Amnistía Internacional expresa su preocupación por la forma en la que se está llevando adelante el proceso de consulta sobre la construcción de una carretera que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que comenzó el pasado 29 de julio. La consulta no cuenta con todos los resguardos para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos.
Amnistía Internacional no toma posición sobre la construcción o no de la carretera por el TIPNIS y defiende el derecho a consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado, pero recuerda al Estado que es un deber que este proceso se realice de buena fe, de manera transparente, conforme a los usos y costumbres de las comunidades afectadas y por medio de sus instituciones representativas.
Conforme a los estándares internacionales, entre otros la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y las normas nacionales, el Estado de Bolivia está
obligado a respetar el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas a fin de lograr su consentimiento previo, libre e informado antes de aplicar o adoptar medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. Interpretando estas normas, un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de junio pasado indicó que en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas en el marco de un proceso de consulta la premisa central “es la concertación, es decir, un proceso de acuerdos que permitan viabilizar la consulta en el plano del respeto mutuo y del respeto por parte del Estado a las instituciones indígenas que deben participar activamente en el proceso previo de la consulta […]”. Agregando, enseguida, que la consulta está condicionada “a la necesaria participación y concertación previa y conjunta entre el Estado y los pueblos indígenas originarios”.
Preocupa a Amnistía Internacional que esta concertación previa y conjunta entre el Estado y los pueblos indígenas originarios no haya tenido lugar con anterioridad al comienzo del proceso el pasado domingo. La dirigencia de la Subcentral TIPNIS, que agrupa a varias comunidades y tiene la titularidad del territorio, presentó el pasado 25 de julio un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional solicitando, entre otras cosas, la suspensión del proceso de consulta y el cumplimiento de la citada sentencia. Esto evidencia la falta de concertación con todas las partes.
Esta falta de concertación ha provocado el rechazo de algunas comunidades a este proceso de consulta y, consecuentemente, a que las personas encargadas de llevarla a cabo lleguen hasta ellas. Según información con que cuenta la organización, policía y personal militar permanecen en el TIPNIS para asegurar que se puede realizar la consulta en las comunidades y garantizar el orden público. Algunos comuneros han manifestado su preocupación por el potencial conflicto que pudiera darse por la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.
Amnistía Internacional reconoce que es deber del Estado garantizar el orden público; sin embargo, reitera su llamado a que cualquier intervención de la policía o los militares debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad y solo deben utilizar la fuerza como último recurso, según lo prescriben las normas internacionales de derechos humanos que Bolivia se ha comprometido a respetar.
Por otra parte, el “Protocolo para la Consulta a los Pueblos Indígenas del TIPNIS” elaborado por las autoridades establece como finalidad de la consulta “[D]efinir si el [TIPNIS] debe ser zona intangible o no, para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari –San Ignacio de Moxos.” Conforme a información recibida por la organización, la consulta a las comunidades estaría vinculando su propio desarrollo – incluyendo áreas de salud, educación y de recursos naturales para su subsistencia — a la construcción de la carretera.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a proveer información transparente y completa sobre todos los efectos, positivos y negativos, que esta carretera podría traer. Asimismo, reitera su llamado a que la protección y realización de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como la educación y la salud, son una obligación del Estado independientemente de la construcción o no de una carretera.
Llama la atención y preocupación de Amnistía Internacional que el calendario de este proceso de consulta tenga previsto su desarrollo entre el 29 de julio y el 25 de agosto de 2012, es decir, menos de un mes. Considerando el número de comunidades a ser consultadas, la extensión territorial que debe abarcarse y la complejidad de los temas a dialogar, menos de un mes no parece ser tiempo suficiente, cuando no ha habido siquiera un acuerdo de cómo llevar adelante la consulta. Establecer plazos perentorios pone en riesgo que el proceso de consulta permita, de manera efectiva, que se comparta la información suficiente y que las comunidades tengan la posibilidad de lograr consensos. El proceso de consulta no debe ser entendido como un mero referéndum ni una aplicación de reglas de mayorías, debe buscarse el consenso de las comunidades.
Finalmente, Amnistía Internacional hace un llamado a que se investiguen las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial y gases lacrimógenos durante el desalojo de varios indígenas de la sede de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz el domingo pasado. Estos hechos terminaron con varios heridos y al menos siete personas detenidas. La CIDOB — organización que aglutina a los pueblos indígenas de tierras bajas — está dividida entre partidarios del dirigente Adolfo Chávez – que activamente se ha manifestado en contra de la carretera por medio del TIPNIS- y sectores afines a una nueva dirigencia. Denuncias sobre maltratos a dirigentes indígenas en el contexto de estos enfrentamientos internos también deben ser investigadas. Este conflicto dentro del movimiento indígena es un reflejo de la contraposición de visiones que ha producido el asunto del TIPNIS y, conforme a la información recibida, la interferencia de las autoridades en las estructuras tradicionales indígenas.
Amnistía Internacional toma nota de que el Estado de Bolivia ha hecho grandes esfuerzos por terminar con la exclusión social y discriminación de los pueblos indígenas en los últimos años. Precisamente a través del proceso de consulta se busca poner en práctica un derecho inalienable de los pueblos indígenas. Sin embargo, la organización recuerda al Estado que para que este derecho sea plenamente respetado y protegido, es crucial que el proceso cuente con el acuerdo de los distintos actores afectados y se realice en un clima de confianza.
Información complementaria
En 2011 representantes de comunidades que se oponen a la carretera por medio del TIPNIS organizaron una marcha indígena hasta la Paz. Fruto de esta marcha el gobierno promulgó la Ley 180 que declara la intangibilidad del TIPNIS y anula la construcción de la vía. En enero de 2012, tras una marcha de sectores favorables a la carretera, se aprobó la Ley 222 que establece una consulta en el TIPNIS. Esta consulta ha sido rechazada por las comunidades que se oponen a la carretera al ser considerada extemporánea y no estar realizándose de buena fe. Como medida de protesta estas comunidades realizaron otra marcha a La Paz en oposición a este proceso de consulta.
El pasado mes de mayo Amnistía Internacional publicó una Carta Abierta a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia alertando sobre la vulneración del derecho a la consulta previa.
