Treinta de las treinta y seis comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS, rechazaron la construcción de la carretera en la post consulta realizada por el Gobierno, destaca el informe que presenta los resultados de la verificación de una comisión en el territorio indígena.

Puntualiza que tres comunidades aceptaron la carretera y las otras tres condicionaron su construcción a la realización de estudios de impacto ambiental  y cambios de ruta para que la misma no atraviese por el corazón de su territorio.

El informe, desmiente las versiones del Ministerio de Obra Públicas y Agua que asegura que el 80% de las comunidades aprobó la construcción de la carretera y el 83% rechazó la intangibilidad del TIPNIS.

El Comunicado Público de la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), asegura que las brigadas del gobierno persuadieron con obsequios a los indígenas para que participen en la consulta, les ofertaron proyectos de desarrollo y mejoras en salud y educación.  Pero también aplicaron la intimidación, la presión y las represalias, pues si se negaban a participar les anunciaban la suspensión del pago de bonos sociales y de los servicios de salud.

Los brigadistas no entregaron información sobre el proyecto de la carretera, pero además tergiversaron la significación de la intangibilidad pues aseguraron que con la Ley 180 ya no podrían cazar, ni sacar leña para sobrevivir, puntualiza.

La Iglesia Católica en Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, (APDHB), y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), conformaron una Comisión Interinstitucional que visitó 35 comunidades y un centro de gestión del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro – Sécure (TIPNIS) del 29 de noviembre al 13 de diciembre de 2012, en respuesta a la solicitud expresa de los dirigentes indígenas del TIPNIS3, a través de cartas, resoluciones y visitas institucionales.

La misión fue verificar en terreno si el proceso de consulta se realizó de acuerdo a los estándares de la consulta previa, y verificar si el procedimiento implementado por el Gobierno cumplió con la concertación establecida en la Sentencia Constitucional 300/2012 como condición para la constitucionalidad de la Ley 222.

Al finalizar su misión dieron a conocer un informe para conocimiento de la sociedad boliviana y las instancias nacionales e internacionales sustentado en la independencia y credibilidad que gozan la Iglesia Católica y la APDHB.