiones que siempre han vivido en armonía y con un desarrollo común, promoviendo desde el más alto nivel gubernamental acusaciones, amenazas e incluso el secuestro de ciudadanos del pueblo privados de libertad y con riesgo a su vida durante el bloqueo de 4 días instigado por el ABC el 2011. Ocupación de las serranías por efecto de una carretera que atraviese la zona sur y sureste que ocasionaría migración y urbanización rápida en las mismas, con el consecuente daño ambiental y vulnerabilidad ambiental, por encontrarse sobre una falla geológica, donde el terreno es propenso a deslizamientos. En las serranías se encuentran las fuentes de agua para Rurrenabaque y senderos turísticos, que conectan con la Reserva Pilón Lajas, cuya ocupación de hecho tendrá efectos en la planificación urbana municipal, en el acceso al agua y en la actividad económica que genera el turismo. El efecto anterior tiene además dimensiones específicas de género y pobreza, porque dará lugar a áreas periurbanas caracterizadas por la ilegalidad.
En la documentación entregada junto al MICI se encuentran las cartas de reclamo a la Ministra de Medio Ambiente por la vulneración de la legislación nacional. Entre otros requisitos, el proceso de Licencia Ambiental exige una consulta pública y un Plan de Reasentamiento e Indemnizaciones a población Afectada (PRIPA) (inexistentes).
El informe del MICI de la primera fase confirma la vulneración de derechos humanos y la “supuesta aprobación” de la población afectada bajo presión por la toma de rehenes.
Para cerrar esta nota, en fecha 31 de octubre de 2013 en reunión convocada verbalmente en el mismo día, en la que estuvieron presente funcionarios de segundo nivel del Municipio de Rurrenabaque, parte de los reclamantes al MICI y funcionarios de gobierno, la Sra. Noemí Villegas, Gerente Regional La Paz y Erick de las Heras, Gerente General de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) comunicaron de manera verbal que el Poder Ejecutivo ha tomado la decisión de llevar adelante la construcción del proyecto de Puente Rurrenabaque – San Buenaventura por la llamada “Alternativa 1” , es decir el cuestionado proyecto original diseñado por la consultora Carl Bro-CAEM.
Los funcionarios de ABC además señalaron que la reunión se realizaba para “informar y no para alcanzar algún acuerdo porque las decisiones están tomadas, el proyecto se construirá a pesar de los errores que se hayan podido cometer en el pasado por ambas partes (¿?)”. Destacaron adicionalmente que su presencia en Rurrenabaque se debía a “instrucciones superiores de comunicar la decisión sobre el proyecto del puente y que la reunión tenía como fin recoger percepciones para realizar mejoras al proyecto, quedando al municipio y población la única opción de plantear alguna compensación que sería analizada por los ministros”.
Una vez más los reclamantes señalaron la repetida actitud de gobierno de no permitir el acceso a información (estudios complementarios contratados), cuestionaron la supuesta consulta o abrupta reunión de validación de estudios realizada el 16 de septiembre sin que se hayan dado a conocer los estudios a pesar de las repetidas cartas de solicitud, la firma de actas de consulta con población llegada para la ocasión desde poblaciones lejanas y en particular se reiteró que no cuentan con la aprobación de la población de Rurrenabaque, ya que la decisión del gobierno es de imposición y que el rechazo de la población de Rurrenabaque se sustenta en derechos establecidos en la legislación nacional empezando por la Constitución Política del Estado.
Por lo señalado, la decisión del BID de iniciar un proceso de investigación reconoce implícitamente los esfuerzos de los pobladores de Rurrenabaque de ejercer ciudadanía participando, debatiendo y aportando al diseño y planificación del desarrollo regional y local y a la defensa de tu territorio. Esperemos que a su vez las autoridades gubernamentales comprendan que el desarrollo se consensúa y lleva a cabo con el pueblo en el lugar geográfico si lo que se busca es realmente el desarrollo territorial. Trasladar, reasentar y promover migraciones electorales, no es sostenible, ni es desarrollo.
