Movimiento campesino brasileño en contra del agronegocio
Desde 1984, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil ha crecido hasta contar hoy con 1,5 millones de miembros, y ha ocupado pacíficamente tierras ociosas para promover la reforma agraria y la agricultura agroecológica. En todo el país ya se han establecido más de 350.000 familias en tierras ociosas, lo cual es legal según la Constitución de Brasil.
En marzo de 2011, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), La Vía Campesina y otros movimientos sociales protestaron contra el uso excesivo de agrotóxicos en Brasil. Desde entonces, junto con otras varias organizaciones de la sociedad civil, lanzaron la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, con el objetivo de denunciar y generar conciencia sobre los impactos negativos del modelo agrícola predominante y el potencial existente para un nuevo modelo fundado en la soberanía alimentaria.
El uso de agrotóxicos es un problema inherente al modelo agrícola actual. Brasil es desde 2008 el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo, y más de un millón de toneladas se vendieron en la temporada 2009/10. En 2010, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) estimó que el 28% de los alimentos consumidos en Brasil contiene niveles peligrosos de residuos de agrotóxicos.
Este crecimiento en el uso de agrotóxicos ha venido de la mano con la expansión de los cultivos transgénicos, específicamente la soja transgénica. En 2009, Brasil desplazó a Argentina como segundo productor mundial de cultivos transgénicos. En 2009/10, se cultivaron 23 millones de hectáreas de soja en Brasil, de las cuales 70% o 16,5 millones de hectáreas fueron cultivadas con soja transgénica Roundup Ready (RR). La soja RR de Monsanto está manipulada genéticamente para hacerla resistente a su herbicida Roundup a base de glifosato.
Se estima que los productores de soja de Brasil pagaron, sólo en la temporada 2009/2010, mil millones de reales (US$530 millones) en regalías a Monsanto por el uso de su tecnología Roundup Ready. En 2006, miembros de La Vía Campesina y el MST acamparon frente a la Hacienda Santa Rita en el estado de Paraná para protestar contra el hecho que su dueño, Abelardo Lupion del Partido del Frente Liberal de orientación derechista, le compró esos campos a Monsanto a cambio de hacer uso de su influencia política para legalizar el glifosato en Brasil. La Vía Campesina Brasil también ha denunciado a los productores industriales de soja transgénica que han contaminado pequeños establecimientos rurales vecinos.
El agronegocio también ha estado implicado en conflictos violentos por la tierra en Brasil. En octubre de 2007, el dirigente del MST, Valmir Mota de Oliveira fue asesinado durante una ocupación pacífica de un campo de ensayos transgénicos en el estado de Paraná, cuando cerca de 40 guardias armados privados subcontratados por NF Segurança, la empresa de seguridad privada contratada por Syngenta para proteger el predio, atacaron el campamento campesino.
La Vía Campesina Brasil había ocupado el predio en marzo de 2006, en respuesta a las pruebas ilegales con transgénicos realizadas allí por Syngenta. En julio de 2007, 70 familias eventualmente dejaron el campamento, pero en octubre, temiendo que Syngenta reanudara los ensayos transgénicos, el predio fue ocupado nuevamente. Esta ocupación pacífica fue reprimida con un violento ataque armado que terminó con la vida de Valmir Mota, quien recibió dos disparos a quemarropa en la pierna y en el pecho.
Estas graves violaciones de los derechos humanos desataron protestas en todo el mundo, no sólo contra el papel de Syngenta en los abusos, sino también específicamente en contra de las semillas transgénicas y el control empresarial de la agricultura.
Reforma agraria y soberanía alimentaria como alternativa a los transgénicos
Tres cultivos transgénicos fueron autorizados para la siembra en Brasil: soja, maíz y algodón. La soja sigue siendo el principal cultivo transgénico.
La agricultura familiar y campesina da cuenta del 78% de la producción de alimentos del país y agrupa el 84% de todos los establecimientos agropecuarios del Brasil, empleando a tres veces más personas que el agronegocio, pero sólo ocupa el 24% de las tierras agrícolas. Estos agricultores son la vanguardia de la batalla contra el cultivo de transgénicos, ya que promueven y ponen en práctica la soberanía alimentaria. El modelo agrario neoliberal podría ser suplantado si la agricultura familiar y campesina, que actualmente suministra gran parte de los alimentos del país, recibiese la inversión pública que hoy se destina a las empresas agrícolas industriales tales como las del etanol de caña de azúcar, la soja y otras agroindustrias de monocultivos.
El respeto y aplicación de los derechos de las comunidades, combinado con inversiones en la soberanía alimentaria como parte de una reforma agraria nacional, podrían proteger a los agricultores y comunidades locales contra la desigualdad socioeconómica y los abusos a los derechos humanos. Según el Segundo Plan Nacional de Reforma Agraria, se estima que Brasil tiene cerca de 200 millones de hectáreas baldías y 130 millones de hectáreas improductivas, donde miles de trabajadores rurales sin tierra podrían establecerse, producir alimentos saludables, generar empleo, construir viviendas y generar energía biológica a pequeña escala para las comunidades locales, además de preservar el medioambiente.
Moratoria de 10 años a los transgénicos en Perú
En noviembre de 2011, el Congreso de Perú aprobó una moratoria de diez años al cultivo y la importación de transgénicos –incluidos semillas, ganado y peces—con el fin de proteger la biodiversidad, la agricultura nacional y la salud pública. La aprobación de esta ley es un hecho sumamente importante y refuerza la oposición del Presidente Ollanta Humala a la biotecnología, a diferencia de su antecesor Alan García que la apoyaba. Este acontecimiento, agenciado por uno de los principales exportadores de alimentos orgánicos, representa un duro golpe para los intereses empresariales estadounidenses, Monsanto incluido, habida cuenta, particularmente, que Perú fue identificado por el gobierno de Estados Unidos como uno de los “países clave” para la expansión de los transgénicos, según un cable de Wikileaks.
Fallo histórico sobre la soja tóxica en Argentina
Un tribunal argentino reafirmó una orden judicial de 2010 que prohibía la aplicación de agrotóxicos cerca de viviendas en la provincia del Chaco. Los agrotóxicos mencionados en el caso son el glifosato (Roundup), endosulfán, metamidofos, clopirifos y picloram, entre otros.
El tribunal prohibió la aplicación de químicos en un radio de 1000 metros de las viviendas en caso de fumigaciones terrestres y 2000 metros si se trata de aplicaciones aéreas. El tribunal reafirmó el principio de precaución, es decir, que si hay probabilidad de daño ambiental irreversible es necesario tomar medidas de protección, e hizo énfasis en que se debe priorizar la salud de la población antes que la producción agrícola. El tribunal también prohibió las fumigaciones con agrotóxicos cerca de cursos o cuerpos de agua.
Los fallos judiciales que establecen zonas prohibidas para la fumigación constituyen pasos importantes que contribuyen a proteger a las comunidades locales de los impactos más directos. Sin embargo, este es solamente un paso en la intensificación necesaria de las luchas internacionales contra la producción industrial de soja transgénica, a la que debe ponérsele punto final antes que cobre más víctimas debido al uso asociado de agroquímicos tóxicos, el desplazamiento masivo de comunidades locales, y la comercialización de alimentos y raciones transgénicos inseguros para consumo humano y animal respectivamente.
Paralelamente a los volúmenes cada vez mayores de herbicidas utilizados en la fumigación de los cultivos de soja, se ha registrado un aumento de las malformaciones congénitas, como muestran los análisis científicos. Los cultivos transgénicos de Monsanto tolerantes a su herbicida en base a glifosato son sembrados principalmente en Estados Unidos, Brasil y Argentina. El uso de agrotóxicos en Argentina ha crecido 330% desde la introducción de la soja transgénica. Hay pruebas sólidas que asocian la exposición al glifosato con la incidencia de cáncer, desequilibrios hormonales, malformaciones congénitas y enfermedades neurológicas como el mal de Parkinson.116 Esto desmiente las afirmaciones de Monsanto que sostiene que su herbicida Roundup permite un control de malezas simple y ambientalmente responsable. Monsanto afirma que: “El herbicida Roundup presenta excelentes características ambientales tales como su rápida adherencia al suelo, biodegradación (persistencia reducida) y una toxicidad sumamente baja en mamíferos, aves y peces”.
Los testimonios locales son prueba adicional de que las fumigaciones con Roundup para los cultivos de soja acarrean impactos negativos para la salud, incluso malformaciones congénitas.Una de las entrevistadas, Viviana Peralta de la provincia de Santa Fe, Argentina, ganó un juicio contra productores de soja que condujo a la prohibición de las fumigaciones con Roundup. Peralta sufrió problemas de salud cuando se iniciaron las fumigaciones con herbicidas en las inmediaciones, y su bebé recién nacida se enfermó de gravedad. En sus propias palabras: “Un día fumigaron desde el amanecer hasta la noche. Y mi beba se puso morada, fui corriendo al hospital, pensé que se moría. Ese día dije basta, esto no puede seguir pasando”.
Haitianos rechazan la ayuda con semillas
En junio de 2010, más de 10.000 haitianos se manifestaron en las calles a iniciativa del Movimiento Campesino Papaye (MPP), en rechazo a Monsanto y para exigir soberanía alimentaria, incluido el control local de las semillas nativas. Esta oposición popular a Monsanto se originó en mayo de 2010, cuando la empresa anunció el envío de más de 60 toneladas de semillas híbridas de maíz y vegetales a Haití, y que enviaría otras 400 toneladas el año siguiente, con el apoyo de USAID. Pero esas semillas híbridas no pueden volver a plantarse de una zafra a la siguiente y requieren enormes cantidades de agrotóxicos, tornando a los agricultores dependientes de las semillas empresariales y los fabricantes de agroquímicos. Monsanto sostuvo que esa decisión se había adoptado en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y todo indica que no hubo funcionarios haitianos presentes en esas discusiones.
El dirigente campesino haitiano Chavannes Jean-Baptiste del MPP, describió la ayuda con semillas de Monsanto como “otro terremoto”. Esa donación despertó sospechas e ira, ya que el patrimonio local de semillas está desapareciendo debido al predominio creciente de las empresas multinacionales de semillas y agroquímicos. La FAO estima que a nivel mundial, en el último siglo se ha perdido cerca del 75% de la diversidad genética de los cultivos agrícolas. En Haití, cerca del 65% de la población consiste de agricultores de subsistencia que habitan en zonas rurales.
Redes de Guatemala alertan sobre nuevas propuestas de bioseguridad
En noviembre de 2011, la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT) y la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad (ACAPBD) publicaron una declaración en la que alertaban que en Guatemala existe un vacío legal en términos de bioseguridad, ya que no cuenta con legislación nacional fuerte para regular la importación y exportación de transgénicos.
También hay preocupación por la posible aprobación de una propuesta de “Ley Marco sobre la Bioseguridad de Organismos Mejorados por Ingeniería Genética” cuyo objetivo es explotar la rica biodiversidad de Guatemala y promover los cultivos transgénicos.
La aprobación de este proyecto de ley afectaría gravemente la soberanía alimentaria, ya que los consumidores y los agricultores familiares son vulnerables al ingreso de semillas transgénicas y a la contaminación de los cultivos. El riesgo se ve exacerbado por los programas de producción de alimentos que se diseñan y aplican sin resolver adecuadamente la necesidad de proteger la diversidad agropecuaria del país.
La campaña “Feed the Future” es especialmente preocupante para los movimientos sociales y ONG nacionales e internacionales.
La impulsa el gobierno de Estados Unidos y será coordinada por la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) en países del África, Asia y América Latina como Guatemala. Este programa prevé alianzas con instituciones nacionales, ONG, centros de investigación y empresas como Wal-Mart, DuPont, Pioneer, Coca-Cola y Monsanto.
La ejecución de tales programas podría trascender más allá de la distribución de alimentos transgénicos destinados a la población desnutrida de Guatemala: también podría influir en la reforma de las leyes nacionales relacionadas con el uso de las semillas. Este tema es especialmente preocupante, ya que Guatemala es uno de los centros de origen de la producción de maíz, aunque ahora sufra desnutrición, pobreza y corrupción generalizadas.
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