El decurso interno hasta el 2005 y el contexto agroalimentario internacional, el análisis de la nueva Constitución Política del Estado, el Programa Nacional de Desarrollo, los alcances de la economía comunitaria, y la legislación sectorial sobre soberanía alimentaria, permiten concluir que aún no se han superado los enclaves y el enclaustramiento del país en una economía rentista, en el extractivismo de los recursos naturales no renovables y de los recursos renovables vía agricultura depredadora.
Más allá de la emisión discursiva formal, estamos ante un capitalismo de Estado como el principal soporte de lo que se vende como otro patrón de desarrollo, con muchos agravantes por su íntima y estratégica relación con la sobrecarga programática y de diseño de generación rentística del excedente económico afincado en el aprovechamiento de los recursos naturales, círculo vicioso del que al parecer no podemos salir.
La nueva Constitución Política del Estado, además de caracterizar nuestro Estado como Plurinacional, Social, Comunitario, contempla cuatro tipos de economía dentro de la economía plural, a decir: economía estatal, economía privada, economía social cooperativa y economía comunitaria, y en realidad cinco si se toma en cuenta también la economía mixta, resultado de la combinación de todas las anteriores en cualquier formato, pero en la práctica lo que se tiene es una proliferación de empresas estatales y hasta la fecha inexistencia de economía y empresas comunitarias, cuando estas últimas son las que verdaderamente podrían marcar la diferencia y cualificar el proceso de cambio para que efectivamente se torne como un proyecto de núcleo indígena no solamente en lo simbólico-ritual-cultural, sino también en lo que a la base económica que le da proyección se refiere.
Contradiciendo el ideario inscrito y difundido y la emisión discursiva solo propagandística, no se avanza en los hechos hacia a una nueva racionalidad y un nuevo modelo de gestión de recursos naturales, no se modifica ni el neolatifundismo en tierras bajas donde más bien se tiene una virtual alianza con la agroindustria insostenible por depredadora, y el minifundio no es rodeado de verdadero contexto económico comunitario nuevo en tierras altas.
Fuera de algunos pataleos para mostrar autodeterminación prohibiendo temporalmente ciertas exportaciones o mostrando firmeza de EMAPA frente a la especulación, no hay nada objetivo y esperanzador, las relaciones económicas internacionales y sobre todo el comercio exterior agroalimentario continúa con las mismas estructuras, proporciones y tendencias que antes, y las pautas de consumo alienado inconsecuente con las potencialidades productivas internas continúan sin reflejar la mínima descolonización anunciada.
Si se revisa rápidamente el impacto de la política de soberanía alimentaria en el sector productivo agropecuario y por conglomerados sociales, como ya se señaló, primero que es difícil sostener con rigor que existe una efectiva política de soberanía alimentaria, cuando lo que hay son algunas ideas, algunos postulados, propaganda y muy pocas acciones aisladas y desarticuladas entre sí. Si eso es así, el impacto en el sector productivo agropecuario con incidencia y direccionalidad hacia una soberanía alimentaria en los marcos definidos, es nulo o si algo se da es por generación espontánea o coincidencia, por rutina y cotidianeidad de los acontecimientos tal como se vienen dando desde hace décadas, donde cambian los números, las cantidades producidas y exportadas (no mucho), la productividad (casi nada), pero no las cualidades de un proceso necesario, requerido, aceptado, anunciado pero que no llega. Aunque tampoco se puede decir que se han registrado retrocesos, nada ha cambiado en siete años de gobierno en materia de alimentación y nutrición para los bolivianos, ni para campesinos, ni para indígenas, ni para capas medias, que tienen que contentarse con las bonificaciones de un país HIPC con un Estado asistencialista y prebendal. Dentro de las elites se anota el cambio a favor de sus ingresos, prosperidad y nivel de vida vía un modelo que difunde desmontaje del neoliberalismo y descolonización con economía plural comunitaria, pero que potencia las fortunas de los ricos, de industriales mineros, de operadores de transnacionales hidrocarburíferas, y sobre todo de empresarios agroexportadores del oriente.
Hasta ahora, en lo que hace a Soberanía Alimentaria nos hemos dotado como país de una Carta de Navegación, lo que no está mal, era necesario y es un avance, pero aún no construimos ni el puerto y, por lo tanto, ni hemos partido, sólo sabemos dónde queremos ir.
*José Nuñez del Prado. Economista y sociólogo. Investigador del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/UMSA)
