Destaca que, desde su anterior informe al Consejo ha hecho declaraciones públicas en relación con, entre otras cosas, las protestas de pueblos indígenas en contra de un proyecto de construcción de una carretera que atravesaría el Parque Nacional Isiboro-Sécure y el territorio indígena del Estado Plurinacional de Bolivia.

James Anaya, presentó el informe en el marco del Tema 3 de la agenda, referido a la Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo.

El informe fue  presentado al Consejo de Derechos Humanos por el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con el mandato que le ha conferido el Consejo en su resolución 15/14. En el informe, el Relator Especial presenta un resumen de sus actividades desde su anterior informe al Consejo (A/HRC/18/35), entre ellas un examen de la cuestión temática de la violencia contra las mujeres indígenas.

Seguidamente, informa sobre los avances en la continuación de su estudio sobre las cuestiones relacionadas con las industrias extractivas que realizan operaciones en territorios indígenas o en sus inmediaciones. El Relator Especial trata algunas cuestiones que surgieron durante las consultas que celebró el último año con pueblos indígenas, empresas comerciales, Estados y organizaciones no gubernamentales (ONG). En particular, señala que centrar la atención en los derechos afectados en el contexto de un proyecto concreto de extracción o explotación de recursos es un punto de partida imprescindible para los debates relativos a las industrias extractivas que realizan operaciones en tierras indígenas o en sus inmediaciones. En este sentido, la mejor forma de concebir las normas relativas a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado es como salvaguardias contra medidas que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas. El Relator Especial también sugiere que el marco para "proteger, respetar y remediar", incorporado en los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, se aplique para promover los derechos específicos de los pueblos indígenas de la misma manera que se aplica para promover los derechos humanos en términos más generales.

Por último, el Relator Especial observa que el modelo actual de extracción de recursos naturales tiene un problema fundamental ya que los planes se elaboran con poca o ninguna participación de las comunidades o pueblos indígenas interesados, y las empresas son a la vez las que tienen el control de la operación extractiva y las principales beneficiarias. El Relator considera que se necesita un nuevo modelo que fomente más la libre determinación de los pueblos indígenas, modelo que examinará con más detalle en un próximo informe.

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