El Tribunal Regional Federal de la 1era Región (TRF1) acogió una apelación de la fiscalía de Pará, estado donde se construye la obra, y dispuso la paralización inmediata de los trabajos hasta tanto las comunidades nativas sean escuchadas en el Congreso, dijo una fuente del organismo a la AFP.La justicia "ordenó parar las obras porque los indígenas no fueron escuchados antes de que iniciara la construcción", explicó la fuente.En el 2005, cuando el Congreso aprobó el proyecto de Belo Monte, exigió que se realizaran los respectivos estudios ambientales, pero la norma determina que los indígenas sean escuchados antes de que se autoricen los trabajos y con base en dichos estudios.Los indígenas -que se oponen a la represa por el alto impacto en actividades como la pesca, si bien la hidroeléctrica se construye fuera de sus territorios- deberán ser escuchados en el Congreso para que la construcción de la tercera mayor represa del mundo pueda ser reiniciada, explicó la fuente.La decisión podrá ser apelada por Norte Energía, consorcio constructor de la obra, ante una instancia superior. Consultada por la AFP, la empresa dijo que espera la notificación del fallo para responder jurídicamente.El TRF1 fijó una multa de 500.000 reales diarios (unos 250.000 dólares) en caso de que la empresa desacate la orden, que fue celebrada como una victoria por los indígenas."Esa fue una decisión histórica para el país y para los pueblos (del río) Xingú. Fue una gran victoria que muestra que Belo Monte no es un acto consumado. Estamos muy felices y satisfechos", afirmó Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo, en declaraciones a la prensa.