Las organizaciones locales de productores en todo el país demandaron su participación directa en los programas de seguridad alimentaria a través de empresas mixtas que, con apoyo estatal, deben garantizar el acopio y distribución de su producción.
La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones matrices de productores campesinos, indígenas y originarios como el Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (CONAMAQ), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Santa Cruz, el Movimiento de los Sin Tierra, la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) y la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, que participaron en el taller sobre “Participación de organizaciones sociales en la elaboración de políticas a favor de la soberanía alimentaria”.
En dicho encuentro, que se desarrolló el pasado 9 de marzo en la ciudad de La Paz con el auspicio dela Alianza por el Consumo Responsable y Solidario y el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), las organizaciones comprometieron su participación en el proceso de formulación y construcción de normas que promuevan la soberanía alimentaria
El taller forma parte de un camino iniciado hace más de dos años con la participación de organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas, de gastrónomos y consumidores, para avanzar en la revalorización de la producción nacional indígena, campesina, comunal, local y asociativa y la promoción de un nuevo modelo de consumo.
Las organizaciones apuestan por una agricultura local, sostenible, en manos de quienes trabajan la tierra y son capaces de alimentar al país y al mundo y reclaman el derecho a la alimentación y a un consumo solidario con quienes producen los alimentos y con la naturaleza que los provee.
El taller se centró en el análisis del potencial de la economía comunitaria en el marco de la economía plural que reconoce la Constitución Política del Estado, como condición esencial de la propuesta del “vivir bien” y de la seguridad y soberanía alimentaria del país.
Asimismo, se analizó el rol de las empresas estatales en la política de soberanía alimentaria, concluyendo que las iniciativas emprendidas por el gobierno como EMAPA, LACTEOSBOL, AZUCARBOL y la Empresa Boliviana de Almendra enfrentan serios problemas de eficiencia y no se han constituido en verdaderos impulsores de la capacidad productiva de los pequeños productores.
Según los productores locales, las empresas estatales tienen un enfoque nacional y centralista, orientadas hacia las grandes urbes y lejos de las dinámicas locales de producción y abastecimiento, por lo que plantean la necesidad de impulsar otro tipo de empresas que atiendan programas locales de soberanía alimentaria.
El análisis de la participación de la producción campesina en las compras estatales permitió establecer que el único mercado abierto para los pequeños productores es el desayuno escolar, y que aún se enfrentan serios obstáculos administrativos para ampliar esos mercados.
Frente a ese panorama, las organizaciones campesinas indígenas originarias y de productores locales, resolvieron formular iniciativas orientadas a asegurar la participación de los pequeños productores en los programas de seguridad alimentaria locales, mediante la constitución de empresas mixtas a nivel “público-comunitario”.
Una de las iniciativas que está sometida a debate de sus bases es la formulación de la Ley de Distribución Soberana y Empresas Comunitarias para garantizar el apoyo estatal para el acopio y distribución de su producción para ejercer su derecho constitucional de alcanzar el mercado de las compras estatales.
