La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos fue establecida en Bolivia en febrero de 2007 con la misión de promover los derechos humanos; monitorear y elaborar informes de la situación nacional, y brindar asistencia técnica a las instituciones públicas y sociedad civil del país.

En su informe anual de actividades en 2011, el Comisionado destaca los avances de las reformas proyectadas por la Constitución Política del Estado de 2009, y los “significativos” logros en la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación. Elogia sobre todo los resultados de las políticas estatales en materia de derechos económicos y sociales, como el derecho a la salud de las mujeres, el derecho a la educación y la reducción de los índices de pobreza e indigencia. (Ver documento adjunto)

Sin embargo, el Comisionado expresa su preocupación por el agravamiento de la crisis de la administración de justicia; por el estancamiento en la aplicación del derecho a la consulta de los pueblos indígenas; y por la continua vulneración de los derechos humanos.

“Durante el periodo se incrementaron reclamos alegando violaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas… (Pese a que) este derecho ha sido reconocido en la Constitución y en la ley que incorporó en el marco normativo nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Estado no cuenta aún con un marco legal especifico (salvo en materia de hidrocarburos) o con mecanismos institucionalizados que garanticen la observancia del derecho a la consulta”, subraya el Informe.

Según la ONU, varios proyectos han sido aprobados e implementados por el Estado sin la consulta previa. El año pasado, la oficina de la ONU recibió denuncias por falta de consulta o de consentimiento libre, previo e informado sobre exploración y explotación de recursos naturales en La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz, al igual que sobre el proceso de elaboración de nuevas normas.

“La realización de los derechos de los pueblos indígenas evidenció estancamiento, en particular respecto al derecho a la consulta sobre proyectos y medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles”. Además, “siguieron sin implementarse medidas efectivas para la protección de los pueblos indígenas altamente vulnerables”, agrega el informe.

El Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina aún no ha presentado un proyecto de ley de protección a pueblos indígenas vulnerables; y hasta la fecha las actividades realizadas por instituciones estatales no lograron un impacto efectivo en la disminución del grado de vulnerabilidad de estos pueblos, observa el Comisionado.

El representante internacional “está preocupado por el serio deterioro de las condiciones de algunos de estos pueblos, debido a la falta de medidas pertinentes para garantizar el derecho a la salud, a la educación y los derechos colectivos a sus territorios, entre otros”. Es el caso del pueblo yuqui, cuyos miembros continúan afectados por la tuberculosis.

El Comisionado advierte que en la gestión pasada se registraron diversas manifestaciones populares en las principales ciudades del país, algunas de las cuales fueron reprimidas con el uso excesivo de la fuerza policial. Fue el caso de la movilización de maestros rurales golpeados en La Apacheta de La Paz y de la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, intervenida en la localidad de Yucumo, Beni.

Crisis judicial

En su informe anual, el Alto Comisionado recomienda al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo Electoral y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “analizar detenidamente el reciente proceso de elección a los altos cargos judiciales a fin de revisar el procedimiento de preselección de los postulantes y el proceso de información para los votantes sobre las candidaturas”.

Sugiere a las nuevas autoridades judiciales elegidas que contribuyan a la “consolidación de la independencia judicial” y coadyuven a la implementación de las “reformas urgentes y necesarias para superar la crisis estructural del sistema de administración de justicia”.

El Alto Comisionado insta al gobierno de Evo Morales a “garantizar el respeto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, mediante normas y procedimientos apropiados; y adoptar una legislación correspondiente”.

Además, exige realizar una investigación imparcial de las violaciones cometidas durante la “operación policial de represión de los marchistas por el TIPNIS, respetando los derechos al debido proceso de los eventuales acusados”, y tomando en cuenta la investigación del Defensor del Pueblo que identifica a varios altos jefes policiales y funcionarios del gobierno, incluido el ex Ministro de Gobierno Sacha Llorenti, que participaron en la planificación y ejecución del operativo.

Finalmente, el Comisionado alienta a la ALP a reformar la Ley 0174 de Deslinde Jurisdiccional, adecuándola a la Constitución y sobre la base del Anteproyecto de Ley consensuado con organizaciones indígenas, y reitera su anterior recomendación de eliminar el delito de desacato de la legislación penal.