Etapa 1980–1990: Organización, reivindicaciones y demandas indígenas

En este periodo los pueblos indígenas dan un paso importante en hacer un reencuentro para analizar el estado de situación de ese tiempo referido a su vida en sus territorios y la institucionalidad de sus organizaciones naturales frente a una estructura política y jurídica desfavorables. Todos coincidieron y concluyeron de la inseguridad de su hábitat natural que han habitado milenaria y ancestralmente.

En esta medida, fue necesario poner en vigencia sus estructuras ancestrales. Las mismas que regirían para realizar las demandas de respeto a su existencia. Estas estructuras son capitanías, consejos y cabildos indigenales. Este proceso avanzó con la estructuración de reivindicaciones y demandas ante las instancias del Estado Boliviano, en sus diferentes niveles regionales. También se tuvo la necesidad de implementar otras instancias aparte de estas estructuras organizativas indígenas naturales, para fines operativos y funcionales. Así se crearon las subcentrales, centrales y confederación.

Etapa 90–96: Gestión de la demandas de derechos

Luego de identificar la problemática que aquejaba a la vida de los pueblos indígena respecto a la no atención por parte del Estado a las necesidades fundamentales de los pueblos, se tuvo la necesidad de poner en acción el rol de estas nuevas instancias orgánicas.

Luego de agotar instancias locales y departamentales de reclamos, se procedió a analizar características de medidas a tomar. Por ejemplo, la marcha por el territorio y la dignidad, realizada el 15 de agosto de 1990. Esta tuvo como resultado medidas administrativas como decretos supremos que reconocieron a los territorios indígenas. Además se tramitó ante instancias de Naciones Unidas, como la OIT, la posibilidad de ratificación del Convenio 169 de la OIT como ley de la república (11 de julio de 1991). Estos decretos fueron sujetos de cuestionamientos de ilegalidad por parte de los supuestos afectados por estas conquistas, como los madereros y ganaderos, ente otros.

Esto nos motivó a seguir nuestra lucha por legitimar esas estos decretos, mediante la construcción de una propuesta de ley indígena, la misma que fue presentada en 1992 para ser tratada en una posterior legislatura. Esto obligó al Estado a la modificación de varias leyes de la república, como la ley de educación, ley forestal, ley de medio ambiente y ley de participación popular. Sin embargo se continuó con el debate y la necesidad de garantizar estas primeras conquistas en el ámbito constitucional. Par ello fue necesario plantear ante el poder ejecutivo y legislativo la necesidad de una reforma a la constitución política del estado. Dicha gestión resultó en la aprobación de reformas a la Constitución Política del Estado en 1994, art. 1 y 171.

Etapa 96–2002: Avances en el reconocimiento de derechos

En esta etapa, prosiguiendo con las gestiones de garantizar el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas mediante una marcha se conquistó una nueva reforma agraria, llamada Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), misma que consolida los derechos territoriales como Tierras Comunitarias de Origen, las TCO, y la titulación de estas a favor nuestro. Este proceso, como era de esperar, tuvo mucha controversia por lo demás sectores involucrados en la problemática del derecho de uso sobre la tierra.

Para posibilitar el avance de dicho proceso fue establecido entre el poder ejecutivo y los sectores interesados el proceso de saneamiento y titulación de los derechos adquiridos de manera de legal, lo que duraría 10 años. Proceso que hasta el presenta aún no culmina. ¿Dónde radica lo complejo como para no terminar este proceso o es complicado o es falta de voluntad política?

Etapa 2002–2012: Lucha por la consolidación de derechos conquistados

Esta etapa se caracteriza por múltiples divergencias y conflictos entre los sectores sociales organizados descontentos e insatisfechos que conforman al pueblo de Bolivia, desde empresarios hasta campesinos y pueblos indígenas. Todo esto motivó a los pueblos indígenas a realizar un congreso nacional en 1998, para tratar como uno de los puntos de su temario el aspecto complejo de las demandas sociales de otros sectores que no eran indígenas.

Era tan complejo que dijimos que tenemos que proponer y plantear que haya una instancia que nos convoque a todos, que nos sentemos y miremos de frente y a los ojos y nos digamos que vamos a hacer y nos pongamos de acuerdo. Esa convocatoria fue llamada Asamblea Nacional Constituyente. La misma fue un mandato de este congreso a la CIDOB, se le encomendó analizar profundamente eta medida a tomar. Por lo que, en aplicación a este mandato se elaboró una propuesta de Proclama al país, sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional y Constituyente, la misma que fue lanzada el 15 de agosto del año 2000. Esto tuvo como respuesta la negativa de manera generalizada por las estructuras políticas partidarias del país. Nos decían desatinados, locos, y que era imposible. De todo nos dijeron, dicho sea de paso, el único partido político que se sumó a la idea fue la Falange Socialista Boliviana.

Sin embargo esta propuesta siguió su curso en el seno del  movimiento indígena, con la realización de talleres de socialización y la construcción de propuestas de la posible reforma de la CPE en una Asamblea constituyente. Proceso que tuvo como resultado su realización y que entró como instrumento constitucional.Las emergencias a enfrentar en esta etapa hicieron los procesos muchos más dificultosos.

Nuevos escenarios, nuevos actores en emergencia. Lo que una vez más permite visualizar lo complejo para tratar los temas emergentes de nuevos sectores y actores. Los actores sociales como los pueblos indígenas, organizaciones sindicales, los llamados movimientos sociales como los interculturales o colonizadores, los medios de comunicación, el narcotráfico, la iglesia católica, cada uno de ellos con sus propias visiones y manifestaciones en el contexto nacional. En particular los pueblos indígenas con serios problemas para el ejercicio pleno de sus derechos conquistados.

En esta etapa buscamos el desarrollo integral de nuestros pueblos, que implicaba la gestión de una economía propia que asegure el bien estar común. Tantas conquistas hemos avanzado, pero hasta el presente seguimos en la búsqueda de alcanzar este desarrollo integral, que implica elevar nuestras condiciones de vida.

A pesar de que figuran nuestros derechos en las leyes, aun no vivimos plenamente el ejercicio de estos derechos, a pesar de que tenemos autonomía indígena, nuestros territorios siguen amenazados, nuestros dirigentes perseguidos, en lugar de que haya un ejercicio favorable del gobierno hacia nosotros.

En un gobierno que se auto-identifica como indígena y con políticas supuestamente favorables, sin embargo, la verdad para nosotros es lo contrario. Los indígenas hicimos alianzas con varios sectores pero nada de eso ha sido favorable. Esto debido a que el actual gobierno se ha esforzado por tomar control de las estructuras organizas sindicales, denominándolas como movimientos sociales y que forman parte de sus estructuras políticas y que supuestamente garantizan el poder de su gobierno.

Etapa 2012 en adelante

Esta IX marcha me significa el cierre de todas estas etapas, de un todo un periodo de luchas, pero inmediatamente la IX marcha abre la siguiente etapa, que en mis sueños y visión del futuro, nos abre nuevos desafíos. Nos proponemos consolidar el respeto por parte del Estado boliviano las conquistas alcanzadas hasta hoy, haciendo que toda la sociedad boliviana haga conciencia y causa sobre la necesidad de alcanzar que el estado boliviano y sus futuros gobiernos, sean responsables y nos faciliten un vida de paz, libertad y democracia.

Los sacrificios de los pueblos indígenas son para beneficios de todos los bolivianos, resultados de luchas de buena fe, de respeto y de sinceridad.

Por qué es irrenunciable el Territorio Indígena

El aspecto que aflige a los pueblos indígenas respecto a su derecho al territorio es la amenaza permanente de las instancias de Estado. Esto en el sentido que, no obstante, siendo que los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en ámbito constitucional además de los convenios internacionales, se insiste en vulnerarlos.

El territorio nuestro para los pueblos indígenas, por ningún motivo de la vida, puede ser objeto de negociación, ya que el hábitat natural, donde nos desarrollamos y desenvolvemos es fundamental porque significa nuestra vida misma.

De esa manera expresamos nuestra profunda fe en que nuestros territorios es un regalo de Dios, creado perfectamente para que los habitemos. Así nosotros creemos y esa nuestra fe, nadie, ningún ser humanos en la tierra, ningún poder nos lo arrancará, esa responsabilidad que tenemos respecto a nuestro hábitat. En este marco queremos ser responsables con este mandato divino, no queremos ser testigos o cómplices de una destrucción de lo que creemos es nuestro. Porque nuestros territorios no ha sido regalo de alguna potestad terrenal y queremos seguir viviendo en armonía en torno a esa naturaleza perfecta de la cual somos parte.

También es necesario que desde nosotros – los pueblos indígenas – todos sepan que si el Estado y sus instancias responsables no respetan nuestros territorios que es nuestra vida misma, serían el protagonista directo del exterminio de los pueblos indígenas. Porque sin ellos, nuestros territorios, no habría identidad, ni cultura, ni idioma, ni el conocimiento ancestral que es motivo de estudios. Pero además queda en vacío el aspecto de una supuesta reconducción de políticas de Estado, en la que se pretende construir un Estado Plurinacional.

También es importante expresar que el defender la integridad de un territorio indígena es ser consecuente con el derecho del resto de la sociedad boliviana y del mundo. Considerando que velar y respetar al medio ambiente es respetar a la necesidad de una vida sana de todos.

Con esto demostramos nuestra particularidad de ser una sociedad no mezquina. De esta manera, hacemos el llamado a todos los bolivianos, hombres y mujeres, de todas las edades, a intelectuales o científicos, a que todos nos sumemos a asumir esta causa.

El autor es ex dirigente indígena mojeño, primer presidente de la Subcentral TIPNIS, ex presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y de la CIDOB.