En las denuncias presentadas durante una audiencia en la que el relator recibió información de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, informaron que el gobierno implementa una agresiva campaña de desinformación y con contenidos racistas, además de incidir para la judicialización y criminalización de la dirigencia indígena que defiende el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El diputado Nuny, denunció por racista y discriminador el contenido de la publicación “Atrapados en el paraíso” que con la firma de Ancelmo Esprella, es publicada por el Ministerio de Comunicación en julio pasado y que presenta “un panorama irreal y nefasto del territorio del TIPNIS y su población”.
Además de no presentar referencias verídicas de la información difundida, señala la denuncia, esa publicación “usa términos humillantes y denigrantes contra los pueblos indígenas Yuracaré y Kolla, agrediendo especialmente a la mujer indígena yuracaré, al afirmar que en el TIPNIS existe un supuesto pueblo denominado “Kollacaré”, producto del “cruce entre un kolla y una yuracaré” (Página 13, tercer párrafo de la publicación)”.
“Este lenguaje usado por sectores racistas radicales en Bolivia, como tantas veces se ha denunciado a nivel nacional, ahora se ha reproducido en una publicación oficial”, puntualiza la denuncia del diputado Nuny a tiempo de destacar que la campaña del gobierno “tiene el objetivo de proyectar en el pensamiento colectivo nacional la idea de que los lideres indígenas buscan su beneficio personal y ocultan la situación de muerte, pobreza e indigencia de comunarios del TIPNIS”.
“La publicación utiliza un lenguaje de menosprecio y descrédito de los pueblos del TIPNIS”, y se suma a una campaña de “constante menosprecio a los pueblos de la Amazonía a quienes se repudia por su minoridad poblacional y se critica por ser titulares de tierras colectivas”, sostiene la denuncia que alerta además sobre las intenciones del gobierno y algunos dirigentes campesinos de expropiar los territorios comunitarios de los pueblos indígenas.
Nuny pone en conocimiento del relator especial de la ONU que desde el año 2011, el Ministerio de Comunicación “ha publicado propaganda televisiva y radial que promueve el odio racial, la discriminación y el repudio popular en contra de pobladores y dirigentes indígenas que demandan respeto a sus derechos constitucionales y se oponen a la construcción de una carretera (Proyecto Carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos); y han impulsado dos marchas nacionales como medida pacifica de protesta y de sacrificio”.
Como muestra del negativo impacto de la campaña mediática del gobierno, el diputado indígena, cita las amenazas y el desprecio por los indígenas hechas públicas por Alberto Coraite, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia –CSUTCB–, que textualmente aseguró que \"Hay que admitir las necesidades más urgentes, hay que diferenciarlas cuál da más beneficios a nuestros hermanos del Tipnis; la carretera o mantenerse en la clandestinidad, mantenerse como indigentes, o, mantenerse como salvajes, cuál es más importante, yo creo que esas diferencias hay que admitirlas (…) No queremos que los indígenas (del Tipnis) vivan más como salvajes\" (Periódico Los Tiempos).
Durante la audiencia con el relator de la ONU, el diputado Nuny también denunció la militarización del TIPNIS. Dijo que bajo la figura de un Regimiento Ecológico el gobierno pretende poner a las comunidades indígenas bajo vigilancia militar toda vez que no logró controlarlas con regalos y prebendas en pleno proceso de consulta. Recordó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas prohíbe desarrollar acciones militares en territorios indígenas, en los siguientes términos: “1. No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente o que lo acepten o soliciten libremente los pueblos indígenas interesados. 2. Los Estados celebrarán consultase eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”.
Por su parte, el FOBOMADE dio a conocer “el caso concreto de Adolfo Moye Rosendy, indígena moxeño, que siendo expresidente del TIPNIS está siendo estigmatizado y amenazado con ser detenido, por supuestos delitos atribuibles a los funcionarios públicos”. Según la denuncia presentada ante el relator especial de la ONU, se vulnera “La convención Internacional para la Eliminacion de Toda Forma de Discriminación, que en su Art. 5 establece : “(…) a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que administran justicia”. Se trata, de un caso típico de transgresión al debido proceso por cuanto “verificado el cuaderno de investigaciones (ciudad de Trinidad, oficinas del Ministerio Público, Caso Fis-Beni1201086, Departamento del Beni), el proceso está dirigido en contra el ex Gobernador del Departamento del Beni, pero se cita a declarar y se emana órdenes de apremio en contra de Adolfo Moye y otros indígenas, pero extrañamente no se vita al principal acusado”.
Recuerda que el dirigente Adolfo Moye, presentó una acción de libertad y demandó a los ministros de Obras Públicas, Vladimir Sanchez, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por amenazarlo de manera reiterada con procesos penales y con privación de libertad, bajo el argumento de que estuviera obstruyendo la consulta en el TIPNIS.
Según el FOBOMADE, este tipo de acciones gubernamentales tienen el objetivo de descalificar públicamente al ex dirigente del TIPNIS, desmoralizarlo, y evitar que continúe su lucha comprometida con los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del TIPNIS.
Además, la judicialización y criminalización de la dirigencia indígena y todo el entramado de la estrategia de amedrentamiento que ejecuta el gobierno a través del sistema judicial, tiene el propósito final de cooptar a las dirigencias indígenas, descabezarlas si se resisten, y construir organizaciones paralelas, sostiene la denuncia.
Durante la audiencia, también se conocieron las denuncias presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia –APDHB–, en la que hace conocer su preocupación por que continúan impunes y absueltos de toda responsabilidad los responsables materiales e intelectuales de la represión a la 8va. Marcha Indígena Originaria en Chaparina y “el principal responsable de estos atropellos, el entonces Ministro de Gobierno Sacha Llorenty, recientemente fue nombrado embajador de Bolivia ante la ONU, a sugerencia del Presidente de la República, lo cual significa un premio por los abusos cometidos”.
Asegura que “en el proceso político que vive el país, las acciones desarrolladas por parte de funcionarios públicos y autoridades estatales, en contra de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos se ha acentuado, llegando a judicializar a asesores de las organizaciones indígenas participantes en la VIII y IX Marcha Indígena Originaria”, así como “acciones de intolerancia que se traducen en la intimidación procesal de autoridades indígenas originarias y campesinas”.
La APDHB, también expuso ante el relator de la ONU su preocupación porque “El gobierno viene desarrollando un proceso de consulta en opinión de las organizaciones defensoras de los derechos humanos de la sociedad civil por fuera de los estándares mínimos recomendados por instancias internacionales, y obviando normativas reconocidas en la propia Constitución Política del Estado, atentando contra el ejercicio del derecho a la Consulta libre, de buena fe plena e informada y el reconocimiento de las normas y procedimientos propios”.
Al término de la audiencia, el relator especial de la ONU sobre racismo, Mutuma Ruteere, anunció que tomará en cuenta los retos existentes para la eliminación del racismo y la discriminación racial en Bolivia y” trataré de participar de manera constructiva con el gobierno para hallar posibles vías hacia la aplicación efectiva de las leyes, políticas y medidas adoptadas en la lucha contra esos flagelos”.
En su visita oficial a Bolivia, cumplida de 4 al 10 de septiembre, además de La Paz, visitó las ciudades de Sucre y Santa Cruz, donde se reunió con representantes del gobierno local y nacional, así como con delegados de los órganos legislativos y judiciales, y organizaciones no gubernamentales, miembros de la comunidad y activistas contra el racismo. Ruteere presentará un informe con recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en 2013.
