El agronegocio instalado en el país con el impulso de gobiernos nacionalistas (1952) y neoliberales (1990), promocionó el cultivo de transgénicos y el uso de agroquímicos como eje del desarrollo agro-empresarial y potenció la producción soyera en gran escala con fuerte influencia de corporaciones extranjeras. Las organizaciones y centros de investigación del agroempresariado influyeron por décadas en las políticas estatales y, como veremos a continuación, continúan definiendo la política agraria boliviana en la actualidad.
En Bolivia, en 1997 fue aprobado el Reglamento de Bioseguridad y, en abril del 2005, el gobierno del presidente Carlos Mesa autorizó la internación de soya (RR) –resistente a glifosato– en territorio nacional. Fue el único evento autorizado para la producción de soya RR (40-3-2), que logró evadir la fuerte resistencia de la sociedad civil durante ocho años. Se pensó que dicha autorización sería revertida por el nuevo gobierno de Evo Morales, pero eso no ocurrió.
Con la autorización otorgada en el 2005, y el silencio cómplice del actual gobierno, desde entonces la producción transgénica de soya en el país se incrementó en alrededor del 92 por ciento. Según el INE, entre 2005 y 2010, la superficie de producción de soya se incrementó de 938.007 hectáreas a 1.087.773 (IBCE “Bolivia: Desarrollo del Sector Oleaginoso 1980-2010”).
El modelo soyero, principal responsable de la extranjerización de la tierra y de la dependencia productiva y comercial campesina continúa en expansión. Más del 70% de la superficie cultivada está en manos de propietarios extranjeros –principalmente brasileros– y sólo el 30% es de productores bolivianos, en su mayoría pequeños propietarios sometidos a la dependencia de insumos externos, créditos con altos intereses y reglas impuestas por los compradores y almacenadores del producto, también extranjeros.
El incremento de los cultivos de soya transgénica, que alcanza a 300 mil hectáreas anuales en los últimos 3 años (Administradora Boliviana T), es responsable de la degradación, del cambio de uso del suelo y del constante incremento de la deforestación, bajo un modelo que sustenta su auge económico a costa de la Soberanía Alimentaria Nacional.
En el 2007, de 1.821.631 de hectáreas cultivadas, cerca al millón correspondían a la producción de soya y otras oleaginosas, y las 800 mil restantes a caña de azúcar, algodón, trigo, arroz, maíz y otros cultivos alimenticios. Este hecho obligó al país a incrementar su importación de alimentos, en dimensiones que sólo en el 2009 superaron las 600 mil toneladas. El valor de las importaciones de alimentos en el periodo 2006-2010 fue de 1,123 millones de dólares.
Un cluster soyero exportador, se posiciona en los indicadores económicos nacionales a través de una élite de poder “pujante”, aventajada por su fácil acceso y los bajos precios de la tierra, los casi nulos impuestos a la tierra, el subsidio estatal al precio del diesel (que se acerca al 50% del precio internacional), el inexistente control ambiental, y las prontas respuestas gubernamentales a sus exasperadas demandas.
El 2011, se aprueba la Ley 144 sobre la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria, que lejos de cumplir la línea titular de promover un cambio radical en la estructura productiva nacional a partir de la economía comunitaria, incluye de forma impuesta incisos referentes a la regulación de transgénicos, pese a la resistencia de movimientos sociales impulsores de la mencionada norma.
Por si no fuera suficiente, hace unos meses, el propio presidente Evo Morales anunció la paralización de la verificación de la Función Económica Social (FES) por cinco años, para dar “utilidad a la tenencia de la tierra de los empresarios” (Fundación Tierra, 2012).
A solicitud expresa del empresariado agroindustrial, el gobierno anuló la modificación introducida mediante la Ley 3545 sobre la reversión de tierras después de concluido el saneamiento, que debía aplicarse de manera periódica después de dos años a partir de la emisión del título ejecutorial o certificado de saneamiento (Artículo 32.II), con el fin de garantizar la seguridad jurídica de la grandes propiedades agrarias.
Otro aspecto que llama la atención es la aprobación de la Resolución 0527 del Ministerio de Salud y Deportes, que a partir de 2011 incluye la carne de soya en el subsidio pre-natal y de lactancia, distribuida por la Empresa Estatal de Producción de Alimentos (EMAPA) que, ese mismo año, vendía “casado” el azúcar con la carne de soya durante la crisis de abastecimiento. Todo esto, en aparente respuesta a la necesidad de apertura de mercados locales para el sector.
Estas y otras medidas seguramente serán intensificadas con la anunciada conformación del “Consejo Consultivo” que tendrá a su cargo el diseño de la política de desarrollo económico para los próximos 15 o 20 años y que, según se anunció, estará integrado por el ente gubernamental y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), junto a sus gremios afiliados como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (CAINCO), Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).
