El corredor eólico del Istmo de Tehuantepec opera actualmente con ocho parques eólicos, pero se tiene previsto instalar 22 parques con cinco mil aerogeneradores hasta el año 2014, en una extensión de 130 mil hectáreas, informó el coordinador de Programas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) Carlos Beas Torres.

En el Istmo hay por lo menos 60 empresas operando en diferentes parques, entre ellas Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Preneal, Gamesa, Acciona, Eurus, Renovalia y Demex, según la directora del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pro Desc) Alejandra Ancheita. La mayoría de estas empresas ha recibido créditos de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y de los bancos mexicanos Nafinsa, Bancomext y Banobras-Fonadin, del portugués Espíritu Santo y de los españoles Santander y Caixa Bank.

El director del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación Benjamin Cokelet reveló que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional proporcionaron 160 millones de dólares para financiar el proyecto eólico Piedra Larga. “La mitad de los fondos son administrados por Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa, y el resto por los bancos Espíritu Santo de Portugal, y los españoles Santander y Caixa Bank”.

Según la dirigente indígena Lucila Bettina Cruz Velazquez, los megaproyectos solo benefician al capital privado: “En los terrenos que antes se sembraba maíz, sorgo, chile, calabaza, ahora están las enormes torres, y hay conflictos con pescadores que también se han visto afectados”. En La Venta, 1.050 hectáreas de la zona de riego que producían anualmente unas 10 mil toneladas de granos básicos ahora están ocupadas por cientos de aerogeneradores de la compañía española Eurus.

Cuando el parque eólico del Itsmo opere al 100% de su capacidad causará graves afectaciones, ya que cada uno de los aerogeneradores ocupará casi media hectárea y se rellenará con más de mil toneladas de concreto, afectando los mantos freáticos y la siembra de parcelas. Además, la energía eléctrica generada no beneficiará a las comunidades indígenas, sino que será vendida a empresas como Wal-Mart, Soriana, Cruz Azul, Cemex, Bimbo, Coca Cola y Cuauhtemoc Moctezuma.

Engañaron a los indígenas

La activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (Apiitdtt) Maribel González dijo que las empresas españolas obligaron a las comunidades indígenas zapotecas e ikoots (mareños o huaves) a firmar contratos totalmente desventajosos, leoninos y violatorios de los derechos estipulados en la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la OIT.

González aseguró que los indígenas no fueron consultados ni mucho menos se les proporcionó la información necesaria para que analicen y tomen una decisión consciente. “En muchos casos los contratos de arrendamiento se han firmado sin que las empresas muestren sus contenidos o anexos”, con la complacencia y respaldo de los diferentes niveles de gobierno.

La firma de los contratos fue acompañada de promesas de desarrollo y bienestar para las comunidades indígenas de Juchitán de Zaragoza, Santiago Ixtaltepec, El Espinal, Unión Hidalgo, Santo Domingo Ingenio, Santiago Niltepec, La Venta, La Ventosa, Santa María Xadani, San Blas Atempa, Santa María del Mar, San Francisco del Mar, San Mateo del Mar y San Dionisio del Mar.

Las compañías ibéricas prometieron recompensas millonarias, pero pagan al dueño de la tierra apenas el 0,2% de las ganancias del negocio, comparado con el 75% que destinan a la compra de aerogeneradores, 9% a la infraestructura eléctrica, 5% a la línea de evacuación, 6% a obras civiles, y 4% a gastos de ingeniería, licencias y permisos. Se trata de “una distribución abusivamente inequitativa entre el campesino indígena y el empresario extranjero”, remarcó González.

Un aerogenerador de dos megas puede producir al año más de 8,6 millones de kilowats; a un precio de 0,71 centavos, que es el precio de venta en los recibos de luz, “uno solo de estos aerogeneradores puede producir más de seis millones de pesos y solo se destina al pago de la tierra y al uso del viento que corren por nuestras tierras el 0,2% de lo que produce un aerogenerador. Entonces, ¿para quién es la ganancia?”, cuestionó.

Para colmo, los españoles arriendan las tierras ejidales, comunales y de pequeña propiedad a precios de risa. Las empresas pagan 100 pesos por hectárea al año; por afectación a la tierra (caminos, excavaciones, entre otras) desde uno hasta 15 pesos el metro cuadrado de terreno; y por aerogenerador instalado, de ocho a 12 mil pesos al año.

Lucha contra las transnacionales

Los indígenas del Istmo de Tehuantepec se organizan para evitar la construcción del corredor eólico, que solo les ha traído conflictos intercomunitarios, la pérdida de miles de hectáreas de cultivo y afectaciones al medio ambiente. Están decepcionados por los bajos precios ofrecidos inicialmente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las miserables rentas que recibirán, y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra públicas.

Los megaproyectos eólicos desarrollados principalmente por empresas españolas han ocasionado una gran cantidad de conflictos sociales. Por ejemplo, la imposición del parque eólico Eurus, el más grande de América Latina, ha dividido a las comunidades La Venta, Ingenio Santo Domingo, La Mata, San Dionisio del Mar y La Ventosa; también provocó choques entre pueblos como el grave conflicto que enfrentan las comunidades ikoots de Santa María con San Mateo del Mar.

Sin ningún tipo de consulta y sin recibir información adecuada, cientos de campesinos indígenas han sido obligados a arrendar sus tierras hasta por 30 años a cambio de rentas irrisorias. Los renuentes han sido hostigados y perseguidos, y algunos encarcelados. Lo que más molesta es la represión y la persecución desatada por las empresas y el gobierno.

El 21 de octubre del año pasado, cerca de 50 trabajadores de una compañía a cargo de la construcción de un parque eólico invadieron las tierras pertenecientes a la comunidad Zapoteca de Unión Hidalgo en Oaxaca. En esa oportunidad, un ex oficial de policía empleado por la compañía amenazó a Bettina Cruz: “Si vuelves por acá te vamos a quemar y te vamos a matar”; a la activista Maribel Gonzales le dijeron: “Váyanse o la matamos”.

El 28 de octubre de 2011 decenas de campesinos fueron reprimidos brutalmente cuando bloqueaban la carretera Panamericana frente a la comunidad de la Venta, Juchitán. Los manifestantes intentaban evitar la extracción de material de sus terrenos para la construcción de más parques eólicos en la región.

Ante la grave situación que se vive en el Istmo de Tehuantepec, la Ucizoni exigió el cese a la criminalización y persecución en contra de los opositores al proyecto Piedra Larga, y pidió garantías para los dirigentes Bettina Cruz, Rodrigo Peñaloza, Juan Regalado Martínez y Maribel González.

Bettina Cruz denunció que al menos 40 dirigentes campesinos e indígenas oaxaqueños son perseguidos por autoridades federales y estatales, pero “no avanzan las denuncias penales por la represión a la libre manifestación, por golpes y amenazas de muerte que han sufrido los defensores, en especial el 28 de octubre de 2011”.

Las comunidades pidieron la moratoria de los proyectos eólicos en el Istmo, con el fin de asegurar el respeto a los derechos de las comunidades indígenas, en particular su derecho a la consulta libre, previa e informada.

El 21 de febrero de 2012, la comunidad Ikojts de San Dionisio del Mar exigió romper un contrato firmado con engaños y mala fe por el presidente municipal Miguel López Castellanos con la empresa Energía Alterna Istmeña y Energía Eólica Mareña (Filial del Grupo Preneal).

Los comunarios decidieron en Asamblea General cerrar con barricadas los accesos a su comunidad en protesta “por la imposición de un Consejo de Desarrollo Municipal que pretende instalar López Castellanos con todos sus incondicionales y a espaldas del pueblo”.

Bettina Cruz advirtió que los pueblos de Oaxaca continuarán luchando contra las industrias generadoras de energía “porque nunca se nos tomó en cuenta y porque no traen ningún beneficio para los pueblos indígenas, y en cambio sí pretende acabar con nuestras costumbres y cultura”.

Con información de www.proceso.com.mx, www.noticiasnet.mx y agencias. 

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