El perdonazo a los depredadores del bosque, beneficia a los grandes productores, legaliza el latifundio, da vía libre y consolida al agro-negocio capitalista que no garantiza la soberanía alimentaria ni la igualdad social y confirma la ausencia de una política forestal seria, equitativa y responsable del gobierno, en un país que tiene más de la mitad de su superficie con cobertura forestal.

El Gobierno de Bolivia promulgó el Decreto Reglamentario N°1578   de la Ley 337 de “Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques”  con el cual se consolida el perdonazo a la desforestación irregular en el país. Se habilitaran 4.988.000 hectáreas que beneficiaran a más de 20.000 productores agrícolas y pecuarios del país que entre el 12 de Julio de 1996 y el 31 de Diciembre del 2012 desforestaron ilegalmente y sin autorización.

El 6 de Mayo del 2013, Vicepresidente Álvaro García Linera hizo entrega a la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) y al sector productivo de Santa Cruz, la Reglamentación de la Ley 337  y dijo que el objetivo es consolidar al sector productivo y obligar a ampliar la producción agrícola, lo cual se traduce en mayor producción de alimentos para el país para el consumo interno y la exportación. Agregó, que hay que  garantizar el alimento para todos los bolivianos y a un precio justo, además de ayudar a que los empresarios no pierdan sus propiedades y que no tengan que paralizar su producción,

En el mismo acto el Presidente de la CAO Julio Rodas dijo que esta medida da viabilidad al sector productivo y aporta a la seguridad alimentaria del país.

Propietarios, productores y poseedores de tierra que se acojan al programa que establece un régimen excepcional para el tratamiento de los predios que hayan sido desmontados entre 1996 y 2012  pagaran una multa establecida, reforestaran un porcentaje del 10% del área afectada y deberán producir obligatoriamente alimentos en los próximos cinco años.

Según datos de la ABT, desde el año 1996 al 2011, se han desforestado en el país  más de 5 millones de hectáreas de las cuales solamente 484 fueron con autorización, lo que significa que existen cerca de 5 millones de hectáreas que pueden ser incorporadas con la ley, a la producción agrícola y pecuaria.

Los departamentos que se benefician con la Ley, son Santa Cruz con el 56% de los desmontes no autorizados, Beni con el 19%, Tarija con el 12%, Pando con el 8%, Chuquisaca con el 4 y Cochabamba con el 1%.

La Ley 337 beneficia a propietarios de predios titulados por el INRA, predios en proceso de saneamiento o sin sanear en los que existan desmontes sin autorización; así como a beneficiarios de predios con procesos administrativos sancionatorios, que no cuentan con Resolución Administrativos por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras- ABT.

La Ley 337 y su Decreto Reglamentario, perdonan 16 años de depredación continua de los bosques del país, no solo se constituyen en un duro golpe a la preservación forestal amazónica; sino que legaliza el crimen ambiental*, consolida el latifundio y el agro negocio capitalista que no garantiza soberanía alimentaria.

El agro-negocio produce alimentos priorizando  la exportación más que el mercado interno, produce las especies que demanda el mercado externo, regula los precios según el libre mercado, utilizan agroquímicos y transgénicos que dañan la salud humana, concentran el capital, la tierra, la producción, el transporte y el comercio en pequeños grupos de poder en detrimento de las mayorías de los pequeños productores familiares agroecológicos.

La Ley 337 es un espaldarazo a los grandes acaparadores de tierra que han seguido desforestando indiscriminadamente y que han  ampliado su área agrícola y pecuaria durante los años establecidos en el perdonazo. Con esta norma que no establece límites a la gran propiedad, se  consolidan grandes extensiones de tierra en pocas manos; poseedores  que han ampliado el latifundio capitalista y seguirán ampliando su poderío económico y social, con una lógica mercantilista de lucro.

Es más, los que no tenían títulos, los que no habían saneado tierras y los que han desmontado ilegalmente quedan libre de culpa y se benefician con la consolidación de esos predios que serán titulados y que en su mayoría son producto del avasallamiento, despojos, tráficos de influencia, lavado de dineros ilícitos, etc.

La norma también beneficia al capital extranjero transnacional que utiliza a “palos blancos” bolivianos que han concentrado grandes extensiones de tierras para el agro negocio con el  objetivo  de exportar productos agrícolas y concentrar fortunas en pocas manos en prejuicio de las grandes mayorías de  campesinos e indígenas y ha profundizado la brecha entre ricos y pobres, especialmente en Santa Cruz.

Esta Ley también beneficia a los colonizadores (Interculturales) que han avasallados los bosques de la amazonia boliviana y que vienen con una mentalidad mercantilista y muchos de ellos trafican con la tierra y/o tienen doble propiedad, además de incentivar el cultivo de cocales.

Esta medida potenciara a los grandes y medianos productores que  tienen capital financiero, acceso al acredito y tecnología los que podrán cumplir con esta norma, mientras que los pequeños productores no tienen capital, tienen dificultades al crédito y tendrán problemas para cumplir con la normativa.

Por otra parte, no se está respetando otras normas ambientales vigentes en país que establecen que se debe utilizar la tierra según su vocación y no realizar ni forzar un cambio de uso del suelo. En este caso tierras de vocación y producción forestal maderable y no maderable es utilizada para la agricultura y la ganadería. No es posible seguir desforestando bosques cuando se tienen enormes áreas de vocación agrícola y ganadera como el Dpto. del Beni, por ejemplo, donde el Estado debiera potenciar la producción. Para ello es necesario realizar el Plan de Ordenamiento Predial  en la cual se establezca y se respeten la vocación de la tierra.

Para evitar especulaciones y para que el pueblo boliviano este informado de la verdad y por el derecho al acceso a la información transparente es importante que el INRA y la ABT publiquen y difundan los nombres de los titulares, la extensión y la ubicación de las áreas  agrícolas y pecuarias que serán beneficiarios con este programa.

Intentando una interpretación de la connotación de esta norma nos lleva a establecer la existencia de un pacto entre colonizadores avasalladores de tierra en el oriente y latifundistas del agro negocio cruceño. Políticamente el gobierno rompe la barrera del rechazo burgués del regionalismo autonómico radical de la derecha cruceña y divide a la oligarquía local. El objetivo es buscar apoyo coyuntura electoral oportunista de la clase burguesa terrateniente y el precio es mantener sus privilegios económicos consolidando a  su favor la gran propiedad agraria. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la burguesía latifundista  tiene intereses económicos y no garantizan lealtad política en el tiempo ni se volverán progresistas por lo cual su estrategia es solamente el dominio sobre la tierra y el poderío económico.

Del lado de las organizaciones sociales hay un silencio cómplice. Nadie ha reclamado la falta de gestión participativa, de discusión y consulta de los sectores sociales en la elaboración y en la decisión de promulgar esta norma. Es evidente el vaciamiento de los líderes campesinos e indígenas de la amazonia que han accedido a espacios de poder;  son autoridades del proceso de cambio y las nuevas generaciones han sido cooptadas políticamente, son víctima de la prebenda y el  clientelismo; y/o han sido  divididas. Son pocas las voces autocriticas y de resistencia

Por su parte,  las bases no están informadas debidamente y están conformes con la inversión pública del gobierno, tras década de exclusión neoliberal, son agradecidos con las obras del desarrollismo (carreteras, escuelas, coliseos, estadios, agua potable, centros de salud, etc) y los bonos económicos, producto de la era de bonanza económica de la renta gasífera; pero que no prioriza la producción agroecológica y el desarrollo humano; y tampoco resuelven el problema de la injusticia y la desigualdad entre las clases sociales. Se han olvidado de luchar por una distribución de la tierra para los más pobres afectando al latifundio capitalista de los barones del oriente.

Mientras esperamos el despertar del letargo y adormecimiento de las bases campesinas e indígenas del  Bloque Oriente, que no debate ni articula, el gobierno seguirá consolidando el latifundio capitalista y el patrón de desarrollo del agro negocio heredado del neoliberalismo. ¿Será esto una abdicación a los principios socialistas?

*Cabe aclarar, que en la legislación Boliviana la destrucción de los bosques y la  biodiversidad sin autorización no constituye crimen ambiental, pero en algunas otras legislaciones de Latinoamérica sí es considerado y tiene castigos penales.