En fecha 31 de diciembre de 2012, los miembros del Directorio y comunarios indígenas de la Comunidad Tacana El Retorno ya denunciaron ante el Ministerio Publico de la ciudad de Riberalta, el Comando de Policía Amazónico y el Defensor del Pueblo de la ciudad de Riberalta, a la familia Rivero Galarza por lesiones graves, privación de libertad, amenazas y allanamiento de domicilio y otros; de todo lo cual solo el Defensor del Pueblo tuvo un acercamiento por los problemas suscitados, pero no así las instituciones públicas. Estas no emitieron respuesta alguna.
En fecha 21 de enero de 2013 slos comunarios de El Retorno presentaron las querellas correspondientes por los delitos de tentativa de asesinato, amenazas, robo agravado y otros, en contra de los señores Rivero Galarza, ya que existía el amedrentamiento a sus familias. Estas querellas fueron presentadas ante el fiscal de Distrito del Departamento de Pando y el Ministerio Público de la ciudad de Riberalta, pero no progresaron. Como todas las mencionadas actuaciones no fueron atendidas en su momento, los comunarios indígenas tomaron la determinación de recurrir a su ente matriz, la CIDOB, para que realice las denuncias correspondientes en la ciudad de La Paz. Los hechos con toda la documentación pertinente fueron dados a conocer en fecha 12 de marzo de 2013 ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Defensor del Pueblo de Bolivia, solicitándoles se forme una comisión para que se investiguen estos casos de violación de los derechos humanos. Tampoco se obtuvo respuesta alguna. Asimismo el señor Ruperto Amutarui Capitán Grande del Pueblo Indígena Takana OITA, solicitó al Ministro de Gobierno más efectivos policiales asimismo condiciones para que estos puedan cumplir con su trabajo puesto que por falta de recursos su organización no podía realizar el apoyo correspondiente a los pueblos indígenas. Después de siete meses, los hechos son ampliamente conocidos porque una periodista de un matutino retoma el conflicto, aunque en publicaciones del mes de febrero y marzo los hechos fueron dados a conocer Actualmente, cuando Pagina 7 en fecha 22 de julio da a conocer las violaciones que se había cometido en esta comunidad, ninguna autoridad a la cual se recurrió indica que tuvo conocimiento. Por lo que los comunarios que denunciaron dichos atropellos se ven más desprotegidos todavía, ya que no existe celeridad en las denuncias presentadas, siendo flagrantes estas violaciones que vienen sufriendo de parte de los barraqueros, que vienen saqueando sus recursos naturales. Ellos hacen caso omiso a las denuncias presentadas correspondientes mientras los denunciantes pasan a ser denunciados.
Esperemos que ahora que el Ministerio de Justicia tuvo conocimiento de estos hechos, asimismo el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina, puedan colaborar con las victimas y se pueda esclarecer y acelerar para hacer prevalecer los derechos colectivos de la comunidad Tacana.
