El Foro de Asuntos Indígenas fue establecido en 2000 por el Consejo Económico y Social de la ONU para examinar los problemas relativos al desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos de los pueblos originarios.

El tema principal de la IX reunión anual del Foro que se celebra en Nueva York hasta el 18 de mayo es “La doctrina del descubrimiento y su repercusión duradera en los pueblos indígenas y el derecho a recibir reparación por conquistas del pasado”. Ese derecho forma parte de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada en septiembre de 2007 por la Asamblea General.

La Declaración aboga por la restitución o indemnización justa y equitativa a favor de los indígenas por las tierras, territorios y recursos confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. Otro artículo del documento reivindica el derecho de los pueblos autóctonos a que los tratados, acuerdos y otros arreglos concertados con los Estados sean acatados y respetados.

La teoría jurídica internacional conocida como la doctrina del descubrimiento ha sido el fundamento y justificación legal de siglos de extracción de recursos y despojo de territorios indígenas tradicionales, concluye un estudio preliminar elaborado por la relatora especial del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Tonya Gonnella Frichner.

La investigación establece que la doctrina del descubrimiento se ha institucionalizado en las leyes y las políticas nacionales e internacionales, dando lugar a que los Estados reclamen tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas y se apropien en masa de esos bienes. Con arreglo a la doctrina del descubrimiento, algunos Estados modernos reconocen el derecho de los indígenas a sus tierras ancestrales, pero se arrogan para sí el control soberano de los mismos.

Las concepciones modernas de los Estados con respecto al dominio y a la soberanía sobre los pueblos indígenas y sus territorios datan de la época del imperio romano, y de una historia de deshumanización de los pueblos indígenas. Aquí radica la causa de los problemas actuales de los pueblos indígenas en la esfera de los derechos humanos, asegura Gonnella Frichner.

La ONU estima que 300 millones de indígenas fueron víctimas de la colonización o de la conquista. Se trata de cinco mil pueblos nativos asentados en 70 países que pese a mantener sus propias particularidades lingüísticas y culturales, han sido obligados a adoptar patrones de vida de grupos socioeconómicos dominantes.

En la ceremonia de apertura de la XI reunión anual del Foro Permanente de la ONU para los Asuntos Indígenas, los delegados indígenas equipararon la cuestionada doctrina con esquemas de “extinción y dominación” de miles de millones de nativos asesinados y subyugados. Los conquistadores europeos usaron la cruz y la espada para imponer su dios y un rey, obtuvieron la dispensa papal para cristianizar a los indígenas, y crearon la noción de razas superiores e inferiores, deploró la aymara chilena Hortencia Hidalgo.

Consideraron que ese esquema continúa como “el problema central en materia de los derechos humanos globales de pueblos indígenas”, caracterizado por “la violación de las prácticas culturales y las expresiones espirituales, la expropiación de tierras, territorios y recursos y constantes violaciones de los derechos humanos”.

La vice secretaria general de la ONU Asha-Rose Migiro denunció que en la actualidad se siguen violando las prácticas culturales, expresiones espirituales y derechos fundamentales de los indígenas, y advirtió que no se logrará el desarrollo de los pueblos indígenas sin la vinculación directa de sus miembros y sin su consentimiento libre, previo e informado de las acciones que se tomen al respecto.

El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas James Anaya alertó que comunidades en Estados Unidos experimentan sentimientos de pérdida, alienación e indignidad. La visita de Anaya ha sido considerada histórica por ser la primera vez que un experto designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU presenta un informe sobre la situación de los indígenas de ese país.

Naciones de Sudamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela reconocen en sus constituciones los derechos específicos de esas comunidades y diseñan planes de inserción. Sin embargo, decenas de movimientos y organizaciones indígenas denuncian en diversos foros las vejaciones que con regularidad sufren las comunidades aborígenes del continente. A mediados de abril los indígenas de América denunciaron el riesgo de exterminio físico y cultural que padecen sus comunidades y llamaron a reconocer el derecho a la existencia.

En ocasión de la VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia, la abogada de la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) Ana Manuela denunció que de las 102 comunidades que tiene ese país, 35 están en riesgo de exterminio físico y cultural.

Según el sociólogo venezolano Edgardo Lander, “la principal fuente de las contradicciones internas y de las decepciones con relación a los gobiernos progresistas de izquierda es que parecen, de hecho, dar por obvio que ningún otro camino es posible sino el de un sistema basado en el crecimiento económico”. Es así que los megaproyectos extractivos de materias primas se han convertido en los detonantes principales de la mayoría de las movilizaciones campesinas e indígenas en Latinoamérica.

Que el gobierno boliviano respete la Constitución

En el Foro anual que se celebra en Nueva York, el representante del Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ) de Bolivia David Crispín Espinoza pidió a la ONU que conmine al gobierno de Bolivia a respetar la Constitución Política del Estado y las declaraciones Internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“En Bolivia se ha producido un distanciamiento entre el diseño constitucional y su implementación normativa e institucional que no cumple ni garantiza el principio de no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos que consagra la Carta Universal de Derechos configurada, entre otros, por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y otros Instrumentos Internacionales que conforman el Bloque de Constitucionalidad”, aseguró Crispín.

“A estas alturas no se puede tapar el sol con un dedo sobre estas vulneraciones de derechos colectivos; considero que vale ser más sinceros para sensibilizar al gobierno boliviano para el bien de todos los bolivianos sobre el respeto a la CPE”, reclamó el indígena boliviano.

Crispín denunció que “en Bolivia hay una obstaculización para el ejercicio de nuestros derechos a la autonomía y al autogobierno que impide que nuestras instituciones sean parte de la estructura general del Estado”.

Reveló que las 11 autonomías en proceso de conversión Autonómica Indígena Originaria enfrentan graves dificultades de carácter normativo y financiero, al tiempo que los diputados indígenas de circunscripciones especiales fueron elegidos bajo criterios de democracia representativa. Además, se ha impedido que las naciones originarias y pueblos indígenas puedan elegir a sus representantes ante el Legislativo por normas y procedimientos propios.

Crispín también se refirió a la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional “que obstaculiza nuestros derechos al autogobierno, desconoce nuestra cultura y nuestras instituciones”.

De otra parte, el originario aseveró que el gobierno boliviano “viene recortándonos a los pueblos indígenas más del 50% de los recursos económicos de los Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) desde 2009 hasta la presente gestión, cuya suma asciende en cuatro años a más de 720 millones de bolivianos (103 millones de dólares), que tanta falta nos hace para apoyar a nuestra comunidades en apoyar en sus proyectos productivos y sociales”.

“La vulneración de derechos más reciente se produce con la Consulta Posterior y de mala fe que pretende realizar el órgano Ejecutivo, con la complicidad del Órgano Electoral Plurinacional en el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure)”, explicó el representante del CONAMAQ.

Advirtió que “esta forma de hacer consulta inconstitucional tiene y tendrá consecuencias muy graves para los pueblos indígenas, tales como los recientes enfrentamientos por falta de consulta previa con las concesiones a empresas transnacionales mineras en la comunidad de Mallku Qota en el Norte de Potosí, que hoy exige al gobierno la aplicación de la ley de consulta previa y vinculante. De la misma manera las comunidades de Corocoro en la provincia Pacajes en el departamento de La Paz, la contaminación minera en las comunidades de Vitichi en el Sur de departamento de Potosí, que recientemente protagonizaron una marcha sin lograr la consulta previa”.

El líder indígena culminó su alocución revelando que el gobierno de Evo Morales “se encuentra en una acción de debilitamiento, fractura y cooptación de liderazgos al interior de las organizaciones indígenas y originarias. En función de sus intereses coyunturales, ha quebrado el Pacto de Unidad y utiliza a los sectores más violentos de sus organizaciones sociales aliadas como grupos de choque, que se mueven en complicidad y al amparo de las fuerzas gubernamentales y policiales”.

Citó como ejemplo la represión policial de la VIII marcha indígena en Chaparina el 25 de septiembre de 2011, acción forzada por la presión política del ala más radical del partido en función de gobierno: los colonizadores – cocaleros aliados al Presidente Morales. 

Indígenas contra la economía verde

Este año la sesión del XI Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU se extenderá por dos semanas y dedicará atención especial a la preparación de los indígenas con miras a la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) en junio, y a la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas de 2014. Además discutirá un informe sobre el deber del Estado en la protección de los pueblos originarios afectados por las empresas transnacionales.

En la tercera jornada de discusiones, el 9 de mayo, arreciaron las críticas a la economía verde por sus dañinos efectos sobre la Madre Tierra. La representante del caucus latinoamericano Hortencia Hidalgo condenó a las corporaciones multinacionales que priorizan economías basadas en la industria extractiva, en especial petróleo, agua y madera.

Ellos invadieron los territorios indígenas, violaron de manera sistemática los derechos de sus pueblos, son los responsables del cambio climático y ahora hablan de economía verde solo para persistir en sus políticas de pillaje de la Madre Tierra, criticó Hidalgo.

Días atrás, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Navi Pillay dijo que el proyecto de documento final de la Conferencia de Río +20 no tiene suficientemente en cuenta los derechos humanos, y advirtió que su falta de coherencia puede socavar normas internacionales de derechos humanos, estrategias medioambientales y políticas económicas.

Según Pillay, las estrategias basadas en la búsqueda del crecimiento económico sin tener en cuenta  la equidad y las consideraciones relacionadas con el medio ambiente, los derechos sociales y humanos, fallarán en sus objetivos económicos y arriesgarán el planeta y los derechos fundamentales de las personas.

“Los procesos tecnocráticos han excluido a las mujeres de la toma de decisiones, las desigualdades económicas y sociales se han agravado, los pueblos indígenas han visto amenazadas sus tierras y su medio de vida debido a algunos sistemas de reducción de emisiones, algunas tierras que no producían mucho alimento han sido utilizadas para la producción de biocombustibles, y los proyectos masivos de infraestructura han resultado en el desalojo forzoso y la reubicación de comunidades enteras”, recalcó Pillay en una carta enviada a todos los Estados miembros de la ONU.